Nicaragua aprueba reforma constitucional que refuerza poder presidencial

El paquete de reformas fue presentado el martes con "carácter de urgencia" por el presidente Ortega al Congreso, y fue rápidamente aprobado en el Parlamento sin espacio para debate.

Esta rapidez en la tramitación de la reforma ha sido vista como una estrategia para evitar la participación de la oposición y para asegurarse de que la reforma sea aprobada antes del fin de la actual legislatura, que concluye en diciembre.

Según la Constitución de Nicaragua, las reformas deben ser aprobadas en dos periodos legislativos antes de entrar en vigor, lo que significa que la reforma sería ratificada definitivamente en enero de 2025, cuando la próxima legislatura inicie.

La reforma, que ha sido condenada por la oposición, se percibe como un paso hacia el "poder absoluto" de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Críticos tanto dentro como fuera de Nicaragua han señalado que estas reformas refuerzan el control total sobre el Estado, socavando aún más las instituciones democráticas del país.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado su preocupación, acusando al gobierno de Ortega de intentar aumentar su control sobre todos los aspectos del Estado y de perpetuarse en el poder.

Entre las reformas más relevantes se encuentra la creación formal de las figuras de "copresidente" y "copresidenta", lo que legaliza y amplifica el poder compartido entre Ortega y Murillo. Ortega, de 79 años, ha afirmado en varias ocasiones que su esposa tiene el mismo poder que él al frente del Ejecutivo, y la reforma constitucional refuerza esta idea, lo que implica que las decisiones del gobierno se tomarán de forma conjunta entre ambos.

Además, se establece que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los medios de comunicación no sean sometidos a "intereses extranjeros" ni divulguen "noticias falsas". Esta medida se suma a la ya existente "Ley de Ciberdelitos", que castiga la difusión de información considerada falsa con penas de hasta diez años de prisión, lo que refuerza la censura y el control estatal sobre la información.

La reforma también otorga al Ejecutivo la capacidad de intervenir al Ejército en apoyo a la Policía Nacional en situaciones de "inestabilidad". Esto aumenta la militarización de la política nicaragüense, lo que podría resultar en un mayor uso de la fuerza para sofocar cualquier forma de oposición.

También, se autoriza a la policía y los militares a ocupar temporalmente cargos en el Ejecutivo, lo que estrecha aún más los lazos entre el poder político y las fuerzas armadas.

La reforma también reconoce y formaliza la Policía Voluntaria, una fuerza paramilitar creada tras las protestas sociales de 2018, que fueron violentamente reprimidas por el gobierno y dejaron más de 300 muertos. La Policía Voluntaria está compuesta en su mayoría por exmilitares que participaron en la revolución sandinista, lo que asegura que las fuerzas leales al régimen estén bien posicionadas para reprimir cualquier intento de protesta.

A nivel internacional, la reforma ha sido condenada por diversas organizaciones de derechos humanos, incluyendo las Naciones Unidas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su preocupación, señalando que estos cambios representan una grave erosión de los controles democráticos y advierte que, si se implementan, serán "la sentencia de muerte para las libertades fundamentales y el estado de derecho en Nicaragua".

Las reformas no solo incrementan el poder del Ejecutivo, sino que también limitan gravemente las libertades de expresión, la libertad de prensa y la capacidad de los ciudadanos de ejercer un control sobre su gobierno.