ONG piden a diputados fijar criterios claros para elegir al nuevo auditor
Los aspirantes a dirigir la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inician entrevistas con diputados este sábado, como parte del proceso para elegir al nuevo responsable del principal órgano fiscalizador del país. Sin embargo, organizaciones civiles especializadas en rendición de cuentas advierten que hasta ahora se desconoce cuáles son los criterios que los legisladores considerarán para tomar su decisión.
Justine Dupuy, directora de Fundar, explicó a Expansión que en el acuerdo que publicó la Cámara baja para definir las comparecencias no se detalla qué criterio o metodología se seguirá para seleccionar la terna que será sometida a votación en el pleno.
"No tenemos claro cómo lo van a hacer y hasta dónde van a rendir cuentas", dijo Dupuy, y señaló que, si bien hay disposición de los diputados para abrir el proceso a la ciudadanía, esa participación debe ser más sustantiva.
"Hay apertura (al diálogo con las ONG), pero en cuanto a los temas fundamentales, que son la metodología bajo la cual van a evaluar, no existe", comentó.
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Representantes de Fundar, junto con los de otras 14 agrupaciones, se reunieron esta semana con la Comisión de Vigilancia de la ASF, ante la que presentaron una herramienta técnica con criterios para evaluar a los candidatos, así como recomendaciones para que los legisladores fundamenten su decisión.
"En el instrumento técnico de evaluación, lo que estamos intentando es que las entrevistas se lleven a cabo con los criterios lo más objetivos posible, y que la selección se lleve a cabo incluso con numeral, con calificación si es posible", dijo Sofía Ramírez, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Dupuy argumentó que este ejercicio se ha utilizado en otros nombramientos, como los del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y cumple con estándares internacionales.
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La investigadora también enfatizó que muchos de los 41 aspirantes inscritos cumplen con los requisitos legales, por lo que es importante definir qué criterios se seguirán para descartar y, de esa manera, optar por las personas más capaces.
Uno de los puntos que piden las ONG es que los diputados incluyan en las entrevistas una urna con preguntas de la sociedad civil, aunque los especialistas no recibieron "una respuesta muy clara" por parte de los legisladores", dijo Dupuy.
El perfil
En cuanto al perfil que debe tener el próximo auditor, las organizaciones plantean que, además de exigir a los aspirantes los requisitos que establece la ley, se revise la capacidad de cada uno, su solidez académica, cuáles son sus propuestas frente a los retos de la ASF, cuáles son sus ideas en cuanto a innovación, si tienen experiencia en combate a la corrupción y administración pública, o si tienen conflictos de interés.
Ramírez subrayó que otro aspecto clave es asegurar su independencia.
"Tiene que estar claro que quien llegue a ser el auditor no va a responder a intereses políticos de terceros bajo ninguna circunstancia", dijo.
La investigadora de MCCI agregó que, como un tema innovador, las organizaciones piden que los aspirantes aclaren sus actividades empresariales, de consultoría o de relación con empresas o patrocinios, y no solamente si han sido o no dirigentes de partido.
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Ricardo Luévano, oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, propuso a los legisladores que soliciten a todos los aspirantes su declaración 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de conflicto de interés).
Durante la reunión con las ONG, el diputado Luis Maldonado, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, dijo que algunas de estas recomendaciones no caen en el ámbito del órgano legislativo, pues, por ejemplo, la ley sólo marca como requisito que los interesados no hayan ocupado cargos de elección popular o en áreas de finanzas.
"Tenemos que cuidar el rigor de la legislación", señaló el perredista.
Al respecto, Ramírez consideró que la ley le da mucho margen de maniobra al Poder Legislativo, pues la Ley de Fiscalización marca que todos aquellos aspectos que no estén identificados en la legislación los puede definir la Comisión de Vigilancia.
"(Pero) es un terreno pantanoso, porque si ellos no quieren acceder, siempre pueden apegarse a eso, cuando la ley les está dando una suficiencia legal para que ellos puedan definir este tipo de pormenores", dijo.
