Borge debe aclarar desalojos en Tulum, piden en el Congreso
El conflicto de los desalojos a hoteles y predios en Tulum, Quintana Roo, llegó este miércoles a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Mediante un punto de acuerdo, el diputado perredista Felipe Reyes llamó al gobierno del estado a aclarar la legal procedencia de los documentos con los que se llevó a cabo el desalojo violento a 16 hoteles en la zona turística de Tulum —conocida como Punta Piedra— el 16 de junio pasado.
El legislador pidió también al gobierno de Roberto Borge que en caso de que no se pueda comprobar la legitimidad de los contratos de arrendamiento presentados para poder llevar a cabo el desalojo, así como el decreto presidencial que señala que los despojados no tienen la propiedad sobre dichos inmuebles, se proceda contra los responsables del despojo.
Los 16 hoteles que fueron desalojados en junio por presuntamente dejar de pagar un arrendamiento por orden del juez oral de instrucción de primera instancia, Gustavo Efraín Chan Camaal.
El pasado 6 de julio Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaron una investigación donde se da cuenta de una maquinaria institucional auspiciada por el gobernador de Roberto Borge para arrebatar el patrimonio de empresas y particulares, donde se incluía varios despojos en Tulum que se han realizado vía juicios laborales o civiles amañados.
En el texto publicado en la Gaceta del Senado, el diputado expone que la forma de operar el desalojo de los 16 hoteles fue similar a los ocurridos en años anteriores. Del 2011 a la fecha 28, predios, 26 hoteles y 13 cabañas han sido desalojadas de ese fracción de costa que corresponde al ejido de José María Pino Suárez.
“Los elementos de seguridad argumentaban que se les había enviado notificación argumento que al presentarse en el juzgado a pedir información acerca del expediente para saber porque los despojaban de sus predios, les pidieron sus nombres y les negaron el acceso al expediente argumentándoles que no eran parte de la demanda no importando que eran los afectados directos”, se señala en el punto de acuerdo.
Los desalojos en Tulum han afectado tanto a ejidatarios como a pequeños inversionistas extranjeros que ha perdido hoteles y restaurantes, lo que ha provocado que las embajadas de Italia, Portugal, Francia y Países Bajos haya enviado una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para externar sus preocupación y solicitar una investigación a fondo sobre el caso.
El legislador subraya que es fundamental que se compruebe la legal procedencia de todos los documentos que se están presentando para resolver el asunto y que en el caso de no poder comprobar la legalidad de los mismos se proceda a devolver de inmediato los hoteles y predios despojados así como a la reparación del daño de los afectados.
“No se puede incurrir en actos de corrupción sobre los intereses que derivan de esos predios, es necesario sancionar a los responsables si es que existieron vicios en el procedimiento de desalojo que violentaron y afectaron a turistas, empleados y de más personas que se encontraban en los inmuebles”, pide Reyes Álvarez.
null
Reyes también solicitó al gobierno estatal, a la Secretaria de Gobernación y al municipio de Tulum, actualizar el Plan de Desarrollo Urbano municipal para proporcionar seguridad a los ejidatarios e inversionistas que llegan a este destino de playa.
En el punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas de la Comisión Permanente para ser analizado en los próximos días.
