Inseguridad y crisis económica marcan el primer año de Yunes en Veracruz

Miguel Ángel Yunes Linares cumplió el 1 diciembre su primer año al frente del gobierno de Veracruz, con un saldo en el que destacan objetivos incumplidos en combate a la inseguridad y crecimiento económico, lentos avances en salud y el peso de la ‘herencia’ de su antecesor, Javier Duarte.

En seguridad pública, el mandatario que fue postulado por una alianza PAN-PRD no pudo cumplir una de sus principales promesas. En junio de 2016, poco después de ganar la elección de gobernador, aseguró que la situación de la entidad en esta materia mejoraría durante sus primeros 180 días en el cargo.

“Recuperar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas será una de nuestras prioridades. En seis meses se advertirá un cambio radical en las condiciones de las familias veracruzanas”, dijo Yunes entonces.

Sin embargo, tanto las cifras oficiales como los crímenes que han atraído la atención pública muestran que hasta ahora no ha logrado responder a una de las más fuertes demandas por parte de los ciudadanos.

En el rubro de homicidio doloso, los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican que de diciembre de 2016 a octubre de 2017 —último corte disponible— en Veracruz hubo 1,514 denuncias por este crimen. En contraste, de diciembre de 2015 a octubre de 2016 se registraron 1,053.

nullLo anterior significa que en estos primeros meses del gobierno de Yunes se contabilizaron 43.77% más homicidios dolosos respecto del periodo comparable anterior.

También se registran alzas en otros delitos de alto impacto social. Según el SNSP, desde que inició el sexenio de Yunes hasta octubre pasado hubo 8,286 denuncias por robo con violencia, 163 por secuestro y 213 por violación.

Además, organizaciones civiles como colectivo Solecito estiman que la cifra de desaparecidos en Veracruz asciende a 23,000 personas, y casos como el hallazgo de 269 cráneos en más de 139 fosas clandestinas y el asesinato de la fiscal de delitos sexuales Yendi Guadalupe Torres Castellanos han encendido alarmas a nivel local y nacional.

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Reclamos

La violencia en Veracruz —que cada año representa un costo de 12,800 pesos por habitante, según estimaciones del Instituto para la Economía y la Paz basadas en lo que en promedio gasta una familia cuando sufre un asesinato o cuando debe acudir ante las autoridades judiciales— le ha valido duros reclamos al gobernador.

Uno de ellos vino del diputado de Morena Amado Cruz Malpica, quien desde el Congreso local recientemente criticó a Yunes por su promesa incumplida en este ámbito.

“A pesar de haber sostenido en campaña electoral que recuperaría la seguridad y tranquilidad para los veracruzanos en un plazo de seis meses (...) hay incapacidad de su gobierno para brindar una seguridad pública mínima, esto a pesar de que usted afirmó tener, y ahora cito, ‘la experiencia suficiente para lograrlo y mano dura para actuar en contra de los delincuentes’. Nos negamos a imaginar cómo estaríamos de no tenerla”, le espetó el legislador el pasado 30 de noviembre, durante la comparecencia que el mandatario sostuvo por su primer año de gestión.

Sumado a lo anterior, especialistas como el abogado Fidel Ordóñez acusan negligencia en la Fiscalía General encabezada por Jorge Winckler, funcionario cercano a Yunes.

Frente a las críticas, si bien el gobernador reconoce que existen problemas de inseguridad, atribuye la situación al contexto nacional en este terreno y pide que también se dé mérito a lo que considera logros obtenidos a lo largo de su gestión.

Entre ellos, menciona detenciones de presuntos delincuentes, desmantelamiento de grupos de secuestradores y el arresto de funcionarios de primer nivel de la administración de Javier Duarte, quien actualmente está preso en la Ciudad de México en espera de un proceso federal por presuntos actos de corrupción, y también encara acusaciones en el ámbito local.

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Sin crecimiento

En lo económico, Veracruz también enfrenta un panorama difícil. Por ejemplo, en 2016 el estado se convirtió en uno de los cinco con mayor deuda pública, la cual oficialmente asciende a 87,000 millones de pesos. Sin embargo, analistas del equipo de Yunes estiman en realidad es de más de 120,000 millones de pesos.

La administración estatal reconoce el problema y afirma que uno de sus logros ha sido reestructurar la cobertura de los pasivos, con lo que consiguió reducir el pago anual de 6,000 millones de pesos a 4,000 millones de pesos.

A pesar de esto, organizaciones como México ¿cómo vamos? calculan que el crecimiento de la entidad es menor a 1% y que la pobreza laboral —es decir, cuando el ingreso de un hogar es insuficiente para satisfacer las necesidades de sus integrantes— alcanza 56.6%.

En su favor, Yunes aseguró en su informe de gobierno que durante su administración se han creado 7,640 empleos, que si bien son insuficientes para la entidad, representan un fin a la tendencia de años previos en los que se perdieron plazas.

Sobre los adeudos a proveedores que datan del sexenio de Javier Duarte (2010-2016), el gobernador afirma que su gestión está analizando a las empresas que reclaman pagos, pues sostiene en que muchas de ellas son compañías fachada.

“Las primeras revisiones que se hicieron a este listado de acreedores arrojaron que dentro del mismo había empresas fantasma y personas físicas a las que realmente no se les adeuda nada y, aun así, querían cobrar”, dijo el mandatario en una reunión con empresarios.

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Salud a paso lento

En servicios de salud, otra demanda de los veracruzanos, el secretario del ramo, Arturo Irán Suárez, reconoció ante el Congreso local que los avances en este ámbito han sido insuficientes.

Frente a los legisladores, el funcionario atribuyó la situación a que el estado tiene presupuesto reducido, por lo que sólo se ha mejorado 9.3% del total de la infraestructura, que consta de 847 centros de salud y 49 hospitales.

En cuanto al abasto de medicamentos, se registra un alza de 20% a 85%, y sobre el equipamiento de las instalaciones de hospitalidad y regionales, persisten las carencias.

La nota positiva en este campo es el progreso en la construcción del centro hospitalario del municipio de Soledad Atzompa, que corresponde a una de las regiones más pobres del estado, en la sierra de Zongolica.

Democracia con claroscuros

En lo político, el trabajo de Yunes genera opiniones encontradas.

Para el partido Morena, el mandatario ha logrado que el Congreso trabaje en su favor —gracias a los diputados del PAN, del PRD y de otras fuerzas—, en vez de que éste funja como un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo.

“Lo que vemos aquí (es que) se ha convertido en un grupo yunista, al servicio y obediente del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Ha aumentado su número de diputados en cinco más, de los que originalmente estaba compuesta la bancada, violentando el mandato popular, que fue equilibrar el Congreso”, dijo a Expansión la legisladora Daniela Griego, quien representa al distrito de Xalapa.

La oposición morenista ve en esta maniobra un intento por lograr la aprobación de leyes y otras medidas sin necesidad de diálogo.

En contraste, la consejera electoral local Eva Barrientos considera que sí se han registrado avances en materia de funcionamiento de la democracia local, en comparación con las condiciones que prevalecían en el sexenio de Javier Duarte.

“El ejemplo más claro es que en el proceso pasado, iniciado en la anterior administración, no se ministraba dinero al OPLE (instituto electoral), y tuvimos que promover un juicio en la Sala Superior (...) Ahora nos dedicamos a trabajar en el proceso, como órgano autónomo y con los recursos presupuestados que llegaron puntualmente sin preocuparnos por ir a demandar”, dijo Barrientos también en entrevista.

Sin embargo, la propia consejera reconoce que el estado enfrenta numerosos retos, como el de garantizar que haya condiciones de seguridad para las elecciones del próximo año, cuando se votará para elegir al relevo de Yunes y, a nivel federal, por el futuro presidente de la República, por senadores y por diputados.

“No somos ajenos a esta situación tan lamentable de violencia que existe, (esto) nos genera tener un compromiso más grande, porque sabemos que uno de los objetivos es crear condiciones para que se lleven a cabo elecciones de forma pacífica. Nos compromete a no generar más violencia y generar condiciones para que las elecciones sean apegadas a derecho, que llegue realmente quien votó la mayoría”, dijo.

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