Más allá del ICE; las agencias locales son clave en la detención de migrantes

Florida y Texas, gobernados por los republicanos Ron DeSantis y Greg Abbott, respectivamente, son los dos estados que han cooperado más en los esfuerzos de Trump para expulsar migrantes.

Florida abrió en julio un nuevo centro de detención de inmigrantes administrado por el estado en los Everglades, llamado Alligator Alcatraz, poco después de haber ayudado a arrestar a 1,120 no ciudadanos en una sola semana en abril. Organizaciones de derechos humanos denuncian que en estos centros de detención, los migrantes reciben tratos inhumanos.

Posteriormente, el presidente Donald Trump elogió a Florida como un socio modelo y dijo que "muchos estados" deberían seguir su ejemplo.

Por su parte, Texas ha destinado 11,000 millones de dólares desde 2021 a la operación de control migratorio conocida como Operación Lone Star ("Estrella Solitaria"), en su frontera con México.

¿Cómo los estados se convirtieron en fuerzas migratorias?

La cooperación entre las agencias federales y los gobiernos estatales y locales en materia migratoria era prácticamente inexistente antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, aunque desde 1996 existe una legislación que lo permite.

Este año se aprobó la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad, la cual añadió la sección 287(g) a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta disposición autorizó al ICE a firmar acuerdos con autoridades estatales y locales para delegarles funciones específicas de inmigración, bajo la dirección y supervisión de la agencia.

Ningún acuerdo fue firmado hasta el 2002, cuando Florida lo hizo para obtener acceso directo a información para sus fuerzas contraterroristas. El uso de estos acuerdos creció gradual y luego bruscamente de 2006 a 2008, especialmente en el sureste, de acuerdo con un artículos del Instituto de Políticas Migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional introdujo en 2008 el programa de Comunidades Seguras, en el que las autoridades estatales y locales enviaron las huellas dactilares de los detenidos a ICE para verificar la inmigración federal y las bases de datos criminales. Recuperar a los no ciudadanos removibles de las cárceles estatales y locales era mucho más rápido, más barato y seguro para el ICE que arrestar a personas en sus hogares o lugares de trabajo.

Durante la administración de Obama, las autoridades locales ayudaron a alimentar la llamada tubería de la justicia penal a la deportación, en la que los arrestos incluso por delitos de bajo nivel, como infracciones de tráfico, podrían conducir a la deportación.

En su primer mandato, Trump aumentó el uso de acuerdos de 287(g) a un máximo de 150 en el año fiscal 2020 (entre octubre de 2019 y septiembre de 2020). La administración Biden desenfatizó la práctica, pero en su mayoría dejó en su lugar los acuerdos existentes. Al final del año fiscal 2024, había 135 acuerdos activos.

Los acuerdos crecen en el segundo mandato de Trump

En su segundo mandato, la administración Trump ha hecho de los acuerdos 287(g) una piedra angular de sus esfuerzos de aplicación.

Desde enero, el DHS ha firmado más de 730 nuevos acuerdos 287(g), con el que el número total de acuerdos existentes a un récord de 866. Estos acuerdos ahora parecen ser la forma principal en que las agencias locales de aplicación de la ley ayudan a la aplicación federal de la ley, aunque también se puede buscar la cooperación estatal y local a través de otros acuerdos.

Si bien no está claro cuántas deportaciones han resultado del uso de acuerdos 287(g), el DHS dice que las agencias estatales y locales de aplicación de la ley han ayudado con las recientes operaciones de alto perfil.

Por ejemplo, Florida informó que los funcionarios estatales se unieron a los del DHS, el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para arrestar a 1,120 personas en un lapso de seis días en abril, lo que equivale a la mayor operación de este tipo en la historia del estado y el mayor número de arrestos de ICE en un solo estado en una semana.

Estos acuerdos facilitaron las operaciones en todo el país, probablemente con el desplazamiento de miles de oficiales.

Los estados con más acuerdos de 287(g) fueron Florida (320), Texas (127), Georgia (31), Virginia (29) y Carolina del Sur (28).

Estas autoridades complementan a los 7,700 oficiales de ICE dedicados a las operaciones de remoción, aunque es probable que la mano de obra de la agencia se duplique con creces en los próximos años en medio de nuevos fondos bajo la recientemente promulgada Ley Grande y Bella promovida por Trump.

El rápido aumento en el número de acuerdos 287(g) ha sido impulsado por la rápida aprobación de ICE, así como por los legisladores estatales que ordenan a las jurisdicciones locales que amplíen la cooperación.

Los estados como Arkansas, Florida, Idaho, Missouri, New Hampshire, Texas, Utah y Virginia tienen requisitos que instruyen a algunas o todas las jurisdicciones locales para que firmen acuerdos 287(g) o cooperen con el DHS de otras maneras.