La oposición presenta recurso contra la Ley de Seguridad Interior ante la Corte
Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Morena presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los legisladores de oposición reunieron 188 firmas, como lo cual cumplieron el requisito de reunir una tercer parte de la Cámara de Diputados, de acuerdo con un comunicado del órgano legislativo.
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La ley, promulgada en diciembre de 2017, está plagada de violaciones constitucionales en varios temas, dicen los diputados: Por ejemplo, la ley invade la competencia de los estados y municipios en las obligaciones que deben cumplir.
También señalaron la ausencia de facultades del Ejecutivo federal para emitir la Declaratoria de Protección de la Seguridad Interior, sin que exista una petición expresa por parte de las entidades federativas.
La ley viola, dicen, el principio de máxima publicidad debido a la reserva de toda la información que se genere con motivo de la aplicación de esta ley.
null“Consideramos un grave error y un abuso de las mayorías en las cámaras de Diputados y de Senadores, haber aprobado la Ley de Seguridad Interior sin haber escuchado todas las voces que señalaron con oportunidad sus elementos inconstitucionales e inconvencionales”, indicaron los diputados de acuerdo con el comunicado.
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Los diputados dijeron que ahora la SCJN tendrá que determinar si el conjunto de la ley y específicamente 28 de sus 34 artículos son válidos constitucionalmente, además de ser consistentes con el control de convencionalidad, al estar en conflicto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
“Estaremos pendientes de la resolución que emita la máxima instancia de justicia del país y no dejaremos de insistir en que esta Ley de Seguridad Interior está lejos de ser la que el país necesita”, concluyeron.
La Corte ya admitió el lunes para su estudio u na controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior presentada por la alcaldía de Cholula, Puebla, por violentar su autonomía.