El Tribunal, a través de su sala de casación penal, avaló la solicitud realizada el pasado 18 de septiembre por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab. Además de Milei, también se emitieron órdenes de aprehensión contra Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, y Karina Milei, actual secretaria general de la presidencia.
Las acusaciones incluyen cargos de "robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil, uso ilícito de aeronaves y asociación ilícita".
La aeronave, que contaba con una tripulación de 14 venezolanos y cinco iraníes, estuvo retenida en Argentina hasta octubre de 2022, cuando se permitió la salida de los tripulantes. Sin embargo, en febrero de 2023, Estados Unidos concretó el decomiso del avión bajo una orden emitida por un juez estadounidense.
Este conflicto diplomático entre Venezuela y Argentina se agudizó tras la llegada de Javier Milei al poder, representante de la ultraderecha, y se agravó aún más luego de que el gobierno argentino no reconociera la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en julio de 2023, en línea con las denuncias de fraude realizadas por la oposición venezolana.
Ambos países, ya en medio de relaciones tensas, decidieron retirar a su personal diplomático en los meses posteriores, marcando un fuerte distanciamiento entre ambas naciones.
La medida del TSJ venezolano se interpreta como una respuesta simbólica, coincidiendo con la petición de una ONG y fiscales federales en Argentina para emitir una orden de arresto contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de crímenes de lesa humanidad.