Los ataques contra tres lanchas en el Caribe que supuestamente llevaban droga a bordo, con un saldo de al menos 14 muertos, provocan un creciente debate dentro y fuera de Estados Unidos, un país que ha recurrido en el pasado a medidas similares en otras regiones.
Donald Trump justifica esos ataques por el daño a la salud pública y el peligro para la seguridad nacional que implica el narcotráfico en su país.
"No solo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas... el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos", justificó el secretario de Estado, Marco Rubio.
Trump llegó a amenazar a los narcos que decidan llevar sus cargas por vía terrestre hasta las fronteras estadounidenses.
"El derecho internacional no permite que los gobiernos asesinen a presuntos traficantes de drogas", reaccionaron el martes expertos en un comunicado publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
"Las actividades criminales deben ser interrumpidas, investigadas y procesadas de acuerdo con el Estado de derecho, incluyendo la cooperación internacional", añadieron los tres expertos que colaboran regularmente con el organismo.
El uso del ejército para combatir al narcotráfico no es algo nuevo. A finales de la década de 1980, el gobierno estadounidense designó al Departamento de Defensa como la única agencia principal para la interdicción de drogas ilegales en el extranjero.
En las siguientes décadas, el personal de la Marina y la Guardia Costera ha abordado un gran número de embarcaciones, incautando miles de toneladas de cocaína y otras drogas. Sin embargo, las acciones de las últimas semanas no tienen precedentes.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos “hicieron algo que, según nuestro conocimiento, nunca han hecho en más de 35 años de participación militar en la interdicción de drogas en el Mar Caribe: una escalada instantánea a una fuerza letal desproporcionada contra una embarcación civil sin ninguna justificación aparente de defensa propia”, indica la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en un artículo.
Al igual que la ONU, esta organización denuncia que el uso de la fuerza letal viola estándares internacionales y normativas estadounidenses. Todas estas reglamentaciones estándares prohíben explícita o implícitamente el uso de fuerza letal cuando no hay una justificación de defensa propia.
Entre los tratados y normas violadas se encuentran la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), el Artículo 51 de la Carta de la ONU, la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, el Manual de San Remo sobre el Derecho Internacional aplicable a los Conflictos Armados en el Mar, el Manual del Derecho de la Guerra del Departamento de Defensa y las Reglas de Enfrentamiento Permanentes y las Reglas de Uso de la Fuerza de los Jefes de Estado Mayor Conjunto.
El presidente afirmó que en los tres casos, las personas a bordo de las embarcaciones transportaban “narcóticos ilegales”, aunque no especificó el tipo o la cantidad de drogas.
Pero la proporcionalidad en el uso de la fuerza es un principio fundamental del derecho internacional.
Al menos una de las lanchas destruidas en los ataques de las fuerzas navales se dirigía a las costas de Trinidad y Tobago, cuyas playas acostumbran a ser lugar de desembarco de narcotraficantes.
El presidente Trump y el secretario de defensa Pete Hegseth afirman que las personas a bordo de la embarcación eran miembros del Tren de Aragua, el grupo criminal venezolano que la administración designó como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) en febrero de 2025.
Sin embargo, de acuerdo con una serie de investigaciones de agosto de 2025 de InSight Crime, este grupo criminal venezolano en red ha estado disminuyendo en poder y no ha sido vinculado a “casos de grandes cargamentos de cocaína… especialmente no en conexión con el mercado de Estados Unidos”.
División en Estados Unidos
La oposición demócrata ha criticado de todas maneras este proceder.
"No existe autoridad legal que permita al presidente matar personas en aguas internacionales basándose en acusaciones sin pruebas ni debido proceso", dijo el representante demócrata Don Beyer en X.
El senador Rand Paul, republicano y una voz libertaria en el Congreso estadounidense, chocó con el vicepresidente, JD Vance, tras el primer ataque a principios de este mes, diciendo que es "despreciable e insensato" el hecho de "glorificar que se mate a alguien sin un juicio”.
Incluso, dentro de la misma administración Trump hay división sobre este tipo de medidas para combatir a Maduro.
El despliegue militar de los Estados Unidos puede ser un ejercicio en la vieja diplomacia de cañoneras impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, un crítico feroz del régimen de Maduro, indica un análisis del International Crisis Group.
"En algún momento, tenemos que decir que vamos a capturar a estas personas, y tenemos que caputurarlas con más que solo recompensas, por cierto”, dijo Rubio en agosto.
De acuerdo con fuentes anónimas de la administración, citadas en varios medios de comunicación estadounidenses, Washington no estaría disgustado si las amenazas de fuerza militar y un bloqueo parcial causaran fracturas en la camarilla gobernante de Venezuela, lo que llevaría al derrocamiento de Maduro.
Algunos analistas indican que la presencia naval podría servir no solo para detener el flujo de cocaína, sino también para interrumpir el comercio de petróleo con China, que rompe las sanciones, que se basa en una "flota en la sombra" cuyas rutas y destinos están deliberadamente disfrazados.
Al interior de Venezuela, la representación de la administración Trump de los grupos extranjeros de narcotraficantes como organizaciones terroristas involucradas en una "invasión" encubierta de los Estados Unidos refuerza los esfuerzos de la administración de Maduro para justificar medidas represivas y fomentar una mentalidad en tiempos de guerra.
La tensión entre ambos países comenzó después de que la administración de Trump designara al Cártel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado a principios de agosto.
Este movimiento vino con un aumento, a 50 millones de dólares, en la recompensa que la administración está ofreciendo por información que conduzca a la captura del líder autoritario Nicolás Maduro.
Venezuela comenzó a realizar este miércoles ejercicios militares en la isla de La Orchila, en el Caribe sur, como respuesta al despliegue de buques ordenado por Estados Unidos en la zona que considera como una “amenaza".
Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe para combatir el narcotráfico y desde inicios de septiembre ha eliminado tres embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un saldo de 14 muertos, según el presidente Donald Trump.
Los ejercicios venezolanos se realizan en un territorio de 43 kilómetros que queda a 97 millas náuticas del estado La Guaira, y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera durante ocho horas el fin de semana.
"Van a haber despliegues de la defensa aérea con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos (...) Vamos a implementar acciones de guerra electrónica", dijo el ministro de Defensa, Padrino López, al señalar que Venezuela se defiende ante la "voz amenazante, vulgar" de Estados Unidos.
Venezuela rechaza los señalamientos de narcotráfico. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó más temprano que en lo que va de 2025 han incautado más de 60 toneladas de droga.
En los ejercicios, que se prolongarán durante tres días, participan 12 buques militares, 22 aeronaves y 20 peñeros de la "Milicia especial naval", detalló el vicealmirante de la Armada venezolana Irwin Raúl Pucci.
El ministro de Defensa dijo que en esta "coyuntura" hay que "elevar" el "apresto operacional para un escenario de conflicto armado en la mar". "Estamos elevando nuestro apresto operacional de cara al Caribe", apuntó.
Los ejercicios tienen lugar después de que la semana pasada Maduro activara una operación militar de "resistencia" con 284 frentes de batalla en el país.
Maduro ordenó además el despliegue de 25,000 efectivos a las fronteras y pidió a la población civil sumarse a la reserva militar con jornadas de alistamiento.
El gobierno venezolano pidió una investigación tras el primer barco atacado el pasado 2 de septiembre.
