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Yoon rechaza citaciones tras destitución por intento de imponer ley marcial

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol, destituido por insurrección, niega declarar ante fiscales. La Corte Constitucional decidirá su futuro político en seis meses.
lun 16 diciembre 2024 03:23 PM
El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol pronuncia un discurso a la nación en la Oficina Presidencial en Seúl, Corea del Sur, el 12 de diciembre de 2024.
Yoon, de 63 años, fue suspendido el sábado por el Parlamento surcoreano por su intento de declarar ley marcial el 3 de diciembre, una medida bloqueada horas después por la Asamblea Nacional.

El destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol rechazó este lunes las citaciones judiciales para declarar en la causa en su contra por su fallido intento de imponer una ley marcial , que le valió la suspensión del cargo.

Yoon, destituido de su cargo por el Parlamento el sábado, enfrenta dos investigaciones judiciales por cargos de "insurrección", una de la fiscalía y otra de un equipo conjunto de la policía, el Ministerio de Defensa y fiscales anticorrupción.

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Yoon, de 63 años, fue suspendido el sábado por el Parlamento surcoreano por su intento de declarar ley marcial el 3 de diciembre, una medida bloqueada horas después por la Asamblea Nacional.

Ahora, la Corte Constitucional tiene seis meses para pronunciarse sobre si confirma o no la destitución de Yoon, y el alto tribunal inició este lunes el proceso y fijó para el 27 de diciembre una audiencia preliminar.

En caso de que se confirme la destitución, se celebrarán nuevas elecciones en un plazo de dos meses. Este proceso es seguido de cerca tanto dentro como fuera del país, ya que Corea del Sur enfrenta un periodo de inestabilidad política que podría tener repercusiones regionales, especialmente en su relación con Corea del Norte y sus aliados internacionales.

La decisión de Yoon, que envió al ejército al Parlamento para impedir que los diputados pudieran reunirse, abrió una aguda crisis política y provocó manifestaciones multitudinarias en Corea del Sur, una democracia reciente con un traumático pasado de dictaduras. Estas movilizaciones también reflejan una creciente división en la opinión pública respecto a la gestión del presidente destituido y la actuación del gobierno interino.

Yoon — que tiene prohibido salir del país — y sus allegados se enfrentan a cadena perpetua o incluso a pena de muerte si son declarados culpables por la justicia. Estas severas penas son posibles debido a la naturaleza de los cargos, considerados entre los más graves en el código penal surcoreano.

Los fiscales enviaron este lunes una segunda citación a Yoon para interrogarlo en el proceso por "insurrección" y abuso de poder, después de que el político conservador no compareciera a una primera citación. La unidad conjunta de investigación también pidió que el destituido presidente comparezca el miércoles, pero su oficina rechazó la citación, informó la agencia de noticias Yonhap.

Los investigadores pueden solicitar una orden de detención en caso de que siga negándose a comparecer. Este desarrollo podría intensificar la crisis, con posibles repercusiones en la gobernabilidad del país y la percepción internacional sobre la estabilidad política surcoreana.

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Dimisión del líder del Partido

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El líder del Partido del Poder Popular, Han Dong-hoon, habla durante una rueda de prensa en la que anuncia su dimisión en la Asamblea Nacional de Seúl el 16 de diciembre de 2024. Han, jefe del partido gobernante de Corea del Sur, anunció el 16 de diciembre su dimisión tras la destitución del presidente surcoreano Yoon Suk Yeol durante el fin de semana.

Los fiscales enviaron este lunes una segunda citación a Yoon para interrogarlo en el proceso por "insurrección" y abuso de poder, después de que el político conservador no compareciera a una primera citación. La unidad conjunta de investigación también pidió que el destituido presidente comparezca el miércoles, pero su oficina rechazó la citación, informó la agencia de noticias Yonhap.

Los investigadores pueden solicitar una orden de detención en caso de que siga negándose a comparecer. Este desarrollo podría intensificar la crisis, con posibles repercusiones en la gobernabilidad del país y la percepción internacional sobre la estabilidad política surcoreana.

El líder dee la oposición, Lee Jae-myung, urgó al tribunal constitucional a "tramitar rápidamente el procedimiento de destitución". Lee, que encabeza el Partido Democrático, afirmó que esta es "la única forma de minimizar la agitación nacional y aliviar el sufrimiento de la población".

Tras la destitución de Yoon, el primer ministro Han Duck-soo asumió como presidente interino y prometió ejercer "una gobernanza estable". Sin embargo, analistas políticos advierten que el mandato interino estará marcado por una profunda polarización y retos significativos en la gestión de las tensiones internas.

En tanto, el líder del gobernante Partido del Poder del Pueblo (PPP), Han Dong-hoon, anunció su renuncia al cargo y se disculpó con la población por "el incidente de la ley marcial de emergencia". Este movimiento político podría ser interpretado como un intento de distanciar al partido de las acciones de Yoon y preservar su legitimidad ante los votantes.

La resiliencia de la democracia

La policía detuvo este domingo al actual jefe del Mando de Inteligencia de Defensa y a su predecesor en el cargo, en relación con la investigación por "insurrección", informó la agencia de noticias Yonhap. Los fiscales también solicitaron una orden de detención contra el jefe del Mando Especial de Guerra del Ejército, Kwak Jong-keun, reportó Yonhap.

Kwak está acusado de enviar tropas de las fuerzas especiales al Parlamento durante el intento de instaurar la ley marcial, lo que desencadenó un enfrentamiento entre los soldados y el personal del legislativo. Este evento, que algunos analistas describen como "sin precedentes" en la historia democrática de Corea del Sur, sigue siendo un tema central en el debate público.

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El parlamento surcoreano votó el sábado la destitución de Yoon con el aval de 204 de los 300 diputados de la Asamblea Nacional, gracias a parlamentarios oficialistas que votaron con la oposición. Este nivel de consenso refleja la gravedad de las acusaciones y el descontento generalizado incluso dentro del partido de Yoon.

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Manifestantes agitan palos luminosos con pancartas en las que se lee «¡Arresten al insurrecto Yoon Suk Yeol!» durante una concentración para pedir la destitución del presidente surcoreano en el centro de Seúl el 16 de diciembre de 2024. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur inició el 16 de diciembre el proceso de destitución del presidente Yoon Suk Yeol, suspendido de su cargo por su intento fallido de imponer la ley marcial.

Al menos 200,000 manifestantes, según la policía, se congregaron ante el Parlamento, pese a las temperaturas bajo cero, a la espera del resultado, y estallaron de júbilo al conocerlo, según constataron periodistas de la AFP en el lugar. Estas protestas también se han extendido a otras ciudades del país, con demandas de justicia y reformas que garanticen que incidentes similares no vuelvan a ocurrir.

Yoon afirmó el sábado en un discurso televisado que dará "un paso al costado" y llamó a poner fin a la "política de los excesos y la confrontación". Sin embargo, sus críticos argumentan que sus acciones recientes contradicen ese mensaje y continúan alimentando las divisiones políticas.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo el domingo que la destitución demuestra la "resiliencia democrática" de Corea del Sur. Poco después, el presidente Joe Biden llamó al presidente interino Han para expresar que la alianza entre los dos países "seguirá siendo el eje de la paz y la prosperidad en la región".

Por su parte, la agencia estatal norcoreana KCNA se refirió el lunes a Yoon como "el cabecilla de una rebelión" y dijo que su suerte está en manos de "la Corte Constitucional títere" del principal aliado de Corea del Sur, Estados Unidos.

Yoon inicialmente defendió la ley marcial como una forma de proteger al país de las "amenazas" del régimen comunista de Corea del Norte, en el marco de una pugna con la oposición por el presupuesto. Este argumento, sin embargo, ha sido ampliamente rechazado tanto por expertos legales como por líderes de opinión, quienes lo ven como un pretexto para consolidar el poder.

Con información de AFP.

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