Cholula acusa represalias por controversia vs Ley de Seguridad Interior
Al menos 12 militares que desde agosto de 2015 realizaban labores de vigilancia en San Pedro Cholula fueron retirados el jueves, informó el alcalde de ese municipio poblano, José Juan Espinosa Torres, quien calificó la medida como una represalia por la controversia promovida contra la Ley de Seguridad Interior.
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“Por supuesto que es una reacción. Las tres o cuatro acciones que están emprendiendo (la Secretaría de la Defensa Nacional) son precisamente después de que promovimos la controversia constitucional. Es muy claro que carecen de tacto político para saber diferenciar entre una relación institucional y un derecho en materia jurídica”, dijo en entrevista con Expansión.
El alcalde declaró que el ayuntamiento busca más policías municipales para cubrir el vacío que dejaron los militares en la zona, pues teme que haya un alza en los delitos del fuero federal.
Espinosa Torres afirmó que también fue cancelado un concierto de la orquesta sinfónica de la Defensa Nacional programada para este domingo 21 de enero.
Aseguró también que la XXV Zona Militar se negó a entregarle al secretario general del ayuntamiento, Ignacio Molina, 1,000 cartillas militares para repartirlas entre jóvenes.
Además, informó que personal de esa base inició el viernes una auditoría a dicha dependencia con el fin de descartar irregularidades con esos documentos.
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“No sabemos si ellos directamente van a convocar a los jóvenes o cómo les van a notificar a los jóvenes que formaron parte del sorteo y que en sus momento ya cumplieron con los trámites administrativos”, indicó.
En la ley está previsto que los municipios coadyuvan en el proceso administrativo para que los jóvenes de 18 años realicen su servicio militar.
Expansión buscó una versión en la XXV Zona Militar que se ubica en Puebla, pero no hubo respuesta inmediata.
Solicita audiencia con Cienfuegos
Espinosa Torres dijo no ha tenido una respuesta al porqué de las acciones denunciadas, por lo que el 18 de enero envío una solicitud al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, en donde le solicita una reunión con el fin de exigir una explicación, además de poder plantear las razones de la controversia constitucional.
El decreto por el que entró en vigor la Ley de Seguridad Interior fue publicado el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, y el municipio actor demanda su inconstitucionalidad por considerar que "violenta de manera flagrante su autonomía".
Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Morena también presentaron una acción de inconstitucionalidad.
El 15 de enero el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 4/2018 que presentó San Pedro Cholula, el cual fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
La ley fue votada por el Partido del Revolucionario Institucional en medio de reclamos de organizaciones civiles y de organismos internacionales que advierten una potencial militarización del país.
Entre los críticos están el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Al promulgar la ley, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se abstendrá de emitir una declaratoria de seguridad, contemplada en la legislación, hasta que la Suprema Corte determine su constitucionalidad.
La ley busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno federal de lanzar a finales de 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas.
Con información de AFP
