Una diputada busca evitar que inexpertos lleguen a altos cargos en el gobierno
Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados este martes busca evitar que la próxima vez que un secretario de Estado rinda protesta al cargo llegue con el mensaje “vengo a aprender” .
La propuesta de la diputada Olga Catalán, del PRD, plantea reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para establecer requisitos para quienes aspiren a ser altos mandos, ya sea como secretarios, subsecretarios o directores generales.
“En este momento, no es posible identificar las competencias y los valores necesarios para una adecuada administración pública, entre quienes actualmente ostentan la titularidad de las secretarías de Estado y de las direcciones generales de los organismos públicos paraestatales, por lo que la presente iniciativa busca crear el marco normativo para que los mejores profesionales de nuestro país, mujeres u hombres, estén al frente de puestos tan importantes”, señala la legisladora en su exposición de motivos.
La primera modificación es al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se establece que quienes aspiren a ser secretario de Estado deberán ser mayores de 30 años y tener estudios equiparables a nivel maestría en materias afines a las atribuciones de la dependencia correspondiente. Para los subsecretarios, se plantea que los estudios mínimos sean de licenciatura o equivalentes y que estén ligados al encargo.
En el caso de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se propone agregar al artículo 21 un párrafo para que quienes aspiren al cargo de director general cuenten con estudios de maestría en materias relacionadas con el área de trabajo.
La iniciativa, además, exige que el aspirante tenga experiencia en cargos de alto nivel de decisión.
El documento llega a San Lázaro tres meses después de que el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray fuera nombrado titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), un área en la que él mismo reconoció carecer de trayectoria.
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Contra el nepotismo
La iniciativa, sustentada en la Carta Iberoamericana de la Función Pública , que establece la necesidad de contar con personas preparadas para asegurar la gobernabilidad del sistema democrático, también busca frenar la posibilidad de que una persona llegue a un alto cargo por sus relaciones familiares.
Para ello, plantea agregar un párrafo al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la finalidad de establecer que no podrán aspirar a los cargos de secretario, procurador general o titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo aquellos ciudadanos que tengan “parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil” con el presidente de la República.
Dicho impedimento también se extiende a personas con litigios pendientes, aquellas sentenciadas con delitos patrimoniales o aquellas que cuenten con inhabilitación de algún tipo para participar en el servicio público.
Otro punto de la iniciativa es medir el desempeño de los funcionarios, a través del diseño de perfiles que permitan establecer parámetros e indicadores para la aplicación de evaluaciones, que podrán derivar en la separación del cargo en caso de que el burócrata no cumpla con lo fijado.
“Los resultados de la evaluación serán públicos, vinculatorios y generarán la separación inmediata del cargo de aquellos servidores públicos que no cumplan los estándares mínimos establecidos”, señala la propuesta, que contempla que dicho seguimiento sea realizado por un ente externo contratado por licitación por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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