El gobierno de Estados Unidos está cerrado desde hace 28 días, con lo que se convierte en el segundo más largo de la historia y los miles de empleados federales son quienes pagan la peor parte. Miles de ellos han tenido que recurrir a comedores comunitarios para poder alimentarse mientras sus cheques siguen en ceros.
"Tengo que vivir", dijo Diane Miller, de 74 años, a la AFP en medio de un estacionamiento en los suburbios de Washington.
A su lado, cientos de empleados federales, asfixiados económicamente por el bloqueo presupuestario en Estados Unidos, hacen fila frente a una distribuidora de ayuda alimentaria.
Llega su turno, muestra su tarjeta de funcionaria del gobierno federal y recibe dos cajas: una de frutas y verduras frescas, otra de alimentos no perecederos.
Una ayuda "necesaria" desde que su hoja de pago muestra la cifra “0".
Desde el 1 de octubre, gran mayoría de los empleados federales están en paro técnico, no despedidos pero sin goce de sueldo, debido al "shutdown", el cierre del gobierno por la falta de acuerdo entre los republicanos de Donald Trump y la oposición demócrata sobre el presupuesto estadounidense.
Para apoyar a los funcionarios, se organizan repartos de alimentos en todo el país.
La organización World Central Kitchen, que suele ayudar a dar alimentos en situaciones de emergencia como las inundaciones en México o el genocidio en la Franja de Gaza, anunció el domingo que daría paquetes de alimentación a empleados federales en Washington el lunes.
Pero, a diferencia de cierres anteriores, el infierno para los empleados federales no terminará una vez que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo para abrir la administración. Muchos empleados federales están preocupados de que quizás no reciban el pago retroactivo o que no tengan un empleo al cual volver después de que termine el cierre.
La Casa Blanca anunció a mediados de octubre que probablemente despida al menos 10,000 empleados federales durante el cierre del gobierno de Estados Unidos.
"Creo que probablemente acabaremos superando los 10,000”, dijo el jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, en una entrevista en el programa The Charlie Kirk Show cuando se le preguntó cuántos despidos habría.
"Queremos ser muy agresivos en la medida de lo posible para reducir la burocracia", agregó.
Documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia revelaron que el 10 de octubre fueron despedidos más de 4,000 empleados. Los departamentos más afectados fueron Tesoro, Salud, Educación y Vivienda.
Trump ya había advertido que la continua negativa de los demócratas a apoyar una resolución aprobada por la Cámara de Representantes para prorrogar el presupuesto actual hasta finales de noviembre resultaría en despidos masivos.
Los despidos están detenidos por una juez federal en San Francisco.
La jueza de distrito Susan Illston emitió la orden de restricción temporal en San Francisco en respuesta a una demanda presentada por sindicatos, que afirman que los despidos son ilegales.
Algunos empleados tampoco sabían que estaban siendo despedidos porque los avisos se enviaron a cuentas de correo electrónico del gobierno a las que no se puede acceder durante un cierre o "shutdown" como el actualmente en curso, según la orden de siete páginas vista por la AFP.
Illston dijo que los sindicatos habían estado recibiendo quejas de mujeres embarazadas y otros trabajadores que "temen que su seguro de salud se vea afectado", pero no hay nadie en la oficina para responder preguntas.
"Aquellos que han recibido avisos de reducción de personal no pueden prepararse para sus próximos despidos porque el personal de recursos humanos que típicamente los asistiría también está suspendido", agregó la magistrada.
De acuerdo con datos del Bipartisan Policy Center, al menos 670,000 empleados federales están de baja, mientras que aproximadamente 730,000 continúan trabajando sin paga.
También se requiere que 1.3 millones de personas en servicio activo y más de 750,000 personas de la Guardia Nacional y de reserva sigan trabajando, potencialmente sin sueldo.
Si el cierre continúa hasta el 1 de diciembre, se retendrán aproximadamente 4.5 millones de cheques de pago de los empleados civiles federales, lo que representa aproximadamente 21 mil millones de dólares en salarios faltantes.
La Federación Americana de Empleados del Gobierno (AGFE), que representa a más de 800,000 empleados del gobierno federal y de Washington, criticó duramente a los dos partidos políticos, a pesar de haber demandado previamente a la administración Trump por despidos masivos al comienzo del cierre.
"Ambos partidos políticos han dejado en claro su punto, y todavía no hay un final claro a la vista", escribió el presidente nacional de la AFGE, Everett Kelley, en un comunicado este lunes. "Trabajar juntos de forma bipartidista para abordar cuestiones políticas importantes como abordar el aumento de los costos y arreglar el proceso de asignaciones rotas”.
De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense (CBO) al 17 de octubre, el cierre de gobierno tendrá efectos negativos en la economía, aunque algunos de ellos serán temporales. Estos efectos se incrementarán si el cierre es prolongado.
“CBO estima que el cierre del gobierno reducirá temporalmente el nivel del PIB real (es decir, el producto interno bruto ajustado para eliminar los efectos de la inflación). La disminución estará impulsada por tres factores: los trabajadores federales prestarán menos servicios, el gasto federal en bienes y servicios será temporalmente menor, y una reducción temporal en la demanda agregada reducirá la producción en el sector privado”, indica el documento.
Si bien parte de este PIB se recuperará una vez que los fondos federales sean restablecidos, parte de este no se recuperará en el futuro.
Según los cálculos de los analistas de la compañía de seguros Nationwide hechos antes de que iniciara, cada semana de cierre podría reducir el crecimiento del PIB de Estados Unidos en 0.2 puntos porcentuales.
El cierre de 2019, durante el primer mandato de Trump, duró 35 días. En ese momento, la CBO estimó que había reducido el Producto Interno Bruto (PIB) en 11,000 millones de dólares.
El cierre parcial del gobierno estadounidense se dirige hacia su quinta semana sin visos de resolverse, ante las profundas diferencias entre republicanos y demócratas en el Congreso.
La Cámara de Representantes bajo control republicano ya aprobó una prolongación del gasto presupuestario, teóricamente hasta finales de noviembre, pero en el Senado los republicanos necesitan al menos cinco demócratas para llegar a la mayoría cualificada necesaria (60 de 100 escaños).
Los demócratas quieren abrir ya las negociaciones sobre el gasto sanitario y otros aspectos de los recortes que el gobierno de Donald Trump ha impuesto en las finanzas públicas.
Los republicanos insisten en que primero hay que aprobar esta prolongación del gasto, que no contiene ningún recorte ni añadido, antes de empezar las discusiones de fondo.
El recurso a las "resoluciones continuas", como se conoce en el argot legislativo a este tipo de extensiones presupuestarias, es recurrente desde hace años en el Congreso estadounidense.
En las últimas 13 votaciones, durante el gobierno del demócrata Joe Biden y al inicio del gobierno de Trump, hubo acuerdo in extremis y esas resoluciones fueron aprobadas.
El récord de un cierre administrativo tuvo lugar durante el primer mandato de Trump y duró 35 días
El presidente republicano está implementando una estrategia de "máximo sufrimiento" hacia la oposición, según algunos observadores, incluida la congelación de fondos federales para estados demócratas.
