El Supremo del Reino Unido debate cómo "definir" legalmente a una mujer

La Ley de 2018 establece que al menos el 50% de los integrantes de las juntas públicas deben ser mujeres, y en su interpretación actual, incluye a mujeres trans con un Certificado de Reconocimiento de Género (GRC, por sus siglas en inglés).

For Women Scotland argumenta que esta inclusión diluye los derechos de las mujeres cisgénero, ya que consideran que el concepto de “mujer” debe basarse en el sexo biológico. El caso, que ahora llega al más alto tribunal del país, busca aclarar el alcance de estas definiciones y resolver tensiones entre las distintas legislaciones.

La Ley de Igualdad de 2010 es el marco legal más amplio en el Reino Unido para combatir la discriminación y protege características como el sexo, el género y la identidad de género. En 2022, la jueza Lady Haldane del Tribunal de Sesión de Edimburgo falló que, en su contexto, el término “sexo” no se limita al sexo biológico asignado al nacer, sino que también incluye a quienes han obtenido un GRC, lo que permite a las mujeres trans ser reconocidas legalmente como mujeres en este marco.

Por su parte, la Ley de Reconocimiento de Género de 2004 permite a las personas trans obtener un GRC, modificando su sexo en documentos oficiales, pero su obtención requiere cumplir con estrictos procedimientos médicos y legales.

El debate sobre la definición de sexo

El conflicto central radica en cómo estas legislaciones interactúan. For Women Scotland sostiene que el gobierno escocés ha extendido indebidamente el significado de “mujer” para incluir a personas con GRC, lo que consideran una amenaza a los derechos adquiridos por las mujeres cisgénero en espacios segregados por género, como refugios, vestuarios y servicios especializados.

El abogado de la organización, Aidan O’Neill KC, argumentó ante el tribunal que interpretar “sexo” en términos legales en lugar de biológicos equivale a negar la realidad biológica y subordina los derechos de las mujeres cisgénero a las demandas de las personas trans. Según O’Neill, esta postura “capitula ante el patriarcado en lugar de confrontarlo”.

El abogado de la organización, Aidan O'Neill KC, argumentó que el concepto de “sexo” en la Ley de Igualdad debe entenderse según su significado común y cotidiano. “En la Ley de Igualdad, sexo simplemente significa sexo, tal como las personas lo entienden en el lenguaje cotidiano”, declaró O'Neill. Además, criticó la posición de los ministros escoceses de que la ley creó una nueva categoría legal de “sexo certificado” derivada del GRC, calificándola como un error legal.

O'Neill también destacó una tensión clave en el debate sobre los derechos de las mujeres. “Históricamente, las mujeres han sido discriminadas debido al determinismo biológico, pero ahora enfrentan lo que podría llamarse un ‘negacionismo biológico’, que plantea que ser mujer no tiene nada que ver con la biología”

El gobierno escocés, por su parte, defiende que incluir a mujeres trans con GRC no vulnera los derechos de las mujeres cisgénero, sino que refuerza la igualdad. Su posición se basa en que la Ley de Igualdad de 2010 ya reconoce a las personas con GRC dentro de la categoría legal de “mujeres”, y extender esa interpretación a la Ley de 2018 simplemente refuerza los derechos trans sin menoscabar los de otros grupos.

Impacto potencial del fallo

Este caso no tendrá efectos inmediatos sobre la legislación en todo el Reino Unido, pero podría sentar un precedente importante. Si el tribunal dictamina que la Ley de Igualdad debe interpretarse exclusivamente en términos biológicos, esto podría restringir el acceso de personas trans a espacios segregados por género, dificultando su inclusión.

En cambio, si el fallo respalda la posición del gobierno escocés, reforzará el reconocimiento legal de las personas trans y podría influir en futuros debates legislativos en temas de género y derechos humanos.

La audiencia, que se extenderá por dos días, ha captado la atención de activistas y figuras públicas de ambos lados del debate. Entre ellos se encuentra la escritora J.K. Rowling, autora de Harry Potter, —conocida también por sus posturas en contra de políticas relacionadas con los derechos de las personas trans—, quien donó 70,000 libras esterlinas para apoyar la apelación de For Women Scotland que ya suma 200,000 libras.

Además, entre los asistentes al tribunal se encontraban Maya Forstater, fundadora de Sex Matters y ganadora de un caso emblemático sobre discriminación basada en creencias de género, y Joanna Cherry, exparlamentaria del SNP y crítica del intento fallido del gobierno escocés de reformar el proceso de reconocimiento de género.

El fallo del Supremo, que podría tardar meses, no solo definirá el alcance de estas leyes en Escocia, sino que reflejará la creciente polarización en torno a los derechos de las mujeres cisgénero y trans en el Reino Unido. Aunque el caso parte de una legislación escocesa menor, sus implicaciones podrían reconfigurar el debate sobre igualdad de género en el país, subrayando la necesidad de equilibrar biología, identidad legal y derechos humanos en un entorno social y político cada vez más dividido.