La bancada de diputados del PRI revisará si modifica artículo de la #Ley3de3
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, aseguró que la bancada de su partido en la Cámara de Diputados estará atenta para analizar y precisar la redacción del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley3de3, y aclarar que los empresarios que prestan servicios o quienes reciben becas o son beneficiarios de programas sociales no se les considere sujetos obligados en presentar declaraciones fiscales, de intereses o patrimoniales.
El PRI estará atento para analizar con los legisladores de su bancada la conveniencia de precisar la redacción del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su inciso C (...)", precisó Beltrones, de acuerdo con un comunicado.
La madrugada del martes, el pleno del Senado de la República también contempló a los empresarios para que presenten sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses y cualquier otra persona que reciba y ejerza recursos públicos, lo que provocó que algunos empresarios de la Coparmex se manifestarán en contra.
Beltrones aseguró que la aprobación de las siete reformas que componen al Sistema Nacional Anticorrupción cumple con la expectativa ciudadana que decidió y mandó sobre los alcances y operación de las nuevas leyes.
“De esta manera se cumple la expectativa ciudadana de erradicar la corrupción con base en un sistema nacional que comprende la participación de entidades públicas independientes como la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, órganos especializados como es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el comité coordinador de las instituciones que integran el sistema y el Comité de Participación Ciudadana”, señaló Beltrones
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El dirigente nacional del tricolor precisó que será el Comité de Participación Ciudadana el encargado de diseñar los formatos de las declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses que deberán entregar los funcionarios públicos y particulares que participen en licitaciones y contratos del sector público bajo el principio básico de seguir la ruta del dinero.
