OPINIÓN: Los costos ocultos de las nuevas leyes inmigratorias de EU

Nota del editor: Danny Cevallos es analista de temas legales para CNN y abogado practicante en daños personales, condena injusta y defensa penal en Pensilvania, Nueva York y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en los bufetes Cevallos & Wong en Filadelfia y Edelman & Edelman en Nueva York. Síguelo en Twitter @CevallosLaw . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.

(CNN) — La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó dos iniciativas de ley, Ningún Santuario para Delincuentes y Ley Kate, que forman parte de los estrictos cambios inmigratorios que el presidente Donald Trump prometió durante su campaña.

Una de ellas exige que los estados ayuden a hacer cumplir los estrictos controles de inmigración y la otra castiga el reingreso al territorio de personas convictas y deportadas, incrementando las penas de prisión. Juntas, estas leyes buscan cumplir las políticas federales de inmigración, imponiendo duras penas a estados y convictos indocumentados por igual.

Pero la verdadera cuestión es si podemos pagar sus costos, tanto en términos constitucionales como financieros.

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La Ley de Ningún Santuario para Delincuentes crea obligaciones, exige que las ciudades colaboren con las detenciones de inmigración. Los estados que se resistan no recibirán fondos federales, incluyendo aquellos bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad; el programa Cops on the Beat, bajo la Ley Ómnibus de Control del Crimen y Seguridad en las Calles de 1968; el programa de asistencia Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant Program; o cualquier otra subvención administrada por el Departamento de Justicia o el Departamento de Seguridad Nacional destinada a la observancia de la ley, el terrorismo, la seguridad nacional, la inmigración o la naturalización. La medida contra las ciudades santuario fue aprobada con una votación de 228 contra 195.

El gobierno federal, a través del Congreso, tiene ciertamente la autoridad para formular reglas para admitir o expulsar a no ciudadanos. Los estados y las ciudades no establecen las políticas de inmigración. Por lo tanto, podría parecer que esta ley está claramente dentro de las competencias del gobierno federal.

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Pero la décima enmienda de la Constitución prohíbe al gobierno federal obligar a los estados individuales a administrar o hacer cumplir un programa regulatorio federal.

El gobierno federal no siempre tiene que obligar a los estados a hacer algo que quiere que hagan, a veces el Congreso puede usar un incentivo en lugar de un castigo. Se llama capacidad de gasto. El Congreso puede condicionar el dinero federal que reciben los estados.

Imaginemos la siguiente conversación: "Oye Luisiana, soy el gobierno federal. No te digo que tengas que aumentar la edad para beber de 18 a 21 años. Pero para que lo sepas, solo estamos dando tropecientos dólares en fondos de autopistas federales a los buenos estados con edades mínimas para beber alcohol de 21 años".

Es una historia verdadera. Luisiana terminó cediendo y elevó la edad para beber alcohol.

Sin embargo, incluso el poder de los incentivos económicos del Congreso tiene límites, de acuerdo con la Corte Suprema. Uno de ellos es que el incentivo financiero no puede ser coercitivo. El Congreso excede su autoridad cuando el estímulo económico se convierte en coacción. Tiene sentido: la legislación sobre el gasto no debe socavar la independencia de los estados.

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En el caso de los estados y sus edades mínimas para el consumo de alcohol, la Corte Suprema afirmó en 1987 que mientras el Congreso solo redujera un pequeño porcentaje de los fondos federales, no constituía una “coerción” inconstitucional.

La Ley de Ningún Santuario para Delincuentes amenaza con quitar dinero federal destinado a las fuerzas del orden, y de acuerdo con el lenguaje del proyecto de ley, hace que los estados no sean elegibles para "cualquier fondo" o "cualquier subvención... relacionadas con los órganos del orden público, la seguridad nacional". Eso podría ser bastante coercitivo para cualquier estado que tiene problemas de delincuencia... es decir, todos ellos.

La segunda ley, la llamada Ley de Kate, lleva el nombre de una joven asesinada hace dos años en San Francisco por un inmigrante indocumentado que había sido deportado en cinco ocasiones. En 2015, Juan Francisco López-Sánchez, que tenía siete condenas previas por delitos graves, disparó al azar y mató a Kate Steinle, de 31 años, mientras caminaba por un muelle con su padre.

La ley aumentaría las penas, incluyendo el encarcelamiento, para los inmigrantes indocumentados que ingresan repetidamente a Estados Unidos de manera ilegal después de ser deportados, especialmente si tienen antecedentes penales. La Ley de Kate fue aprobada por 257-167.

Antes de promulgarla, tenemos que hacernos una pregunta: ¿Tiene sentido castigar a la gente por no permanecer fuera de nuestro país manteniéndolos dentro de nuestro país? ¿Y quiere Estados Unidos pagar los años adicionales de cárcel de las personas que podrían ser devueltas a sus países de origen? El costo promedio de reclusión por preso federal en 2015 fue de 31,977.65 dólares (87.61 dólares al día).

Esto no significa que debamos expulsar a todos los no ciudadanos condenados por un crimen en lugar de imponerles una pena de prisión. La encarcelación es un castigo tanto para ciudadanos como para indocumentados. Pero se vuelve extraña cuando el delito que se castiga es el reingreso ilegal, y el castigo es mantenerlos en el país al que entraron ilegalmente.

Además, si aumentamos la pena máxima, estamos decidiendo pagar más por albergar, alimentar y atender a más presos federales. Si somos realistas, pocos indocumentados condenados intentan volver al país después de ser deportados. E incluso si algunos lo hacen, no es del todo probable que cometan homicidio.

Hay ciertamente varios argumentos válidos que apoyan la Ley de Kate. Si encierras a alguien en una prisión federal, no puede victimizar a más personas, mientras que una persona deportada puede regresar a Estados Unidos y cometer más crímenes. En otras palabras, un ilegal encarcelado no representa una amenaza para personas inocentes como Kate Steinle.

Pero el proyecto de ley podría ser costoso, y la pregunta sigue siendo: ¿el potencial beneficio en términos de seguridad compensa el precio?

Si realmente promueve la seguridad, entonces tal vez el gran costo de la Ley de Kate valga la pena.

Puede que las mentes razonables difieran respecto a si la Ley de Kate resultaría efectiva. El aumento de las penas es una característica común de la nueva legislación penal federal. Pero la Ley de Ningún Santuario para Delincuentes parece violar los principios fundamentales del federalismo, aunque de alguna manera supere los inevitables escollos en los tribunales.

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