"Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen", reza.
El fallo del juez Coughenour es el primero en abordar la orden que ha desatado críticas en el país. El decreto ya es objeto de cinco demandas de grupos de derechos civiles y fiscales generales demócratas de 22 estados, que la califican de violación flagrante de la Constitución de Estados Unidos.
"La ciudadanía por derecho de nacimiento deja claro que la ciudadanía no puede estar condicionada por la raza, la etnia o el lugar de procedencia de sus padres", reaccionó en un comunicado el fiscal general de Washington, Nick Brown.
"Ningún presidente puede cambiar la constitución en un impulso y la decisión de hoy afirma esto", dijo por su parte la fiscal general de Arizona, Kris Mayes.
De acuerdo con la orden de Trump, los niños nacidos después del 19 de febrero cuyas madres o padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales serían deportados y no podrían obtener números de la Seguridad Social, varias prestaciones del Gobierno ni tendrían la posibilidad de trabajar cuando crezcan.
De aplicarse, la orden impediría la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a estos niños.
A más de 150,000 niños recién nacidos se les negaría la ciudadanía anualmente si se permite que la orden de Trump se mantenga, según los estados liderados por los demócratas.
El mandatario de 78 años reconoció el lunes mientras firmaba la orden que su acción enfrentaría desafíos legales.
"Ya veremos (...). Creo que tenemos muy buenos fundamentos", comentó cuando fue cuestionado por periodistas al respecto.
Trump también afirmó erróneamente que Estados Unidos es el único país del mundo que reconoce el derecho de suelo. Decenas de países conceden ciudadanía automática a los niños que nacen en su territorio, incluyendo sus vecinos Canadá y México.
