'Tormenta' de irregularidades legales en el caso de #LosPiratasDeBorge: Expertos

La trama de funcionarios de Quintana Roo que, de acuerdo con denuncias de empresarios e inversionistas, simulan juicios laborales para despojarlos de bienes inmuebles y recursos monetarios, está "inundada" de irregularidades al debido proceso, coincidieron en señalar especialistas en Derecho.

El abogado general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Ricardo Corona, y el doctor en Derecho Administrativo José Roldán Xopa, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicaron por separado que este tipo de acciones, además de romper con el esquema de legalidad, también sugieren la participación de actores del gobierno estatal, a cargo de Roberto Borge.

Las acusaciones apuntan que, tras ser demandados por supuestos extrabajadores, las autoridades eran omisas en notificar de manera adecuada a los afectados y en proporcionarles la información suficiente para preparar su defensa legal.

“En mi opinión, es muy sospechoso el comportamiento y la conducta de los funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje (…) me parece que visto en conjunto lo que va sucediendo, la simulación de relaciones laborales que se plantea en las demandas y la forma en cómo operan en la recepción, admisión, en la valoración de pruebas, las notificaciones, pues resulta sumamente sospechoso y me parece que esa es una base para iniciar las investigaciones”, dijo a Expansión.

Corona comentó también en entrevista que el extravío o retención de expedientes laborales por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, así como la inmovilización de cuentas bancarias y el embargo de bienes para el cobro de laudos sin que los patrones demandados estén debidamente enterados, reflejan la falta de cumplimiento al debido proceso legal en la entidad.

“Parecería que la Junta de Conciliación local es una herramienta para generar recursos a través de estas ilegalidades (…) te das cuenta que algo está funcionando mal porque hay cosas gravísimas como el extravío de expedientes, eso no puede pasar”, indicó al ser cuestionado sobre la investigación Los piratas de Borge: El saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo , realizada por Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad.

En los casos expuestos, los afectados se enteraron de que enfrentaban una denuncia laboral hasta que sus bienes —cuentas bancarias, por ejemplo— eran inmovilizados, aunque los procesos ya llevaran meses en marcha. El experto del Imco refirió que los bancos permiten el acceso tras una solicitud de embargo por parte de la autoridad, ya que no pueden hacerlo de manera arbitraria.

“Necesitan el respaldo de una autoridad que le de la razón, en este caso al estado, que es el que está embargando", aseveró.

El abogado aseguró que la Junta de Conciliación y Arbitraje local, al prestarse a ilegalidades en el proceso en este tipo de casos, como ordenar la congelación de cuentas de las empresas, puede incurrir en delitos de corrupción.

“La junta local en ese estado depende del Ejecutivo local, entonces aplica el régimen de responsabilidades administrativas para servidores públicos. Solamente en cuanto al funcionamiento de la junta, pero cómo se fueron robando las documentales, te puedes ir a otras responsabilidades porque están cometiendo un delito”, abundó.

"Quién sabe cuál sea realmente el móvil de esto, si es un tema de extorsión o literal de robo, o de un abuso de autoridad que permita actos de corrupción donde se está viendo beneficiado alguien con el dinero de estas empresas”, agregó el experto.

Los 'piratas', a juicio

Los expertos consultados se pronunciaron a favor de que una investigación revise el actuar de los actuales funcionarios locales para determinar si existen manejos indebidos que pudieran derivar en alguna responsabilidad.

Roldán Xopa indicó que el caso podría atraerse por el ámbito federal, dependiente de los elementos del caso, e incluso podría tratarse de alguna cuestión relacionada con delincuencia organizada .

"Hay una serie de cuestiones que podrían dar disparar la competencia federal, por ejemplo, si lo que tenemos ahí son ciertos manejos relacionados con concesiones o permisos federales, sea para usar zona federal o bien que tengan que ver con algún área natural protegida", detalló.

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El experto en temas de combate a la corrupción añadió que, de no esclarecerse esta trama, el gobierno entrante —que encabezará Carlos Joaquín González— debe tomar en serio darle seguimiento, particularmente sobre el actuar de dependencias como el Registro Público de la Propiedad, la misma Secretaría del Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

"El que haya un cambio de gobierno podría abrir alguna posibilidad para que pueda romperse este esquema de complicidades", confió.