El caso Fepade-Odebrecht ‘mete ruido’ al proceso hacia las elecciones de 2018

La destitución del fiscal electoral, en el contexto de una investigación que supuestamente vincula la elección presidencial de 2012 con el esquema de corrupción de la empresa Odebrecht, amenaza con contaminar el camino hacia los comicios de julio de 2018.

Legisladores del PAN, de Morena, del PRD y algunos independientes han manifestado que el despido de Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) es consecuencia de la indagatoria que inició sobre un supuesto financiamiento a campañas en México por parte de la constructora brasileña, por lo que urgen a su restitución. Estos señalamientos se ven agravados con revelaciones periodísticas que relacionan estos supuestos actos de corrupción con políticos priistas.

El gobierno federal negó que la salida de Nieto se deba a su trabajo; en cambio, aseguró que fue porque trasgredió el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República (PGR) al revelar a la prensa datos sobre los expedientes que llevaba , lo cual —según la dependencia— violentó el debido proceso y puso en riesgo la justicia en los casos.

Mientras la controversia polariza a la clase política , también resta certeza en torno a las elecciones del próximo 1 de julio, pues la Fepade —adscrita a la PGR, pero con autonomía— será la instancia encargada de investigar los abusos y las irregularidades que pudieran darse hacia los comicios, en los que se votará por más de 3,000 cargos incluyendo la presidencia.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) describió como “delicada” esta decisión y llamó a ampliar la información en torno al tema, al resaltar que el país necesita una Fepade “fortalecida, independiente y capaz de brindar certeza y confiabilidad sobre los procesos electorales”.

“La reciente destitución del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con una justificación cuando menos vaga, no abona ni construye la confianza que necesitamos en las instituciones. Por el contrario, enrarece y ensombrece un proceso electoral ya en marcha, y daña a las propias instituciones que deben de brindar certeza”, indicó en un comunicado el organismo cupular de la iniciativa privada.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) fue más, allá al tachar el despido como “un signo de grave de regresión” y “un atentado al Estado de derecho, la justicia y la democracia”. Por ello, urgió al Senado a que ejerza su facultad constitucional para objetar la destitución, lo cual tendría por efecto el regreso de Nieto al cargo.

“Sancionar a servidores públicos que han mostrado profesionalismo, ética y compromiso en la lucha contra la corrupción, encabezando investigaciones para transparentar el uso de los recursos y las prácticas en las campañas electorales, en el año previo a la elección presidencial, es muestra de un gobierno insensible a la urgencia de democracia, justicia social y equidad, que impera en la sociedad mexicana”, indicó.

Nieto fue removido el viernes por el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho en la PGR tras la renuncia de Raúl Cervantes , quien al anunciar su separación advirtió que estaba concluida la investigación de Odebrecht, que ha sido encontrada culpable de entregar sobornos millonarios a políticos de alto nivel —en una docena de países de la región— para perfilar contratos de megaobras públicas en futuros gobiernos.

Investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que Odebrecht y sus filiales transfirieron más de 3 millones de dólares a empresas fantasma presuntamente vinculadas con Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y excoordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Tanto Lozoya como el PRI y la Presidencia de la República han negado cualquier financiamiento o participación de funcionarios de Odebrecht en la campaña de Peña Nieto , al resaltar que en su momento las autoridades electorales auditaron sus fuentes de ingresos y dictaminaron la legalidad de los recursos.

null

Polarización de fondo y forma

Los partidos de oposición y del bloque encabezado por el PRI han manifestado diferencias no solo en torno al hecho, sino también sobre la manera en la que el Senado debe abordar el proceso para ejercer sus facultades y revertir o no la remoción de Nieto.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara alta —integrada por los líderes de las bancadas— aprobó este martes citar al pleno para este miércoles tanto al por ahora exfuncionario como al subprocurador Elías Beltrán, para que expongan sus argumentaciones, y posteriormente votar por cédula (en urna y no en el tablero público) la restitución del fiscal electoral o la confirmación de la decisión de la PGR.

El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, explicó que el método busca que la discusión se dé “abierta y libremente”, pero resguardando a los senadores de posibles represalias, al considerar que esta será una "de las decisiones más importantes que va a tomar el Senado".

“El voto es libre y secreto. Y podría haber represalia si se ratificara y se quedara, contra los que votaron en contra”, comentó en conferencia de prensa.

"Las senadoras y los senadores tenemos el derecho y debemos de tener esa libertad, de votar a conciencia, más allá de la línea de un partido", añadió el líder del PVEM, Carlos Puente.

La propuesta de acuerdo marca que primero escucharían a Nieto y posteriormente a Elías Beltrán, quienes tendrían que responder 10 preguntas del tricolor, ocho del PAN, seis de la fracción PT-Morena, cinco del PRD, cuatro del PVEM y una de los senadores sin grupo parlamentario, es decir, 34 cuestionamientos para cada uno de los invitados, repartidos según el tamaño de cada bancada.

Los senadores de oposición rechazaron esta dinámica y acusaron al PRI de pretender imponer su mayoría. Los grupos parlamentarios de PAN y PRD plantearon turnar el asunto a la Comisión de Justicia y después someterlo a votación abierta en el pleno, lo que fue rechazado por el PRI.

“Estamos en pleno proceso electoral y este atropello que se ha cometido requiere el tratamiento escrupuloso del Senado del a República. Por eso, nos vamos a oponer a este procedimiento que (el PRI) están sugiriendo (...) Les pedimos que reflexionen, que piensen que México ya cambió y que exige de ustedes también una conducta que esté a la altura”, dijo en el pleno el coordinador del PAN, Fernando Herrera.

Legisladores de oposición tomaron la tribuna del Senado, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, levantó la sesión y el acuerdo de la Junta de Coordinación Política no pudo votarse. Pese a este asunto no resuelto, los legisladores están citados a sesión ordinaria este miércoles a las 12:00 horas.

“¿Qué hay detrás de la investigación de Odebrecht que anunció Santiago Nieto, qué es lo que se pretende ocultar, acallar? (...) ¿Es que se quiere encubrir a Emilio Lozoya?”, cuestionó el coordinador del PRD, Luis Sánchez.