La detención de Ekrem Imamoglu, principal rival del presidente turco Recip Tayyip Erdogan, desata protestas en todo Turquía. Con más de 1,100 detenidos, la crisis política pone en riesgo el futuro democrático del país a puertas de las elecciones de 2028.
Turquía enfrenta una crisis política tras la detención de un alcalde opositor

A pesar de su detención, Imamoglu aún es el principal candidato opositor para las elecciones presidenciales de 2028. En las primarias del Partido Republicano del Pueblo (CHP) realizadas el domingo, fue confirmado como su candidato, en una jornada en la que participaron 15 millones de personas, de acuerdo con la municipalidad de Estambul.
"Ekrem Imamoglu va camino de la cárcel, pero también de la presidencia", afirmó Özgur Özel, líder del CHP, reforzando el desafío a Erdogan.
¿Quién es Ekrem Imamoglu?
Ekrem Imamoglu, de 53 años, es un político en ascenso dentro del Partido Republicano del Pueblo (CHP), la principal fuerza opositora a Erdogan. En 2019, Imamoglu ganó la alcaldía de Estambul en unas elecciones que debieron repetirse tras presiones del gobierno, logrando un triunfo aún más contundente en la repetición. Su victoria fue un golpe para el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que había controlado la ciudad durante más de 20 años.
Imamoglu es visto como la mayor amenaza para Erdogan y su partido, especialmente tras su reelección como alcalde en 2024. Su popularidad dentro de la oposición lo había posicionado como el único candidato para representar al CHP en las elecciones presidenciales de 2028, con su nominación programada para ser oficializada en primarias abiertas el 24 de marzo.
El 19 de marzo, la fiscalía de Estambul anunció su detención bajo cargos de "corrupción" y "extorsión". De acuerdo con la agencia de noticias Anadolu, también se le acusa de “ayuda al PKK”, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización catalogada como terrorista por Turquía.
Imamoglu fue arrestado junto con decenas de colaboradores y diputados del CHP, en lo que la oposición denuncia como una maniobra para desestabilizar al partido y evitar su candidatura.
A esto se sumó otra medida polémica: el 18 de marzo, la Universidad de Estambul anuló el reconocimiento de su título universitario, lo que técnicamente le impediría postularse a la presidencia. La Constitución turca indica que un candidato a jefe de Estado debe contar con un título universitario válido.
Imamoglu calificó la decisión de "ilegal" y anunció que la impugnaría en los tribunales. "Vamos a luchar en los tribunales, pero la presión es tan grande que ya no creo que se logre una decisión justa", dijo.
El CHP denunció la medida como un intento del gobierno para eliminar a su principal rival. "Esta decisión es una mancha", aseguró Özgur Özel, mientras los abogados de Imamoglu preparan una apelación.
El presidente Erdogan recibió acusaciones en el pasado de falsificar su propio título universitario, algo que él niega.
El sistema político de Turquía y el control de Erdogan
En 2018, Turquía adoptó un sistema presidencialista tras una reforma constitucional impulsada por Erdogan, que eliminó la figura del primer ministro y otorgó poderes extraordinarios al presidente.
Esta reforma consolidó aún más el control de Erdogan sobre las instituciones del Estado, como el poder judicial, la policía y los medios de comunicación, lo que le permitió centralizar el poder y limitar la influencia de la oposición.
Las elecciones presidenciales en Turquía se celebran cada cinco años. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos en la primera vuelta, se realiza una segunda vuelta entre los dos más votados.
Erdogan se reeligió varias veces, primero como primer ministro (2003-2014) y luego como presidente (desde 2014). Sin embargo, en los últimos años creció el descontento social debido a la crisis económica, la inflación desbordada y la percepción de un gobierno cada vez más autoritario.
El arresto de Imamoglu y las maniobras para invalidar su candidatura se interpretan por muchos como parte de una estrategia de Erdogan para asegurarse de que su control se mantenga hasta 2028, y para evitar una oposición sólida en las próximas elecciones presidenciales.
La indignación crece en Turquía
La detención del alcalde de Ekrem Imamoglu, desató una ola de protestas sin precedentes en Turquía desde el movimiento del parque Gezi en 2013. Lo que comenzó como una respuesta a su arresto el pasado 19 de marzo se convirtió en una movilización nacional contra el gobierno de Erdogan, como una evidencia del profundo malestar social y político en el país.
Desde la noche del miércoles, miles de personas salen a las calles de Estambul y otras ciudades como Ankara, Esmirna, Bursa y Diyarbakir, en un desafío directo al gobierno. La policía responde con un fuerte despliegue de seguridad y detuvo al menos a 340 manifestantes en nueve ciudades, de acuerdo con el Ministerio del Interior.
"Hay mucho enfado. La gente baja espontáneamente a la calle. Algunos jóvenes se politizan por primera vez en sus vidas", señaló Yuksel Taskin, diputado del CHP, la principal formación opositora de la que forma parte Imamoglu.
Las movilizaciones, lideradas en gran parte por jóvenes, han trascendido la figura del alcalde de Estambul para convertirse en una expresión de hartazgo generalizado. La crisis económica, el aumento del autoritarismo y la creciente represión de la oposición han alimentado el sentimiento de descontento, especialmente entre las nuevas generaciones.
Las pancartas que ondean en las protestas reflejan el estado de ánimo del país. "Somos los hijos de los merodeadores que crecieron", se lee en varias de ellas, en referencia al término despectivo con el que Erdogan describió a los manifestantes de 2013.
"Esto no concierne únicamente al CHP, sino a todo el mundo. La pregunta es saber si Turquía vivirá bajo un régimen autoritario o si será un país democrático", advirtió Ilhan Uzgel, vicepresidente de este partido opositor.
Para subrayar el carácter no partidista de la movilización, el CHP organizó el domingo unas primarias simbólicas en las que Imamoglu, el único candidato, fue ratificado como aspirante a la presidencia en 2028. Lo llamativo de esta votación fue su alcance: según cifras de la municipalidad de Estambul, 15 millones de personas participaron, de las cuales más de 13 millones no eran militantes del partido.
"Vinimos a apoyar a nuestro alcalde. Seguimos con él", dijo Kadriye Sevim, una de las votantes.
Pese a las crecientes restricciones y la presión gubernamental, las protestas continúan. En respuesta, la gobernación de Estambul extendió la prohibición de reuniones públicas hasta el miércoles y anunció restricciones para ingresar a la ciudad, sin precisar cómo se implementarán.
Turquía bloquea cuentas en X y arresta periodistas
En un intento por controlar la narrativa de la crisis, el gobierno turco intensificó la censura en redes sociales. La plataforma X (antes Twitter) denunció este domingo que las autoridades han ordenado el bloqueo de más de 700 cuentas, incluidas las de periodistas, activistas y medios de comunicación.
"Nos oponemos a las múltiples órdenes judiciales de la Autoridad Turca de Tecnologías de la Información y la Comunicación para bloquear más de 700 cuentas de organizaciones de noticias, periodistas, figuras políticas, estudiantes y otros dentro de Turquía", indicó la empresa en un comunicado.
Además, el lunes fueron arrestados diez periodistas, incluido un fotógrafo de la agencia AFP, en un nuevo golpe a la prensa. La Asociación de Medios y Libertad de Expresión de Turquía (MLSA) denunció que estas detenciones forman parte de una estrategia para silenciar la cobertura de las protestas y evitar que la crisis escale aún más.
La UE cuestiona el compromiso democrático de Turquía
La crisis política ha generado preocupación en Europa. La Unión Europea instó a Ankara a respetar los valores democráticos y criticó la detención de Imamoglu y de una decena de periodistas, incluido un fotógrafo de AFP.
"Queremos que Turquía permanezca ligada a Europa, pero esto requiere un compromiso claro con las normas y prácticas democráticas", advirtió Guillaume Mercier, portavoz de la Comisión Europea.
Como país aspirante a la UE, Turquía está obligada a garantizar los derechos de los funcionarios electos y la libertad de expresión. Sin embargo, la actual represión gubernamental plantea dudas sobre su compromiso con estos principios.
Erdogan, que lleva más de dos décadas en el poder, ha respondido con firmeza: "No cederemos ante el terror de la calle".