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El gobierno federal es acusado de desviar casi 8,000 mdp entre 2013-2014

Un informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad detalla una red de corrupción en la que participaron 8 universidades, 11 dependencias y más de 50 funcionarios.

El Gobierno mexicano habría desviado cerca de 8,000 millones de pesos entre el 2013 y el 2014 a través de 128 empresas que no debían recibir recursos públicos por no tener infraestructura ni estar legalmente establecidas, de acuerdo con un informe dado a conocer este lunes .

La investigación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y el medio digital Animal Político se realizó tras la revisión de las cuentas públicas de 11 dependencias de Gobierno, incluyendo la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Banco Nacional de Obras (Banobras) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

" La Estafa Maestra ", como se denominó en el informe al desvío, "se hizo entregando 7,670 millones de pesos en contratos ilegales. En la medida habrían "participado 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios", según el reportaje de MCCI.

"La información presentada se refiere a resultados públicos de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2013 y 2014, emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) (...) En algunos casos, la ASF incluso presentó denuncias penales, mismas que están en curso”, dijo la Secretaría de la Función Pública tras la publicación del reportaje.

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El comunicado de la Función Pública detalla que a raíz de las irregularidades descubiertas, se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa contra 10 servidores públicos, además de que se investiga a otros 40 funcionarios federales relacionados con estas observaciones.

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El informe de MCCI señala como responsables de algunos de estos desvíos a dependencias como Sedesol durante la gestión de Rosario Robles, quien actualmente es secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Otra institución que habría participado en el desvío sería Banobras durante la administración del entonces representante Alfredo del Mazo, quien actualmente es gobernador electo del Estado de México.

"Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3,433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas", sostuvo el informe de MCCI.

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El trabajo periodístico encontró que algunos de los contratos eran triangulados a través de universidades públicas, que a su vez hacen contratos con otras empresas. “Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de ‘comisión’, aunque no hayan dado ningún servicio”, según el reportaje.

Las escuelas mencionadas son la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma del estado de Morelos, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco y la Universidad Tecnológica de Tabasco.

“En cuanto a las instituciones de educación superior mencionadas en el reportaje, corresponde a sus propios órganos internos de control, auditar, investigar y, en su caso, sancionar”, dijo la Función Pública en su comunicado.

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En su momento la ASF, que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, reportó que esos contratos eran ilegales, de acuerdo al reportaje.

“Es un claro acto de corrupción (...) Tiene las características de un fraude (...) Lo que sí es claro es que es una desviación de recursos, ese es el modus operandi. Ni siquiera se prestaron los servicios o no se entregaron los bienes”, dijo el auditor Juan Manuel Portal en un video mostrado por el reportaje de MCCI y Animal Político.

El auditor afirmó que existe una “premura y desaseo” en la forma como se manejaron algunos de los contratos, lo que demuestra un “mecanismo no solo para el desvío sino para la desaparición de recursos públicos”.

Tras darse a conocer el informe, la ASF dijo en un comunicado que en su momento notificó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de acciones para atender y solventar estas y otras observaciones.

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(Con información de Reuters)

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