El fiscal especial Jack Smith pidió este lunes que se desestime el caso contra el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump por supuesta conspiración para alterar los resultados de las elecciones de 2020.
Ante el juez de distrito que preside el caso, Smith afirmó que debería desestimarse a la luz de una política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
Minutos después anuncio que también pidió desestimar el caso contra Trump por el mal manejo de documentos clasificados.
La medida representa un cambio notable respecto al fiscal especial que obtuvo acusaciones contra Trump en dos casos distintos en los que se le acusaba de delitos que amenazaban la integridad de las elecciones estadounidenses y la seguridad nacional.
Muestra cómo la victoria electoral de Trump sobre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris no fue solo un triunfo político, sino también legal.
El equipo de Donald Trump considera que esta decisión es una "gran victoria".
"La decisión de hoy del Departamento de Justicia pone fin a los casos federales inconstitucionales contra el presidente Trump, y es una gran victoria para el Estado de derecho", dijo su director de comunicaciones, Steven Cheung, en un comunicado.
Se esperaba que Trump, que como presidente volverá a supervisar el Departamento de Justicia, ordenara el fin del caso federal de las elecciones de 2020 y un intento de Smith de revivir un segundo caso que lo acusa de retener ilegalmente documentos clasificados después de dejar el cargo en 2021.
La posición del gobierno sobre "la acusación contra el demandado no ha cambiado", recalcó Smith en la presentación ante la jueza. "Pero las circunstancias, sí", indicó Smith.
"Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones", explicó el fiscal.
"Como resultado, esta acusación debe ser desestimada antes de que el acusado sea investido", aclaró.
La política del Departamento de Justicia, que se remonta a la década de 1970, sostiene que un proceso penal contra un presidente en ejercicio violaría la Constitución de Estados Unidos al socavar la capacidad de funcionamiento del jefe del Ejecutivo del país.
La jueza federal Tanya Chutkan aún tendrá que aprobar la petición de los fiscales.
Los abogados de Trump habían dicho previamente que tratarían de desestimar los cargos basándose en un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de julio que establece que los expresidentes tienen amplia inmunidad judicial sobre las acciones oficiales tomadas mientras estaban en la Casa Blanca.
Smith intentó salvar el caso tras la sentencia de la Corte Suprema, retirando algunas acusaciones pero argumentando que el resto no estaban cubiertas por la inmunidad presidencial y podían seguir adelante con el juicio.
Chutkan tenía que decidir si la decisión sobre la inmunidad obligaba a desestimar otras partes del caso. No se ha fijado fecha para el juicio.
El caso se inició a raíz de una investigación dirigida por Smith sobre los intentos de Trump de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2020, que culminó con el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio por parte de una turba de sus partidarios tras un encendido discurso del republicano cerca de la Casa Blanca.
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