Uruguay cumplió con su deseo al unirse a un pequeño grupo de países que legalizaron la muerte asistida que incluye a Canadá, Países Bajos y España, entre otros.
Gelós, de 71 años, convive desde los 52 con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que causa una parálisis progresiva de los músculos hasta provocar la muerte del paciente.
En silla de ruedas y con voz entrecortada aseguró en charla con la AFP que los que cuestionan la norma "no tienen idea de lo que es vivir así".
Una ley con garantías
Para el oficialista Daniel Borbonet se votó un texto "sólido" y que "ofrece seguridad jurídica". En una posición crítica a la redacción del documento, Pedro Bordaberry (centroderecha) consideró que es "una ley de fomento" de muerte asistida.
El paciente también deberá pasar por instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito.
Laico y acostumbrado a mostrar el camino a la región a la hora de legislar derechos, Uruguay sumó así una nueva norma liberal a otras como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.
El Colegio Médico respetó las diversas posiciones de sus socios y no proclamó una postura ante el tema.
Sin embargo, asesoraron en todo el proceso "para tener las máximas garantías para los pacientes y para los médicos", comentó a la AFP el presidente de la entidad, Álvaro Niggemeyer.
La Iglesia católica mostró "tristeza" ante la votación afirmativa en Diputados en agosto y la resistencia al proyecto que se volvió ley traspasó los ámbitos religiosos. Más de una decena de organizaciones rechazaron la redacción por "deficiente y peligrosa".
Para el Colegio Médico la instancia de reglamentación, posterior a la promulgación del poder Ejecutivo, será clave para dar más certezas.