OPINIÓN: Los efectos mínimos de las campañas sobrerreguladas en México
Nota del editor: Luis Estrada es Socio-Director General de Spin Taller de Comunicación Política. Síguelo en su cuenta de Twitter @luisestrada_ . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.
(Expansión) – Las elecciones de gobernador en el Estado de México nuevamente han atraído la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública por diversas razones, incluyendo no solo la acostumbrada referencia de ser la elección previa más importante a la elección presidencial sino, especialmente, en esta ocasión por ser la entidad de la que fue gobernador el Presidente Enrique Peña.
Así, la elección en el Estado de México de 2017 equivaldría a un referéndum de último momento, que proyectaría el impacto de la evaluación del desempeño del presidente en el voto por los candidatos de su partido político en las elecciones presidenciales de 2018, concurrentes con las del Senado y la Cámara de Diputados, además de otras gubernaturas estatales y alcaldías.
OPINIÓN: ¿Qué debemos preguntarnos a la hora de evaluar candidatos?
Las largas campañas electorales en México, financiadas en su mayor parte con recursos públicos y prerrogativas en medios de comunicación, permiten que los candidatos disputen por varios meses (años, en algunos casos) los puestos de elección popular. No obstante, la estricta regulación electoral castiga actos anticipados de campaña, por lo que los políticos se dedican a permanecer latentemente en los medios de comunicación solo para que sus nombres sean recordados por los entrevistados en las encuestas.
Una vez que las campañas empiezan, el reconocimiento del nombre pesa tanto que, sumado a 1) la sobrerregulación que prohíbe el contraste de las propuestas en spots de televisión y radio; 2) a la prohibición de expresiones que difamen o calumnien a los candidatos en los debates, y 3) a la ausencia de ideología en las propuestas, aquellos candidatos que cuentan con un nombre reconocido previo al proceso electoral tienen una ventaja difícil de remontar durante las campañas.
La evidencia que muestra que las campañas refuerzan las predisposiciones y preferencias de los electores se presentó por primera vez en la primera mitad del siglo XX, argumentando que quienes simpatizan con un partido político (votantes partidistas) difícilmente podrán modificar su preferencia debido a las campañas: para los votantes partidistas la campaña de su candidato será la mejor, los debates los ganará su candidato y las mejores propuestas serán las de su candidato, lo que implicaba que las campañas solo producían “efectos mínimos” en la modificación de las preferencias de los electores.
En México, la sobrerregulación minimiza, aún más, el posible efecto de las campañas al impedir que los candidatos realmente debatan, que las campañas claramente propongan y que los electores fácilmente distingan y decidan.
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Los candidatos en México argumentan que el margen de maniobra para modificar las tendencias durante las campañas se encuentra en los amplios porcentajes de votantes independientes e indecisos que reportan las encuestas. La proporción de votantes independientes (quienes no simpatizan con algún partido político) ha permanecido alrededor de un tercio del electorado en los últimos 25 años, lo que representaría una oportunidad de triunfo para los candidatos si solo logran convencer y movilizar al electorado “volátil”.
Sin embargo, lo que no reconocen los candidatos y sus equipos es que es sumamente difícil y costoso convencerlos y movilizarlos con la regulación y formatos de las campañas existentes. La evidencia de la estabilidad de las preferencias durante las campañas de Coahuila, Estado de México y Nayarit demuestra que, a pesar de que el costo de las campañas es exacerbado, los efectos son mínimos porque la regulación es excesiva.
nullEn una votación cerrada, los electores independientes podrían definir una elección, aunque no todos cuenten con los mismos recursos y estímulos para ir a votar: por una parte, los independientes sofisticados –que son quienes no simpatizan con algún partido político pero siguen la política de cerca (quizá por eso mismo no prefieren a ninguno)– les interesan las campañas y cuentan con más probabilidades de votar; por otra parte, los independientes no sofisticados –que son quienes no simpatizan con algún partido político pues no están interesados en la política– no se interesan en las campañas y cuentan con menos probabilidades de votar.
Usualmente en las encuestas, los independientes se dividen a la mitad entre sofisticados y no sofisticados, por lo que el candidato que cuente con el respaldo de los independientes sofisticados tiene una ventaja. Más aún, los indecisos, quienes a unos días de las elecciones todavía no definen por qué candidato votarían, representan menos del 5% del electorado, además de que muy probablemente no acudan a las urnas.
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En 1996, un año antes de la primera elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el PAN tenía la ventaja en las encuestas. Cuando los candidatos fueron nominados, el panista Carlos Castillo Peraza cayó al tercer lugar y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas subió al primer lugar para obtener una contundente victoria.
Durante los meses de campaña de 1997, las tendencias no se modificaron. En el sistema electoral crecientemente regulado de 2017, 20 años después de aquella elección del Distrito Federal, el nombramiento de los candidatos a nivel estatal sigue siendo el factor más importante para conocer quién ganará.
Es momento de que las leyes electorales permitan que los candidatos efectivamente debatan, propongan y contrasten sus propuestas para que los electores puedan contar con la información necesaria para elegir a sus representantes.
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