El Parlamento de Francia aprobó este martes una nueva ley que busca reforzar la contra el narcotráfico mediante un régimen más estricto de vigilancia, nuevas herramientas legales y una fiscalía especializada. La legislación, que retoma elementos del modelo antimafia italiano, fue adoptada por la Asamblea Nacional tras recibir el visto bueno del Senado el lunes.
El ministro del Interior, Bruno Retailleau, celebró la aprobación de la ley al asegurar que representa “un paso decisivo en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales”. Según declaró, permitirá que los agentes de seguridad puedan actuar “en igualdad de condiciones” frente a redes cada vez más estructuradas y violentas.
La medida surge en medio de una ola de violencia relacionada con el tráfico de drogas que ya dejó al menos 110 muertos y 341 heridos en 2024. Las autoridades contabilizaron además 367 asesinatos o intentos de asesinato vinculados a actividades delictivas en el mismo periodo.
La aprobación de esta ley también responde a una serie de ataques violentos contra centros penitenciarios ocurridos durante la noche del 15 de abril, en distintos puntos del país. De acuerdo con información de France 24, en Toulon —ciudad portuaria en el sur de Francia—, se registraron 15 impactos de bala en la puerta principal de una prisión, tras un ataque con un arma de asalto tipo Kaláshnikov, según detalló el sindicato FO Justicia.
“Se incendiaron vehículos, se prendió fuego a las puertas de la cárcel e incluso se apuntó con armas pesadas”, indicó el mismo sindicato. En la ciudad de Aix se quemaron dos vehículos y resultó dañada la puerta de la unidad local de vigilancia penitenciaria ERIS.
En Villepinte, al norte de París, tres automóviles fueron incendiados —dos de ellos pertenecientes a personal penitenciario—. Una fuente policial reveló que en el sitio se halló un bidón de combustible y las cámaras captaron a dos individuos provocando el incendio.
En muchos de los lugares atacados se encontraron pintas con las siglas “DDPF”, presuntamente correspondientes a “Derechos de los Presos Franceses”, lo que llevó a algunos medios a especular sobre un posible grupo militante.
Sin embargo, Wilfried Fonck, secretario nacional del sindicato Unión Federal Autónoma Penitenciaria (UFAP), aseguró a Reuters que no se tiene conocimiento de un movimiento con esas características dentro del sistema penitenciario.
Fonck también advirtió que las cárceles no cuentan con personal suficiente para vigilar los perímetros las 24 horas. “Estos actos criminales son un ataque en toda regla a nuestra institución, a la república y al personal que sirve a la república cada día”, denunció el sindicato FO Justicia.
Las autoridades atribuyen estos actos al entorno del narcotráfico e iniciaron investigaciones a cargo de la Fiscalía Nacional Antiterrorista, con el apoyo de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI). Bruno Retailleau anunció un “refuerzo inmediato” de la protección para el personal de prisiones y sus instalaciones.
“La respuesta del Estado debe ser implacable”, afirmó.
Una de las medidas centrales de la nueva legislación es la creación de una Fiscalía Nacional contra el Crimen Organizado (Pnaco), que empezará a operar en enero de 2026. Funcionará de manera similar a la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat), ya existente.
Además, se construirán prisiones de alta seguridad para los narcotraficantes más peligrosos. La primera de ellas abrirá a finales de julio en Vendin-le-Vieil, en el norte del país. En estos centros se aplicarán controles estrictos, incluyendo cacheos en caso de contacto físico no vigilado por un agente, acceso restringido a celulares y limitaciones en las visitas.
La ley contempla incentivos para que los narcotraficantes colaboren con la justicia: quienes se declaren “arrepentidos” podrán ver reducida su condena hasta en dos tercios. También se creará un estatuto de “infiltrado civil” para ciudadanos que deseen actuar como informantes remunerados.
Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de crear expedientes policiales separados, lo cual permitirá no compartir ciertos elementos de la investigación con los abogados defensores. Esta medida es duramente criticada por asociaciones de juristas y por la izquierda parlamentaria.
La legislación también autoriza el uso de inteligencia algorítmica y la activación remota de dispositivos electrónicos para realizar escuchas sin conocimiento de sus propietarios. Asimismo, otorga a los prefectos la facultad de cerrar administrativamente empresas sospechosas de lavado de dinero por un periodo de hasta seis meses, prorrogable.
El grupo parlamentario de La Francia Insumisa votó en contra de la ley y denunció que varias de sus disposiciones atentan contra las libertades civiles. Anunció que presentará un recurso ante el Consejo Constitucional francés para impugnar su legalidad.
Las preocupaciones se centran en el uso discrecional de herramientas de vigilancia y en las restricciones al derecho de defensa. Para los opositores, estas medidas podrían instaurar un “Estado policial” que vulnere las garantías fundamentales.
