También se aprobó una ley que endurece las normas sobre las ONG y se produjeron renuncias forzadas de empleados estatales que supuestamente apoyan opiniones a favor de la oposición.
Al menos 23 manifestantes han muerto en manifestaciones antigubernamentales desde las elecciones, y unos 2,400 han sido arrestados, según las Naciones Unidas. Maduro dice que los manifestantes son extremistas y fascistas.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen la proclamación de Maduro para lo que sería su tercer mandato consecutivo.
El canciller Yván Gil, presente en la sede del TSJ en Caracas junto al cuerpo diplomático acreditado, pidió "respeto y no injerencia en asuntos internos”.
Una misión independiente de la ONU para evaluar la situación de derechos humanos en Venezuela cuestionó la "falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado", según un mensaje divulgado en X por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Machado agradeció "esta firme e inequívoca posición". "No existe maniobra que pueda otorgarle un ápice de legitimidad a Nicolás Maduro", agregó la dirigente.
"No es más que un burdo intento de encubrir judicialmente el fraude", reaccionó por su parte en X Juanita Goebertus, directora regional de Human Rights Watch.
La comunidad internacional ha ofrecido una serie de sugerencias sobre cómo se podría superar la crisis electoral, incluida una nueva votación, pero la mayoría ha sido rechazada de plano tanto por el gobierno de Maduro como por la oposición liderada por Machado.
Con información de AFP y Reuters
