Anomalías ponen bajo la lupa al gobierno de Jorge Herrera en Durango
La administración del priista Jorge Herrera Caldera en Durango, recién concluida en septiembre pasado, se ha sumado a las gestiones estatales que están bajo la mira: la de Javier Duarte en Veracruz, la de Roberto Borge en Quintana Roo y la de César Duarte en Chihuahua.
Por un lado, autoridades federales revisan irregularidades que significarían un boquete millonario en las finanzas públicas. Por otro, el actual gobierno de Durango, a cargo del panista José Rosas Aispuro, ha citado a comparecer a excolaboradores de Herrera para que aclaren anomalías observadas durante el proceso de entrega-recepción.
En el plano federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene abiertos 65 pliegos de observaciones por actos que representan un posible daño patrimonial por 3,164 millones de pesos, según una revisión a los registros del organismo fiscalizador.
De ese total, 1,715 millones de pesos corresponden a pagos de prestaciones no autorizadas, como bonos, aguinaldos y cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con recursos que originalmente estaban destinados a educación y al Seguro Popular.
En tres años, la ASF también documentó un daño patrimonial de al menos 603 millones de pesos correspondientes a recursos que no fueron ejercidos o que se aplicaron en rubros diferentes a los de su destino original.
Parte del dinero no devengado corresponde a fondos como el de Aportaciones para los Servicios de la Salud, el de Infraestructura Social Estatal o el de Educación Básica y Normal.
El organismo federal también detectó que la administración estatal realizó en 2014 un pago duplicado de nómina, por 409 millones de pesos, del programa de subsidios para Centros de Educación.
Además, se documentó que el gobierno de Herrera no aplicó el reintegro de recursos no ejercidos a las arcas federales por un monto de 228 millones de pesos.
De acuerdo con la ASF, las observaciones fueron remitidas a la administración estatal para que las autoridades puedan aclarar el destino del dinero y, en caso de no hacerlo, estarían sujetas a enfrentar denuncias penales.
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La revisión estatal
A lo anterior se suma que, luego de la entrega-recepción en Durango, la administración de Rosas Aispuro citó a exfuncionarios del gobierno de Herrera para que rindan cuentas sobre algunas observaciones del nuevo gobierno.
“El gabinete legal presentó a la Secretaría de la Contraloría, por escrito, sus observaciones; algunas son de orden legal, otras de orden administrativo y otras son de fondo", explicó a Expansión la contralora estatal, Rosario Lozano Castro.
"De estas observaciones yo tengo 15 días para analizar si lo que me aportaron fue suficiente para requerir", agregó la funcionaria, y detalló que, después de que se enviaron citatorios, se prevé que las comparecencias sean del 28 de noviembre al 10 de diciembre.
La finalidad de tales encuentros es que los exfuncionarios aclaren las dudas que existen sobre la situación en la que se entregó la entidad, así como las observaciones remitidas por la ASF, y que con ello se deslinden responsabilidades.
