En el Senado plantean prisión preventiva contra fugas al estilo "Duarte"
En medio de las investigaciones a exgobernadores por presunto actos de corrupción y la fuga del exmandatario veracruzano, Javier Duarte, en el Senado de la República se busca endurecer las leyes para evitar que los funcionarios que estén bajo investigación por enriquecimiento ilícito puedan evadirse de la justicia.
Para ello, el senador panista, Juan Alejandro Fernández, propuso incluir este delito entre las causales por las que se puede solicitar prisión preventiva, a través de una inicativa para reformar el segundo párrafo del Artículo 19 de la Constitución mexicana.
“(Se busca) evitar que los acusados por este delito (enriquecimiento ilícito) tengan la oportunidad de escapar o evadir la acción de la justicia, se garantizará la ejecución de la pena y se evitará el grave e irreparable daño a la sociedad que como mencionamos anteriormente deriva de la impunidad que actualmente ha imperado en los casos de diversos funcionarios que incurrieron en enriquecimiento ilícito”, señala el legislador por Baja California Sur, en su exposición de motivos.
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La legislación vigente contempla la aplicación de dicha medida en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves considerados en la ley.
La propuesta también establece una modificación a la fracción del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos penales para que el enriquecimiento ilícito sea incluido en el listado de delitos que ameritan la prisión preventiva de oficio.
El legislador citó los casos de estados como Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero, cuyos exmandatarios enfrentan acusaciones por haberse enriquecido de manera ilegal a costa del erario.
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Penas más duras
La iniciativa del legislador, quien señala la facilidad con la que funcionarios vinculados con los delitos de peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito logran evadir a la justicia, también contempla el aumento en las sanciones penales y económicas para quienes incurran en dicha falta.
“No podemos permitir que delincuentes de cuello blanco sigan saqueando al pueblo y queden libres, con solo pagar una fianza; por eso, presento esta reforma para que el enriquecimiento ilícito sea castigado con todo el peso de la ley y ningún corrupto se escape por fallas en la misma”, señaló el senador.
El proyecto de decreto propone cambios al artículo 224 del Código Penal, para que se castigue con una sanción de dos a cinco años de prisión y con 100 a 150 días de multa al funcionario, cuya falta no excedan los 377,450 pesos en daño patrimonial —cantidad equivale a 5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización—. En caso de superar dicho monto, el castigo será de cinco a 15 años de cárcel.
Actualmente, las penas oscilan entre los dos y los 14 años de prisión, con multas entre los 35 y los 150 días de multa.
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