La falta de fiscales pone en peligro la certidumbre legal rumbo al 2018

Sin titulares en la Procuraduría General de la República (PGR) ni en sus fiscalías especializadas en delitos electorales y en combate a la corrupción, México se aproxima a unas elecciones complejas en medio de un escenario con poca certeza sobre la legalidad de la contienda, advierten especialistas consultados por Expansión.

A decir de los expertos, esto se debe a que, tras la renuncia de Raúl Cervantes a la PGR , la remoción de Santiago Nieto como fiscal electoral y los desacuerdos sobre quién debe ser el primer fiscal anticorrupción, el país se encamina hacia unos comicios en los que se renovarán más de 3,000 cargos públicos, sin contar con los funcionarios que tendrían que guiar la investigación penal y la procuración de justicia.

"Tenemos un aparato desmantelado, y este es el peor mensaje que podemos dar a estos institutos que se llaman partidos políticos, que ya se malacostumbraron a violar la ley y luego pedir perdón. Es dramática la situación (...) Creo que nuestra democracia está en juego", afirma Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

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Para Kaiser, el panorama es grave porque los titulares de las instituciones en cuestión son los que deciden qué se va a investigar, qué herramientas se van a utilizar para hacerlo y qué se va a llevar ante los jueces una vez que un expediente está integrado.

"La decisión de consignar o no consignar, y a quién, es la más importante, y esa no la toma el subordinado. Un encargado de despacho nunca toma ninguna de esas tres decisiones, porque son decisiones que tienen una carga política enorme", dice.

Cervantes renunció a la PGR el 16 de octubre y su lugar es ocupado provisionalmente por el subprocuador Alberto Elías Beltrán. Este último cesó al Nieto el día 20 —argumentando que violó el Código de Conducta de la procuraduría—, y la decisión sobre quién lo suplirá en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) recae en el Senado, donde las bancadas están confrontadas en torno a si fue correcta o no la remoción del ahora exfiscal.

En cuanto al puesto de mando en la fiscalía anticorrupción, éste permanece vacante desde la reforma político-electoral que creó esta instancia en 2014, también a raíz de los desacuerdos entre senadores de los principales partidos.

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El problema en 2018

Mientras México vive este escenario —que los especialistas describen como de debilidad institucional—, también tiene en marcha el proceso electoral que debe llevar a las elecciones del 1 de julio de 2018, en las que además de definir al próximo presidente de la República los electores renovarán ambas cámaras del Congreso y cientos de cargos locales.

Para el profesor Mauricio Merino, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la situación refleja una "contradicción peligrosa", en la que instancias autónomas creadas para "evitar las peores prácticas políticas" son sometidas por los propios actores políticos.

"Tenemos un Estado de derecho muy frágil, capturado y corrompido, y la solución no está a la vista. Lo que tenemos a la vista es el anuncio anticipado de un conflicto mayúsculo para 2018. Los partidos no van a ceder un milímetro, y la sociedad está sometida a esa dinámica de enfrentamientos para ganar puestos y ejercer presupuestos, nada más, no para imaginar una recomposición completa de la forma como nos relacionamos en el espacio público", alerta.

Por su parte, el académico de Universidad La Salle José Guadalupe Perdomo hace hincapié en que es necesario que los ciudadanos vivan y se sientan en un ambiente de legalidad, para que se animen a actuar en procesos como las elecciones del próximo año. Sin embargo —añade—, sin procurador ni fiscales se debilita aún más la certidumbre sobre que la ley será respetada y esto, a su vez, desincentiva la participación.

"No podemos hablar de que se esté cubriendo en su totalidad el concepto de legalidad si, por un lado, aparentemente tenemos una institución con toda la fuerza, pero no tenemos a la persona encargada de ejecutar las actividades que le corresponden a esa entidad pública", dice.

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La agenda de la sociedad

Para los expertos, una posible salida a esta crisis radica en que los ciudadanos cobren conciencia sobre los peligros de la situación y actúen en consecuencia.

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El académico de La Salle considera que el único poder superior a las instituciones es la sociedad civil organizada, por lo que insta a la ciudadanía, las organizaciones y los medios a tomar un papel más relevante en la vigilancia y exigencia hacia los actores públicos.

"La gran responsabilidad en los próximos meses es poner la agenda y exigir que esa agenda se convierta en cosas concretas que sean entendibles. Creo que es un momento importante para la sociedad civil organizada", agrega Kaiser.

Merino coincide con este llamado a adoptar estas vías de acción. No obstante, el académico advierte que su uso está "en pañales" frente al desencanto y la desconfianza hacia la política y la división social.

La medición 2017 del Latinobarómetro —una encuesta levantada anualmente en 18 países en torno a la valorización de la política— apunta a un declive en la región, descrito como "una democracia diabética" en la cual México se coloca en la parte más baja.

México es el país que muestra un menor apoyo a la afirmación de que "la democracia puede tener problemas pero es el mejor sistema de gobierno", con un 54% de respaldo.

Con información de José Roberto Cisneros Duarte.