Los migrantes en Estados Unidos temen cada vez más a ser detenidos durante alguna de las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no solo por perder lo que han construido en Estados Unidos, sino por la posibilidad de ser enviados a un país que ni siquiera es el suyo.
La administración Trump dice que algunos delincuentes graves necesitan ser deportados a terceros países porque ni siquiera sus países de origen los aceptarán.
El caso más famoso es el de los 252 inmigrantes venezolanos que fueron acusados, sin pruebas en la mayoría de los casos, de ser parte del Tren de Aragua, una organización considerada terrorista por Estados Unidos, y que terminaron en una prisión de alta seguridad en El Salvador, el CECOT.
Los migrantes fueron liberados el 18 de julio como parte de un canje con Estados Unidos, que incluyó la excarcelación de 10 ciudadanos y residentes estadounidenses detenidos en Venezuela.
"Nos dijeron que todos eran del Tren de Aragua. Mentira, una gran mentira", dijo el ministro del Interior, Diosdado Cabello. "Dijeron que los que se llevaron para El Salvador... 'todos estos son poderosos delincuentes'", siguió. "De los 252, hay 20 que tienen antecedentes, solo siete de ellos con delitos graves. Cero vinculados al Tren de Aragua”.
Algo que era una excepción, puede convertirse en una de las políticas favoritas de segundo gobierno de Trump.
Aunque muchos consideran que esta medida del gobierno de Trump es ilegal, la Corte Suprema levantó en junio la orden de un tribunal inferior que limitaba este tipo de deportaciones sin un examen por temor a la persecución en el país de destino, una victoria para el republicano en su agresiva búsqueda de deportaciones masivas.
Tras el fallo de la Corte Suprema, los funcionarios de inmigración de Estados Unidos pueden deportarlos a países distintos de su origen. El aviso puede darse con apenas seis horas de antelación, dijo un funcionario de alto rango del gobierno de Donald Trump en un memorando.
ICE generalmente esperará al menos 24 horas para deportar a alguien después de informarle de su expulsión a un llamado "tercer país", según un memorando fechado el miércoles 9 de julio del director interino de la agencia, Todd Lyons.
Sin embargo, ICE podría expulsar a una persona a un "tercer país" con tan sólo seis horas de antelación "en circunstancias apremiantes", según el memorando, siempre y cuando la persona haya tenido la oportunidad de hablar con un abogado.
La administración Trump argumenta que las deportaciones a terceros países ayudan a expulsar rápidamente a los inmigrantes que no deberían estar en Estados Unidos, incluidos aquellos con condenas penales.
Los defensores han criticado las deportaciones como peligrosas y crueles, ya que las personas podrían ser enviadas a países donde podrían enfrentarse a la violencia, no tienen vínculos y no hablan el idioma.
Trina Realmuto, abogada de un grupo de inmigrantes que están llevando a cabo una demanda colectiva contra estas deportaciones rápidas a terceros países en la National Immigration Litigation Alliance, dijo que la política "está muy lejos de proporcionar las protecciones estatutarias y de debido proceso que la ley requiere”.
Las deportaciones de terceros países se han hecho en el pasado, pero la herramienta podría usarse con más frecuencia a medida que Trump intenta aumentar las deportaciones a niveles récord.
Durante la presidencia de Trump de 2017 a 2021, su gobierno deportó a un pequeño número de personas de El Salvador y Honduras a Guatemala.
La administración demócrata del expresidente Joe Biden llegó a un acuerdo con México para recibir a miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, ya que era difícil deportar a migrantes a esas naciones.
Tras el fallo del máximo tribunal y una orden posterior de los jueces, el gobierno de Trump envió a ocho migrantes de Cuba, Laos, México, Myanmar, Sudán y Vietnam a Sudán del Sur.
Sudán del Sur, un país devastado por las guerras internas, ya había aceptado también recibir a ocho hombres deportados de Estados Unidos.
Entre ellos estaban los cubanos José Manuel Rodríguez Quiñones y Enrique Arias Hierro, así como un mexicano, Jesús Muñoz Gutiérrez. Todos enfrentaban condenas por delitos graves.
En el caso de Muñoz Gutiérrez, está condenado a cadena perpetua por presunto asesinato en segundo grado.
Estos individuos representan “las verdaderas amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública que oficiales y agentes de todo el país persiguen”, dijo Lyons en una conferencia de prensa en julio.
Junto a otros migrantes de Laos, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur, fueron recluidos en unas instalaciones civiles en la capital, Juba, bajo la vigilancia de la policía y el servicio de seguridad nacional.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo en julio que un vuelo de deportación con inmigrantes de diferentes países había aterrizado en Esuatini, se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos levantara los límites a la deportación de migrantes a terceros países.
"Ha aterrizado un vuelo de deportación a un tercer país seguro con destino a Esuatini, en el sur de África. Este vuelo llevó a individuos tan bárbaros que sus países de origen se negaron a acogerlos de vuelta", dijo a última hora del martes la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tricia McLaughlin.
En un hilo en la red social X, McLaughlin nombró a cinco deportados de Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba y Yemen y dijo que fueron condenados por crímenes que van desde los abusos sexuales a menores hasta el asesinato.
El gobierno del reino confirmó rápidamente su presencia y, a través de su portavoz Thabile Mdluli, explicó que no estaba previsto que estos presos permanecieran en el reino "de forma permanente" y que serían "repatriados a sus países de origen a su debido tiempo".
Sin embargo, quedan muchas preguntas sin respuesta en el reino.
Unas 150 mujeres respondieron el viernes al llamamiento de una agrupación de organizaciones de la sociedad civil, el Movimiento para las Mujeres de Esuatini, y se presentaron ante la embajada de Estados Unidos en la capital Mbabane para solicitar, mediante una petición, que los presos fueran devueltos a Estados Unidos.
"¿Quién, dentro del gobierno, dio luz verde para aceptar a estas personas y sobre qué base legal?", preguntaron los firmantes de la petición.
Esuatini, la última monarquía absoluta de África, vecina de Sudáfrica, está gobernada desde 1986 por Mswati III, criticado por su lujoso estilo de vida y acusado regularmente de violaciones a los derechos humanos.
La información sobre los presos extranjeros es difícil de obtener.
Los cinco hombres están detenidos en el centro penitenciario de Matsapha, a 30 km al sur de la capital.
Esta cárcel lleva desde 2018 siendo renovada y ampliada, unas obras financiadas, según varias fuentes gubernamentales, por Estados Unidos en el marco de un programa que abarca los 14 centros penitenciarios del país.
La administración presionó en julio a funcionarios de cinco naciones africanas —Liberia, Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania y Gabón— para que aceptaran a deportados de otros lugares, informó Reuters.
Ruanda acogerá hasta 250 personas expulsadas de Estados Unidos en el marco de un acuerdo alcanzado con Washington, anunció el gobierno ruandés el martes, como parte de la campaña estadounidense para enviar a migrantes presentes en su territorio a terceros países.
"Ruanda acordó con Estados Unidos aceptar hasta 250 migrantes. Sobre todo porque casi todas las familias ruandesas han sufrido las dificultades del desplazamiento y que nuestros valores sociales se basan en la reintegración y la rehabilitación", explicó a la AFP la portavoz del gobierno, Yolande Makolo.
La decisión de Ruanda sucede a un acuerdo, que finalmente fue cancelado en 2024, con Reino Unido, según el cual Kigali aceptaba la llegada de migrantes irregulares deportados desde el país europeo.
En virtud del acuerdo anunciado el martes, "Ruanda tiene la posibilidad de aprobar a cada persona propuesta para la reinstalación", añadió Makolo, afirmando que los individuos en cuestión se beneficiarían de "formación profesional, asistencia sanitaria y ayuda para la vivienda".
Sin embargo, no dio precisiones sobre el calendario, ni las nacionalidades de los individuos, ni lo que el país africano recibirá en contrapartida.
"Proporcionaré más detalles cuando estos se hayan resuelto", declaró la vocera.
Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense no confirmó este acuerdo, pero indicó que Washington "colabora con Ruanda en una serie de prioridades comunes", siendo la aplicación de las políticas migratorias de la administración Trump "una prioridad absoluta".
Ruanda, un pequeño país de unos 13 millones de habitantes, es objeto de críticas por su historial en materia de derechos humanos y en los últimos meses ha recibido cada vez más presiones por su implicación en el conflicto de la República Democrática del Congo (RDC).
Su presidente, Paul Kagamé, elegido el año pasado para un cuarto mandato con el 99.18% de los votos, es acusado por sus detractores de silenciar a toda oposición.
