3 claves para que funcione el capítulo de anticorrupción del TLCAN
La inclusión de un capítulo anticorrupción en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no solucionará por sí solo este problema en México. Sin embargo, las consideraciones que estipularon los socios comerciales no serán suficientes para resolver ese problema, si en México no se refuerzan políticas para evitar la corrupción, refiere el abogado Luis Pérez de Acha.
El sábado pasado, en la sexta ronda para modernizar el TLCAN, los negociadores cerraron el capítulo de anticorrupción , que incluye la tipificación de diversos delitos que quedaron pendientes, y regula aspectos críticos como la integridad de gobiernos y funcionarios, refirió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en un comunicado.
Además, se estipulan la responsabilidad de las empresas en este tema y los mecanismos de colaboración en materia anticorrupción entre los estados, detalló la Coparmex.
Este capítulo, propuesto por México está redactado en un nivel más alto que las propias disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en ingles), dijo hoy Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, en conferencia de prensa al término de la sexta ronda.
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Estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), refieren que los actos de corrupción en el país tienen un costo al año del 10% del PIB .
Para hacer frente a este problema, México necesita reforzar, al menos, tres factores, de acuerdo con el abogado Peréz de Acha, quien es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.
1.- Transparentar y cumplir con la contabilidad gubernamental. El manejo de los recursos de los gobiernos estatales, municipales y el federal, y de organismos autónomos de manera transparente es vital para evitar el desvío de dinero por conceptos como licitaciones a empresas privadas.
“Aunque tenemos una Ley General de Contabilidad Gubernamental, se tiene un rezago importante, lo que implica opacidad en el manejo de los recursos públicos, y sospechas del uso de recursos”, dijo Pérez de Acha.
Para ello debe establecerse la obligación a los entes públicos de contar y proporcionar Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), que amparen los pagos efectuados a trabajadores y proveedores de bienes y servicios, añadió.
2.- Aprobación y mejoramiento de la Ley General de Archivos. En diciembre pasado, el pleno del Senado aprobó la iniciativa de proyecto de Decreto por el que se expide esta Ley, por lo que está pendiente su aprobación en la Cámara de Diputados.
Gustavo de Hoyos consideró que es urgente la aprobación y discusión de esta Ley, una vez que inicie el periodo ordinario en Diputados en febrero, tras el objetivo de “soportar la eficacia del Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción”.
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Desde la perspectiva del presidente de la Coparmex, antes de aprobarse esta Ley se deben discutir y hacer dos cambios sustanciales a este proyecto de Ley.
El primero es que se implemente que las sesiones del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Archivos sean públicas.
Además debe mejorarse la parte sobre el tema presupuestario para que funcione este Sistema, pues “el texto aprobado (en senadores) es omiso en el mandato para que los estados y el gobierno federal provean recursos económicos a los sistemas de archivos locales y federal”, expresó De Hoyos en un mensaje a medios.
3.- Menos tramitología. Pese a ser atractivo para las inversiones, por su cercanía con el mercado más grande del mundo, además de bajos costos por mano de obra, en México se requiere de un marco legal que facilite los trámites para abrir nuevos negocios e incentivar así la inversión, comentó Rogelio González, presidente del Consejo directivo del Instituto de Estudios Superiores en Comercio Internacional y Metrología.
En México, el principal factor que incentiva actos de corrupción entre compañías y gobiernos, es el pago para agilizar trámites, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
México descendió de la posición 49 a la 47, en el Ranking Doing Business 2018, que realiza el Banco Mundial, mismo que mide la facilidad para hacer negocios entre 190 economías.
