Tras el sismo, un joven pierde a su familia y vive pleito por la indemnización

Hace casi dos semanas, el sismo que sacudió el centro y el sur de México dejó cuantiosos daños tanto humanos como materiales y, para personas como Ismael Torres Escamilla, representó perderlo prácticamente todo.

El día del siniestro, el joven de 26 años y su familia se encontraban en la iglesia del municipio poblano de Atzala, cuya cúpula resultó tan afectada por el movimiento que colapsó y cayó sobre quienes estaban presentes en el edificio.

Ismael quedó seriamente herido pero fue rescatado con vida. En cambio, su esposa y sus hijas —Manuela, Elideth y María de Jesús— murieron a causa del derrumbe, aunque la tragedia del muchacho no acaba ahí.

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Ahora, el abuelo del joven y un hombre de la comunidad sostienen un jaloneo por el destino de la indemnización que corresponde al viudo, quien actualmente está en un hospital de la capital del estado recuperándose de las heridas del derrumbe y de una operación en la columna.

Alberto Torres Lucero, abuelo de Ismael, acusa a Crescencio López, quien vivió con la familia del muchacho durante 16 años, de hacerse pasar por su padrastro para reclamar el dinero que el gobierno estatal está entregando a los deudos de quienes murieron en el sismo.

"Desde que está Ismael aquí (en el hospital), Crescencio sólo ha venido como en dos ocasiones. ¿Cómo va a ser su padrastro si no vivió con la mamá de Ismael? Vivió un tiempo con su abuela", dijo Alberto a Expansión, entrevistado afuera del centro médico.

"Yo me enteré de que él ya cobró. Me dijeron los otros que ya cobraron en el pueblo y él a mí no me ha dicho nada. Yo le pregunté y me dijo que es mentira", añadió.

Sin embargo, Crescencio tiene una versión distinta.

Cuestionado vía telefónica, si bien reconoció que no es el padrastro del joven —como lo había sostenido en diversos encuentros con la prensa—, aseguró que, por el tiempo que vivió con su familia, crió a Ismael y éste incluso lo llama "jefe".

Además, admitió haber recibido 90,000 pesos para gastos funerarios, y rechazó que se le haya dado alguna indemnización.

"Efectivamente, a mí me buscaron para la entrega de los cuerpos. El presidente y la presidenta del DIF me conocen en el pueblo, me conocen y sabían que yo era el único cercano, porque el abuelo tiene rato viviendo en Morelos. A mí me anotaron como responsable y me dieron 90,000 pesos para gastos funerarios", dijo.

El alcalde de Atzala, Alberto Ramos Morán, confirmó que Ismael y Crescencio son cercanos.

"Ellos han vivido juntos, aquí todos en el pueblo lo sabemos. Don Crescencio estuvo al tanto desde el día del sismo, incluso con lo del entierro", dijo.

Consultada sobre el asunto, la Secretaría General de Gobierno corroboró que Crescencio recibió dinero de parte del estado, aunque no detalló el monto ni si se trataba de apoyo para gastos funerarios o de la indemnización.

Previamente, las autoridades habían prometido dar alrededor de 90,000 pesos por víctima, lo que en este caso se traduciría en cerca de 270,000 pesos.

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"El gobierno hizo mal"

El día del sismo, Ismael y su familia estaban en la iglesia de Atzala para el bautizo de Elideth. Tras el siniestro, además de su esposa y sus hijas murieron sus compadres —Florencio y Susana— y sus respectivas familias.

Frente al hecho, su abuelo reclama al gobierno haber entregado la indemnización a quien no le correspondía, más aún cuando se prevé que, para su recuperación, Ismael requiera una silla ortopédica con un costo de 18,000 pesos.

"Ismael está vivo y yo creo que el gobierno hizo mal al entregar ese dinero a Crescencio. Es a mi nieto a quien le corresponde porque va a tener muchos gastos", dijo.

Al respecto, la Secretaría General de Gobierno únicamente señaló que se revisará el caso para determinar qué acciones tomar. De acuerdo con la institución, la entrega de indemnizaciones se basó en las listas de beneficiarios provistas por los alcaldes de cada localidad afectada.

Puebla fue una de las seis entidades que registraron víctimas mortales luego del sismo del 19 de septiembre. En total, en la entidad hubo 45 personas muertas, entre las que se contabilizaron 13 menores de edad.

Además, se han detectado daños en 22,000 viviendas y 250 inmuebles históricos, así como afectaciones que obligarán a demoler 35 escuelas.

En todo el país, la cifra de víctimas mortales hasta ahora asciende a 363 personas, mientras que el costo de la reconstrucción se estima en alrededor de 37,500 millones de pesos, según datos que el presidente Enrique Peña Nieto dio la semana pasada.