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La Fiscalía de NL imputará a Rodrigo Medina el delito de enriquecimiento ilícito

El subprocurador Anticorrupción dice que encontraron elementos suficientes para imputar al exgobernador de Nuevo León cargos por enriquecimiento ilícito.
mié 26 abril 2017 07:18 PM
Rodrigo Medina
Rodrigo Medina Fungió como gobernador de Nuevo León de 2009 a 2015.

La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León imputará al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, un nuevo delito: el de enriquecimiento ilícito.

El subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, adelantó que se encontraron elementos para imputar a Medina de la Cruz cargos por enriquecimiento ilícito , delito penalizado con hasta 14 años de prisión, según el Código Penal de Nuevo León.

“Sí vamos a presentar (cargos). No puedo adelantar nada, son carpetas de investigación que por disposición de la ley deben conservarse en secreto, y no solo por disposición de ley, por conveniencia misma del desarrollo de las investigaciones (…) Sí es por enriquecimiento ilegitimo”, dijo Canales.

El subprocurador Anticorrupción no precisó la cantidad del patrimonio de Medina por la que fue investigado, así como la fecha en la que presentarán la denuncia.

“El adelantar vísperas, pues es ponerse en zancadillas uno mismo. No hay, precisamente, por discreción, la investigación no tiene límite de tiempo, hasta que se agoten los indicios que se tienen detectados”, dijo.

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El pasado 14 de enero, la Fiscalía Anticorrupción citó a Medina para ser interrogado por enriquecimiento inexplicable de su patrimonio.

Bajo ésta carpeta de investigación también han sido citados a declarar su esposa, Gretta Salinas, y su padre, Humberto Medina Ainslie. Aunque de estos últimos, la Fiscalía no ha informado si procederán con una imputación.

Medina de la Cruz está vinculado a proceso por los delitos de peculado, daño patrimonial, y ejercicio indebido de funciones. Cada uno de ellos por otorgar incentivos superiores a la ley a la armadora coreana KIA Motors, bajo un contrato superior a los 3,600 millones de pesos.

El contrato fue anulado y renegociado por la actual administración estatal que encabeza el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

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