ASF detecta irregularidades en obras emblemáticas de Moreno Valle en Puebla

Cinco obras emblemáticas del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle –aspirante a la candidatura presidencial del PAN– están en la mira de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que en la revisión de la cuenta pública 2015, encontró que éstas se realizaron sin proyectos ejecutivos, con materiales de mala calidad, costos elevados y que incluso, se pagaron trabajos no realizados.

En total, el órgano fiscalizador realizó 24 auditorías al estado en dicho ejercicio fiscal, de las que se derivaron observaciones por 4,570.3 millones de pesos (mdp), de los cuáles la ASF ya recuperó 18 mdp y aún hacen falta por aclarar 4,552 mdp.

Las principales anomalías se concentran en las ‘megaobras’ realizadas en el penúltimo año de mandato del panista como el Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, la zona arqueológica de Cholula, la rehabilitación del Estadio Cuauhtémoc, la línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y el Museo Internacional Barroco (MIB). En la revisión que realizó la Auditoría, determinó recuperaciones probables por más de 1,600 mdp por estos proyectos.

Además, se evidenciaron subejercicios por más de 619 mdp en recursos provenientes de fondos federales destinados a obras de infraestructura social y seguridad pública.

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Segundo piso, caro y sin proyecto ejecutivo

La Auditoría Superior de la Federación exhibió que el Segundo Piso de la Autopista México-Puebla –cuya inversión por los 13.3 kilómetros que lo conforman ascendió a 10,500 mdp – entró en operaciones en octubre de 2016 sin contar con un proyecto ejecutivo autorizado; además, no se respetó el costo del peaje que se estableció en el contrato con la concesionaria OHL-Pinfra de 44 pesos, pues actualmente se cobran 55 pesos, un 25 % más.

"Con la revisión del título de concesión del 18 de agosto de 2014 relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del viaducto elevado de jurisdicción estatal sobre la autopista federal México-Puebla, se determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la fecha de la revisión (noviembre 2016) no había autorizado el proyecto ejecutivo en su totalidad ni emitido la documentación que justificara y soportara las modificaciones realizadas al mismo, a pesar de que la obra se encontraba en operación", se indica en la auditoría 1211.

De acuerdo con las observaciones del órgano de fiscalización, el pago que realizan los automovilistas que hacen uso del puente elevado también es 339% más oneroso de lo que cuesta transitar en otros tramos de esta autopista.

Las anomalías en esta obra, que fue una promesa de campaña tanto del presidente Enrique Peña Nieto como de Moreno Valle, suman 1,356 mdp por lo que se recomendó al órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Contraloría local, realizar investigaciones y en su caso, determinar procedimientos administrativos contra funcionarios que hayan omitido conseguir los permisos.

En el reporte, la ASF también detectó que el gobierno federal incumplió con los 5,000 mdp que se comprometió a aportar para la obra, pues únicamente liberó 4, 500 mdp.

Por estas observaciones, la ASF realizó la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante el Órgano Interno de Control de la SCT "para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no entregaron al Gobierno del Estado de Puebla el recurso de 5,000,000.0 miles de pesos, ya que sólo se transfirieron 4,500,000.0 miles de pesos como aportación federal para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del viaducto elevado".

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Museo Internacional Barroco, pagos extras por 100 mdp ... al año

En el caso del Museo –diseñado por el arquitecto japonés premio Pritzker Toyo Ito– el órgano de fiscalización dio a conocer que no hay claridad del motivo por el cual, el gobierno de Moreno Valle estableció un pago anual por 269 mdp a la empresa Peninsular Compañía Constructora, propiedad de la familia Hank Rhon, durante un periodo de 23 años con tres meses cuando en un inicio reportó que sería por 169 mdp, por lo que observó una irregularidad de 100 millones de pesos.

"(En el estudio) 'Análisis sobre las estimaciones de inversión y aportaciones necesarias para el Proyecto del Museo Internacional del Barroco mediante un esquema de Asociación Público Privada' (sin fecha), se acordó un monto de 169.0 millones de pesos como pago anual al desarrollador; sin embargo, en el contrato de Asociación Público Privada (APP) a Precio Alzado y Tiempo Determinado núm. SFA-CP-APP-2014/002 (de noviembre de 2014), se pactó el pago anual al desarrollador de 269.0 millones de pesos en términos reales; por lo que existe una diferencia de 100.0 millones de pesos, sin que exista justificación al pacto de esta contraprestación, que es superior a los 100.0 millones de pesos, con respecto a todos los estudios realizados previamente”, se indica en las auditoría realizada.

También se observó que se otorgaron anticipos por 307.9 mdp a dicha constructora, sin estar estipulados en las bases de la licitación ni en el contrato de la obra que se realizó vía una Asociación Público Privada (APP).

Para garantizar un depósito puntual a dicha compañía por la operación y mantenimiento del inmueble en los próximos cuatro sexenios, el ex gobernador comprometió los ingresos del Impuesto Sobre Nómina (ISN) durante los próximos 50 años, recursos administrados por un fideicomiso manejado por la empresa Evercore, propiedad del exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe.

Desde febrero de 2016, cuando fue inaugurado el museo, existían cuestionamientos por empresarios, organizaciones civiles y políticos de oposición por la falta de claridad en su costo.

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Obras en zona arqueológica, sin permisos

Otra obra que generó polémica en su momento por las expropiaciones que se dieron, son los trabajos realizados en inmediaciones de la zona arqueológica de Cholula, misma que también están en la mira de la ASF, pues determinó que los trabajos se realizaron sin tener los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Además, el órgano de fiscalización, señaló que se pagaron 139.4 millones de pesos por un proyecto totalmente distinto a lo establecido en los contratos. Y es que en los planos originales, el sexenio pasado intentó construir un hotel, restaurantes y lagunas artificiales en los alrededores del basamento piramidal más grande del mundo, pero por múltiples protestas generadas por organizaciones civiles, cambió sus planes de última hora y únicamente adecuó un parque, además de un museo en un inmueble que antes operaba como un hospital psiquiátrico.

La ASF concluyó que podría reclamar la totalidad de los recursos invertidos sino se aclara el por qué se destinaron recursos públicos en obras distintas al proyecto ejecutivo.

“Se determinaron recuperaciones probables por 139,455.5 miles de pesos. La entidad fiscalizada licitó, contrató y pagó un proyecto que no coincide a los trabajos realmente ejecutados y no se cuenta con elementos que permitan corroborar que los trabajos realizados correspondan al monto ejercido en el contrato núm. CAPCEE-074/2015-FED por 124,475.5 miles de pesos (IVA incluido) los cuales se pagaron con las partidas originalmente establecidas en el contrato celebrado.

“Se considera pago improcedente por obra pagada no ejecutada en el contrato núm. CAPCEE-271/2015-FED ya que la entidad fiscalizada realizó el pago por 14,980.0 miles de pesos (IVA incluido) al 31 de diciembre de 2015, fecha en que los trabajos no habían sido realizados y fueron pagados con las partidas originalmente establecidas en el contrato celebrado”, señala la auditoría.

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Línea 2 del Ruta, con observaciones por 86 mdp

En la construcción de la línea 2 del Sistema de Transporte Articulado (Ruta) que recorre la Avenida 11 Sur-Norte, en la ciudad de Puebla, se detectó un posible daño patrimonial por 86,263 mdp por pago de obras no realizadas y por no contar con las pruebas del calidad de pavimento.

En el reporte se detalla que 56.2 mdp fueron pagados a la empresa concesionaria Cemex Concretos en la construcción de pavimento con concreto hidráulico sin que se revisara su calidad, otros 19.3 mdp se cubrió por trabajos no realizados.

La ASF solicitó a la Contraloría del estado a que inicie una investigación contra los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) que resulten responsables de haber autorizado el proyecto sin que contaran con los estudios técnicos previos a su ejecución, pues esto ocasionó que la obra incrementara su costo en un 74.7% de la inversión original, al pasar de 250.8 a 612.7 mdp.

Estadio Cuauhtémoc, obras de mala calidad

En la rehabilitación del Estadio Cuauhtémoc, que tuvo una inversión de 688 mdp, también se hallaron anomalías como material de mala calidad que fue empleodo en el concreto hidráulico, además de una diferencia de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en la colocación de la fachada con sistema ETFE, que derivó una observación por 10.7 mdp.

La ampliación y remodelación de este inmueble, construido en 1968 y diseñado originalmente por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, generó críticas entre los poblanos en noviembre de 2015 cuando fue inaugurado, incluidos académicos, empresarios y políticos, quienes acusaron que se hizo un gasto exagerado, además que no se cumplió con la expectativa, debido a que las imágenes que se dieron a conocer en el proyecto original, distan mucho de cómo quedó.

Los pendientes de Moreno Valle

Según se desprende de los documentos actualizados en la página de la ASF, en los primeros cinco años de gobierno de Moreno Valle, le fueron encontradas anomalías en el ejercicio de los recursos públicos por 7,278.3 mdp, de los cuales, al término de su sexenio –el pasado primero de febrero– quedaron pendientes por aclarar 4,831.9 mdp, siendo 2015 el año en el que se concentra la mayor cantidad (4,552 mdp).

A pesar de las observaciones que realizó la ASF en las cinco cuentas públicas del exgobernador, forma parte de ocho mandatarios que no acumularon una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desvío de recursos o simulación de reintegros, pues al corte del 31 de enero de 2017.

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