Comisiones en el Senado endurecen sanción para quienes emitan facturas falsas

Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos aprobaron modificaciones al Código Fiscal para aumentar la pena de cárcel de tres a seis años a quien expida facturas falsas.
Pérdidas. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estima que 2 billones de pesos no ingresan al erario a causa de la expedición de facturas falsas.

CIUDAD DE MÉXICO- Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron modificaciones al artículo 113 del Código Fiscal de la Federación para aumentar la pena de tres a seis años de prisión a quien expida facturas falsas.

Con esta reforma al Código Fiscal de la Federación se duplicarán los años en prisión para quien expida comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

"Mediante el aumento de penas de prisión, se pretende desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes", dijo la Cámara de Senadores en un comunicado.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estima que 2 billones de pesos no ingresan al erario a causa de la expedición de facturas falsas, monto equivalente al 70% de la recaudación prevista para 2018.

En la misma sesión, el Senado también aprobó una reforma a la Ley General de Planeación, a fin de que a partir del próximo gobierno se incremente una visión estratégica para el desarrollo a largo plazo en el país con un horizonte de 30 años.

La Agenda Estratégica Nacional será un documento para definir la visión del país con perspectiva de largo plazo, el cual determinará objetivos, estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr las condiciones esperadas de desarrollo integral del país y calidad de vida de sus ciudadanos.

Este documento formará parte del Plan Nacional de Desarrollo, sin que interfiera en los lineamientos, ni políticas públicas.

Hacienda tendrá como coadyuvante técnico fijo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y organismos públicos, privados, académicos y ciudadanos para el cumplimiento de las atribuciones en materia de programas y presupuesto a entidades y dependencias de la administración federal.