¡Aguas, alcaldes! La Suprema Corte de Justicia suma destituciones por desacato
Desobedecer una sentencia del Poder Judicial le puede costar muy caro a un servidor público, y no estamos hablando de dinero.
De agosto pasado a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado la separación del cargo de cuatro presidentes municipales, integrantes del cabildo y un delegado por haber incumplido con diversos amparos en materia de laudos laborales, indemnizaciones a empresas y devolución de impuestos.
Los casos han alcanzado a autoridades municipales de Morelos, Puebla y Tabasco —estados donde se ordenó separar del cargo a alcaldes, regidores y otros funcionarios—, mientras que en la Ciudad de México se ordenó por primera vez la destitución de un jefe delegacional.
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A continuación te contamos quién, por qué y qué sigue en los procesos contra estas autoridades:
Demandas laborales
Paraíso, Tabasco. El incumplimiento de una sentencia de amparo a favor de 23 extrabajadores del ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, motivó la destitución el lunes pasado del alcalde perredista Bernardo Barradas Ruiz , los regidores del municipio y dos funcionarios, quienes además serán consignados ante un juez. Los exempleados exigían el pago de entre uno y 13 millones de pesos para cada uno; sin embargo, la administración municipal únicamente entregó el equivalente al 1.8% del adeudo.
Coacalco, Edomex. El alcalde priista, Erwin Castelán, fue destituido este martes junto con 13 regidores del municipio, por haber incumplido con una sentencia de amparo emitida el 3 de abril de 2013, derivada de un proceso laboral iniciado por un trabajador que acusó despido injustificado. Las autoridades determinaron que el ayuntamiento debía cubrir el pago de salarios caídos, prima vacacional y aguinaldo, lo que no ocurrió a lo largo de dos trienios, por lo que la resolución alcanzó también al exalcalde David Sánchez Isidoro, quien deberá ser consignado ante un juez.
Venustiano Carranza, CDMX. En noviembre del año pasado, fue la primera vez que una sentencia de este tipo alcanzó a un jefe delegacional. El perredista Israel Moreno Rivera fue separado de su cargo por no cumplir con un amparo que ordenaba la reinstalación de dos extrabajadores en sus puestos, así como el pago de salarios caídos y otras prestaciones desde hace tres años. La resolución de la Corte también alcanzó al diputado Manuel Ballesteros, quien fungía como jefe delegacional cuando salió la sentencia.
Otras deudas
Emiliano Zapata, Morelos. El incumplimiento en la devolución de impuestos sobre la adquisición de un inmueble por 14,675 pesos a una persona del municipio derivó en agosto del año pasado en la destitución del alcalde perredista Carlos Martínez Varela y la tesorera municipal Liliana García. De acuerdo con el fallo de la Corte, en diversas ocasiones se había hecho el requerimiento a las autoridades para que realizaran el pago al ciudadano afectado, pero éste nunca se cumplió.
Tlacotepec, Puebla. El alcalde Pablo Pérez Macera y nueve integrantes del cabildo fueron destituidos por el desacato de una orden promovida para que el municipio pagara 967,397 pesos a una mujer, cuyo inmueble había sido afectado por una obra del municipio.
Los que se salvaron
Cuauhtémoc, CDMX. El delegado Ricardo Monreal estuvo en la cuerda floja en noviembre del año pasado por incumplir una sentencia en materia laboral. La Corte analizaba su separación del cargo por el incumplimiento en el pago de 2.3 millones de pesos a una mujer que fue despedida en 2003. A pocos días de que la Corte tomara la decisión, el morenista acató la sentencia y realizó el pago, con lo cual libró la destitución.
Gustavo A. Madero, CDMX. El no haber acatado una sentencia del Tribunal Contencioso y Administrativo que ordenaba la nulidad de una visita de verificación en una construcción ubicada en la demarcación puso al borde de la destitución al delegado perredista Víctor Hugo Lobo, quien dio cumplimiento a la sentencia a unas horas de que la Corte ordenó su separación del cargo.
¿Qué sigue?
Además de su destitución, en todos los casos la Corte determinó consignar a los señalados ante un juez para que sean procesados en términos de la Ley de Amparo que impone penas de cinco a 10 años de prisión, así como destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por un periodo de cinco a 10 años por el delito de desacato.
