Raúl Cervantes renuncia a la PGR
Raúl Cervantes presentó este lunes su renuncia como procurador general de la República frente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
"Dado que los próximos días en la Cámara de Diputado se discutirán las nuevas iniciativas relacionadas como la Fiscalía General de la Nación a efecto de que no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita he decidido enviar al gobierno de la República y al Senado mi renuncia irrevocable a la Procuraduría General de la República a partir de este momento", dijo.
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El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Arturo Elias Beltrán, asumirá las funciones del procurador por suplencia, informó la dependencia en un comunicado.
Cervantes aseguró que en los últimos meses su figura y sus supuestas aspiraciones han sido utilizadas por políticos y diputados como un pretexto para no avanzar en la aprobación de leyes que permitan agilizar la procuración de justicia.
"Yo no tengo ninguna aspiración que no sea servir con honorabilidad en cualquier capacidad pública y privada a mí país", indicó.
Unas horas después de su renuncia, Cervantes editó su perfil en Twitter, donde ahora se presenta como abogado constitucionalista.
Cervantes ha estado en el “ojo del huracán” en la opinión pública, luego de que la oposición junto con un centenar de organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz para pedir que se eliminara el llamado "pase automático" por el que se convertiría el titular de la Fiscalía General de la República.
Los argumentos giran alrededor de que para esta nueva institución se requiere a un funcionario con independencia, no ligado ni al PRI ni al grupo político en el gobierno federal. Antes de llegar a la PGR, Cervantes era senador priista.
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Las organizaciones civiles han presentado una iniciativa ciudadana al Congreso donde se plantea una una transformación más profunda del nuevo organismo y donde se pide exigir que el aspirante no haya sido candidato, no haya ocupado un cargo de elección popular en los últimos cuatro años, ni cargos de dirección o representación en partidos.
Actualmente, en el Congreso hay nueve iniciativas que buscan modificar esta disposición. Una de ellas es la que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado a finales del año pasado. Pero además, hay otras que plantean una transformación más profunda del nuevo organismo.
La discusión fue una de las condicionantes de los partidos de oposición para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que quedó sin cabeza durante los primeros días de la nueva legislatura.
Aunque jamás se había pronunciado al respecto, Cervantes dijo en octubre de 2016, cuando ocupó el cargo de procurador, que se debía trabajar en la transición de la PGR a la FGR, para que las víctimas de delitos sean atendidas con profesionalismo, pertinencia y prontitud.
Durante su discurso en el Senado de este lunes, Cervantes dijo que durante los últimos 12 meses ha elaborado un diseño institucional para mejorar la labor de la Procuraduría.
Añadió que se han armado investigaciones y se ha vinculado a proceso a "funcionarios que se sentían intocables", como gobernadores que hicieron mal uso del erario.
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Cervantes también informó que concluyeron las investigaciones de un esquema de corrupción internacional, aunque no especificó cuál.
"La PGR ha concluido las investigaciones con respecto a una de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto: el complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego de tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales", explicó el procurador, quien agradeció la ayuda de sus pares en el extranjero.
El hasta ahora procurador exhortó a los legisladores, tanto senadores como diputados, a trabajar de manera rápida en el rediseño de las instituciones de procuración de justicia, como la Fiscalía General.
"Espero que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República tengan altura de miras y aprueben a la brevedad las leyes que aseguren una fiscalía y procuradurías y fiscalías en los estados eficaces y autónomas e independientes y con una arquitectura institucional homologada diseñada para garantizar justicia a todos los mexicanos".
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