La ASF detecta irregularidades por 496.8 mdp en créditos de Banobras a estados
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el cumplimiento de 45 proyectos para los que seis estados pidieron financiamiento al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). El monto de estas anomalías asciende a 496.8 millones de pesos e involucra a Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.
En su revisión de la Cuenta Pública de 2016, el órgano fiscalizador auditó una muestra de 26 créditos equivalentes a 20,155 millones de pesos al cierre del año pasado (una cantidad que representa 8.3% del rubro "Créditos con Entidades Gubernamentales").
Tras ese proceso, encontró que 268.9 millones de pesos corresponden a dinero que Banobras entregó a los gobiernos estatales, sin que éstos aportaran la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, o incluso, sin que ejecutaran la obra que tenían planeada.
El estado con el mayor monto en irregularidades de este tipo es Chihuahua, con 133.4 millones de pesos relativos a siete proyectos, entre los que se incluyen trabajos para la construcción de la avenida Independencia.
A la entidad del norte de México, que hasta octubre de 2016 estuvo gobernada por el priista César Duarte, le siguen el Edomex y Veracruz, con 47.2 millones de pesos cada uno.
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En el caso de Chiapas, la auditoría financiera y de cumplimiento 16-2-06G1C-02-0093 encontró que no se realizó un proyecto de infraestructura por 26 millones de pesos, para el que incluso se otorgó un anticipo de 7.6 millones de pesos sin que el constructor hiciera trabajo alguno.
Además, la entidad gobernada por Manuel Velasco, del PVEM, tuvo un gasto de 1.3 millones de pesos no comprobado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La lista de estados con este tipo de irregularidades la cierra Sinaloa, donde no se comprobaron erogaciones por 13.6 millones de pesos, correspondientes a cinco proyectos para los que Banobras concedió fondos.
¿Y cómo se pagó...?
El resto de las irregularidades detectadas por la Auditoría asciende a 227.8 millones de pesos, y corresponde al pago de proyectos que los estados cubrieron con dinero ajeno al del banco, pese a que le habían solicitado financiamiento y éste se transfirió.
La situación más graves es la de Quintana Roo, que gobernaba el entonces priista Roberto Borge —hoy expulsado del tricolor y en espera de ser extraditado de Panamá para enfrentar un proceso penal por presuntos actos de corrupción—, donde se hicieron pagos por 159.2 millones de pesos para 20 proyectos.
En el caso de esta entidad del Caribe, la ASF hizo una recomendación a Banobras, para que determine acciones administrativas y legales por la aplicación irregular de esos fondos.
Dentro de esta categoría siguen Chihuahua y Sinaloa, con montos de 64.3 y 4.2 millones de pesos, respectivamente.
La advertencia
Las anomalías detectadas en la Cuenta Pública de 2016 derivaron en siete observaciones que generaron 11 recomendaciones por parte de la Auditoría, que además emitió un oficio para solicitar la intervención de la instancia de control competente.
Desde las cuentas públicas de 2012 y 2015, el órgano fiscalizador había alertado a Banobras que debía incorporar mecanismos para verificar directamente la aplicación de los recursos de los créditos otorgados al gobierno federal, a los estados y a los municipios, con el objetivo de ver que se destinen a los proyectos de inversión autorizados.
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En 2015 se observó que había obras sin realizarse, inconclusas o sin documentación comprobatoria, en créditos otorgados a Chiapas y a Veracruz, gobernados por Manuel Velasco y Javier Duarte, respectivamente. Hoy, Velasco está a poco más de un año de concluir su mandato, mientras que Duarte fue expulsado del PRI y encara procesos penales por presuntos actos de corrupción.
La Auditoría señala que Banobras, institución encargada de impulsar la inversión en infraestructura y servicios, así como el fortalecimiento financiero del Estado, ya implementó una acción de mejora para este año, aunque ésta solamente tiene carácter optativo.
El órgano concluye que el banco "cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados".
