La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmó que este tema será incluido en la agenda oficial del encuentro en Fiuggi, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de noviembre.
"La presidencia italiana del G7 tiene la intención de incluir esta cuestión en el orden del día de la próxima reunión ministerial", declaró Meloni en un comunicado, destacando que se examinarán las razones detrás de las decisiones de la CPI, mismas que, dijo, "deben ser siempre objetivas y no de naturaleza política".
Las órdenes de la CPI, emitidas el jueves, apuntan al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant, y el jefe del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif, señalados por su implicación en la escalada del conflicto en Gaza.
Reacciones divididas en el gobierno italiano
La declaración de Meloni ocurre en un contexto de desacuerdos dentro de su propio gobierno. Mientras que el ministro de Defensa, Guido Crosetto, aseguró que Italia estaría "obligada a arrestar" a Netanyahu y Gallant si ingresaran al territorio italiano, el viceprimer ministro Matteo Salvini afirmó que "Netanyahu sería bienvenido" en Italia.
Estas posturas evidencian una fractura en el gobierno de coalición liderado por Meloni, donde el apoyo histórico de la Liga (el partido de Salvini) hacia Israel contrasta con el compromiso de Italia como miembro de la CPI de cumplir con las órdenes judiciales del tribunal.
Un tema que trasciende fronteras
La inclusión de las órdenes de la CPI en la agenda del G7 subraya la relevancia internacional del conflicto en Gaza y los cuestionamientos a la Corte Penal Internacional. Si bien la CPI busca actuar como un organismo imparcial en la promoción de la justicia global, sus decisiones han sido frecuentemente objeto de controversia, acusándosele de actuar bajo presiones políticas en conflictos sensibles.
En este caso, la decisión de procesar a líderes israelíes y de Hamás ha generado una serie de reacciones polarizadas a nivel internacional. Países como Estados Unidos han mostrado históricamente reservas hacia las acciones de la CPI, mientras que actores europeos suelen respaldar sus decisiones, aunque no sin tensiones.
