OPINIÓN: Cambios que hacen incomparable la pobreza en México
Nota del editor: Rodolfo de la Torre es director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y profesor afiliado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Maestro en Economía por la Universidad de Oxford, ha sido Coordinador de la Oficina de Investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y miembro del Comité Técnico de Medición de la Pobreza, que antecedió al Coneval. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
(Expansión) — Cuando el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) hizo públicas las cifras del ingreso de los hogares el pasado viernes, que con sorpresa no son comparables con las anteriores, desató un problema que rebasa con mucho lo técnico.
La dificultad radica en que ahora cualquiera, por descuido o mala fe, puede proponer que ha habido una dramática caída en la pobreza, la cual sería sólo imaginaria. El ingreso de los hogares que menos tienen en 2015 parece ser 33% superior a lo registrado en 2014, pero esto ocurre por un cambio en el operativo de levantamiento de la información que se mezcla indistinguiblemente con un cambio en la realidad.
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Ya hay una controversia entre el INEGI y el órgano que mide la pobreza, el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval), respecto a por qué llegamos al punto de tener cifras que harán que los cálculos de pobreza sean estrictamente incomparable. El diálogo entre ellas está en curso, pero hasta que no rinda frutos hay algo más importante e inmediato que hacer.
Mientras se debate qué institución tiene la razón y qué procedimientos seguir para abordar el problema, las autoridades gubernamentales deben abstenerse de difundir supuestos avances sociales basados en la información cuestionada o permitir que esto suceda. Desinformar o tolerar la desinformación agravará la falta de credibilidad que se está generando en datos clave para conocer los problemas de bienestar del país, plantear políticas publicas adecuadas y evaluar la pertinencia de estas últimas.
Un ejemplo patente del mal uso de los datos ocurre en el caso de los avances en materia de desigualdad en el estado de Puebla. Con las cifras disponibles, no es posible saber si esta entidad federativa avanzó 23 lugares en desigualdad social, como se ha difundido en distintas notas periodísticas. Una de las primeras bajas en la comparabilidad en la información de ingresos son los cálculos del cambio en su desigualdad, pues las mejoras a la información fueron selectivas. Se captó mejor el ingreso de los más pobres, sin hacerse lo correspondiente con el resto de la población, con lo que las distancias entre estos grupos se acortaron artificialmente.
Si hay algo en lo que coinciden el INEGI y el Coneval es que la información del ingreso de los hogares de 2015 es incomparable con cifras anteriores. En consecuencia, decir que hay progresos bajo esas circunstancias habla mal de las capacidades técnicas de quien maneja o promueve estas cifras, por decir lo menos. Es claro que tampoco podrá afirmarse que la pobreza aumentó a nivel nacional o en tal o cual sitio. Hablar de retrocesos o fracasos en política social a partir de los nuevos datos del INEGI, será igual de improcedente.
Los datos que el INEGI ha difundido son un insumo clave para que el Coneval mida la pobreza del país, a lo que está obligado legalmente, debiendo asegurar la comparabilidad de sus cálculos en el tiempo. Es por ello que la primera institución debe estar muy bien coordinada con la segunda.
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Al respecto, el INEGI está obligado a probar que se apegó al reglamento de la Ley General de Desarrollo Social y honró un acuerdo de colaboración con el CONEVAL que indican que los cambios en los instrumentos de captación de datos deben ser consultados con esta última institución.
El Coneval, que ha reclamado enfáticamente lo sorpresivo de los cambios, debe precisar hasta que punto existirá una pérdida irreversible de comparabilidad de las medidas de la pobreza respecto al pasado.
nullAsí, hasta nuevo aviso del INEGI y del Coneval, deberá haber entre los actores políticos involucrados un “voto de silencio” en materia de comparaciones de ingreso que hará que “calladitos se vean más bonitos”.
