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México cae cuatro lugares en índice mundial sobre Estado de derecho

El país se ubicó este año en la posición 92 de 113 naciones evaluadas por el World Justice Project. Los rubros con peores números fueron los de justicia penal y civil y ausencia de corrupción.
A los entes reguladores se les puede otorgar el poder de subdividir empresas, propone el BM. (Foto: Getty Images)
¿Justicia para todos? Expertos nacionales e internacionales advierten que México debe superar obstáculos para garantizar que todos sus ciudadanos tengan acceso a la justicia.

El índice World Justice Project (WJP), que mide cómo funciona el Estado de derecho, no tiene buenas noticias para México este año: los números más recientes de esta herramienta mundial muestran que, respecto del año pasado, el país cayó del puesto 88 al 92 de entre 113 naciones evaluadas.

Uno de los hallazgos es que, en materia de justicia penal —en el que se analizó si las investigaciones son efectivas, si las cárceles cumplen con su propósito de sanción y reinserción social, y si se respeta el debido proceso—, México salió con sus peores cifras. En contraste, en el rubro de gobierno abierto —que evaluó el derecho a la información y la participación ciudadana— obtuvo mejores resultados.

¿Qué es y qué mide el índice?

Para elaborar el WJP, sus responsables preguntan a ciudadanos y expertos cómo viven el Estado de derecho en su vida cotidiana, midiendo aspectos como percepción de inseguridad, nivel de corrupción o efectividad de los sistemas de justicia.

Ve: La sociedad civil, clave para un sólido Estado de derecho

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Leslie Solís, investigadora del WJP, señala que, como el Estado de derecho es un concepto difícil de entender, lo mejor es dividirlo en ocho dimensiones. Éstas son:

1. Límites al poder gubernamental
2. Ausencia de corrupción
3. Gobierno abierto
4. Derechos fundamentales
5. Orden y seguridad
6. Cumplimiento regulatorio
7. Justicia civil
8. Justicia penal

De acuerdo con el índice, México está entre los países con una adherencia débil al Estado de derecho. En comparación con otras naciones latinoamericanas, sólo está por arriba de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela, que ocupa el último lugar del ranking.

Entre los países con mejores resultados se encuentran Dinamarca —que se situó en el lugar número uno—, Noruega y Finlandia. De América Latina, únicamente Uruguay alcanza la parte más alta de la tabla, al ubicarse en el puesto 22, incluso por encima de España.

Layda Negrete, investigadora del WPJ, explica que, aunque México ocupa una de las posiciones más bajas a nivel mundial y en comparación con sus pares económicos, hay algunos claroscuros que deben tomarse en cuenta.

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"Hay gobierno abierto, (ahí) sale bien evaluado, pero al mismo tiempo está rezagado en ausencia de corrupción, es algo que pasa en el tema de justicia penal, hay más debido proceso, pero no hay mejores policías y mejores fiscalías", dice en entrevista.

¿Para qué sirve el WPJ?

Las investigadoras coinciden que todos los datos ayudan a saber en dónde se tiene que poner atención, a buscar áreas de oportunidad y a detectar cuáles son los aspectos más urgentes e importantes de atender, para concentrar ahí las fuerzas.

"Es como una boleta de calificaciones donde se puede ver cuáles son las principales fortalezas y debilidades de cada país, para que podamos tener debates de política pública mucho más profundos", dice Solís.

¿Dónde 'apretar tuercas'?

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Para Negrete, el Estado de derecho es algo que se puede mejorar, ya que se construye entre ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y gobierno. Por ello, señala algunas opciones que pueden empezar a discutirse en México.

Ve: México sube en competitividad, pero no en Estado de derecho

Una de ellas es incorporar métodos científicos en la investigación del crimen, con herramientas estadísticas que permitan ubicar dónde ocurren los delitos y con qué frecuencia, así como identificar los puntos rojos y sus respectivos contextos.

Negrete también señala oportunidades para elaborar reglas más transparentes en el proceso judicial y que éstas sean públicas, así como para fortalecer a las policías, las procuradurías y los sistemas de justicia en conjunto.

"Ese es el rezago que hay que atender", afirma la investigadora.

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