El gobierno de Jaime Rodríguez en NL suma 19 renuncias y 5 despidos

El 4 de octubre de 2015, tras asumir el poder en Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, prometió cimbrar a México con el primer gobierno estatal independiente en la historia de México.

Pero a sólo año y medio de eso, su administración se ha topado con numerosos baches, como la renuncia de al menos 19 personas —algunas de ellas ubicadas en cargos de primer nivel— y el despido de otras cinco, en medio de problemas y polémicas en la entidad.

La renuncia más reciente es la de Cuauhtémoc Antúnez, quien ocupaba la Secretaría de Seguridad Pública estatal. La salida de Antúnez, anunciada este miércoles, se dio a conocer apenas un mes después de la de Fernando Elizondo Barragán, quien fungía como coordinador ejecutivo de la Administración Pública y era uno de los colaboradores más cercanos de Rodríguez Calderón.

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Elizondo, exmilitante del PAN, compitió con Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2015. Sin embargo, pocos días antes de las votaciones, declinó a favor de Rodríguez Calderón y pactó colaborar en el gobierno estatal con la promesa de hacerlo más eficiente, aunque activistas creen que no cumplió con ese compromiso.

“En este periodo hubo incrementos de nómina, en gasto y en deuda, lo que deja mucho que desear a pesar de que estuvo Fernando Elizondo ahí”, dijo a Expansión el presidente de la Federación de Colonias Metropolitanas, Gilberto Marcos.

A las renuncias de Atúnez —por razones no detalladas— y de Elizondo —quien argumentó motivos personales—, se suman otras 17.

Las de más alto nivel son la de Roberto Flores, quien era procurador y renunció en febrero pasado en medio de acusaciones de nepotismo luego de que se dio a conocer que familiares suyos trabajaban en el gobierno estatal; la de Miguel Treviño, quien en febrero de 2016 salió de la jefatura de la Oficina del Gobernador por motivos personales; la de Julio César Castillo, quien dejó la Secretaría de Trabajo en noviembre de 2015 por problemas de salud, y la de Ismael Rodríguez como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Otras renuncias se han producido en subsecretarías: Edmundo Rodarte renunció a la Subsecretaría de Planeación para trabajar en el sector privado, Rogelio Benavides renunció a la Subsecretaría de Administración tras un escándalo por la compra de cobijas a sobreprecio, y Verónica Sada y Alfredo Treviño renunciaron a las subsecretarías de Energía y de Prevención y Participación Ciudadana, respectivamente, ambos por motivos personales.

Las direcciones que se han quedado sin titular son la de Administración de la Secretaría de Educación, que dejó Jaime González; la de Finanzas del DIF estatal, que dejó Argelia Salinas, y la de Parques y Vida Silvestre, que dejó Humberto Maldonado.

Salidas con reclamo

En la lista de renuncias destacan las de seis integrantes del Consejo Ciudadano de la Contraloría: Rogelio Sada, Malaquías Aguirre, Lourdes López, Paula Villalpando, Sandra Garza y Graziella Fulvi.

Al tratarse de cargos honorarios, ninguno de ellos recibía un sueldo del erario y su labor era ayudar en la vigilancia de la administración estatal.

Sin embargo, su renuncia en bloque —en septiembre de 2016— se debió a que consideraron que el gobierno de Rodríguez Calderón no hacía esfuerzos serios para combatir los casos de corrupción.

Y los despidos

Además de las 19 renuncias enlistadas, el gobierno de Nuevo León ha sufrido cinco bajas por despido.

Una fue la de Eduardo Santos González, cesado como director general del DIF estatal por no cumplir la edad requerida para el cargo. Otra fue la de Esthela Gutiérrez, a quien la administración solicitó dejar la Secretaría de Educación por carecer de la experiencia suficiente para el cargo, y una más fue la de Augusto Cruz.

Este último fue cesado como director de la Agencia Estatal de Investigaciones por no cumplir el requisito de ser abogado. No obstante, poco después se aprobó una reforma legal que le permitió volver al puesto.

Los dos despidos que cierran la lista son los de Gregoria Salazar Robles y Arturo Bernal González, quienes eran directora y subdirector del penal de Topo Chico, respectivamente, y fueron separados del cargo luego de que una riña en el lugar, registrada en febrero de 2016, derivara en la muerte de 49 personas.

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