Tribunal ordena comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa
Un tribunal federal con sede en Tamaulipas ordenó reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa con la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia, pues concluyó que la investigación de la Procuraduría General de la República sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito también fallaron a favor de requerir al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.
nullEl tribunal determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura, según un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal emitido este lunes.
Los hechos ocurrieron la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando personas armadas (civiles y policías) agredieron a los normalistas que había secuestrado cinco camiones de pasajeros, dejando como saldo seis personas muertas, al menos 40 heridos y 43 desaparecidos.
De acuerdo con la "verdad histórica" difundida por las autoridades federales, los normalistas fueron incinerados en el basurero de Huitzuco por integrantes del grupo delictivo Los Rojos, cerca de Iguala, sin embargo, dicha versión fue rechazada por los familiares de las víctimas, quienes han continuado exigiendo justicia a las autoridades mexicanas.
La determinación de crear una comisión de la verdad derivó de graves violaciones a los derechos humanos -como la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales- y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, y a que México no cuenta con una fiscalía independiente, de acuerdo con el comunicado.
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La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación a seguir y las pruebas a desahogar.
Además podrán validar la incorporación de más organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales e internacionales.
