Y con toda la polémica... ¿sabes qué son las ciudades santuario?

Estas ciudades, que no permiten que las personas sean detenidas por su estatus migratorio, enfrentan la presión del gobierno de Trump, quien busca recortarles fondos.
Policía local en Texas podrá cuestionar el estatus migratorio de las personas
(CNN) -

A finales de abril un juez federal bloqueó el decreto de Donald Trump de enero pasado para detener el dinero federal de “la subvención de los estados santuario y las ciudades que albergan a los inmigrantes ilegales", dijo la Casa Blanca. En otras palabras, cortarles el financiamiento a las llamadas ciudades santuario.

Este lunes 8 de mayo, Greg Abbott, gobernador de Texas, firmó una ley en contra de las ciudades santuario, la cual establece sanciones penales y civiles para las entidades del gobierno local y la policía que no cumplan con las leyes de inmigración y las solicitudes de detención. Además, autoriza a que la policía cuestione el estatus migratorio de las personas detenidas.

¿Qué es una ciudad santuario?

Ciudad santuario es un término amplio para las jurisdicciones territoriales que tienen políticas diseñadas para limitar la cooperación o la participación en las acciones federales de aplicación de la ley de inmigración. Las ciudades, los condados y algunos estados tienen una serie de políticas informales, así como leyes reales que los califican como ‘santuario’.

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La mayoría de las políticas se centran en no cooperar con la aplicación de la ley federal en las políticas de inmigración. Muchas de las ciudades más grandes de EU tienen diferentes versiones de esas políticas.

En 2015, más de 200 jurisdicciones estatales y locales no cumplieron con las solicitudes de Inmigración y Aduanas para detener a individuos, según dijo Sarah Saldaña, directora del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en testimonio ante el Congreso, y un subgrupo de esas jurisdicciones se negó a dar acceso a sus cárceles y prisiones a ICE.

De acuerdo al Centro de Estudios de Inmigración, un grupo que aboga por restringir la inmigración y se opone a las políticas de santuarios, aproximadamente 300 jurisdicciones de este tipo, rechazaron más de 17,000 solicitudes de detención entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de septiembre de 2015.

La idea de las ciudades santuario parece haber surgido en iglesias de los años 80, las cuales proveían refugio a los centroamericanos que huían de la violencia en casa, en medio de la renuencia del gobierno federal a concederles el estatus de refugiado. Se hicieron populares en lugares más diversos para contrarrestar lo que los funcionarios veían como políticas de inmigración federales excesivas, particularmente contra los detenidos por crímenes menores y no violentos.

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¿Cómo funciona?

No hay una definición única para una ciudad santuario.

Por ejemplo, el Departamento de Policía de Los Ángeles dijo después de las elecciones de noviembre que continuaría la política de no permitir que la policía detenga a las personas únicamente para determinar su estatus migratorio, según el diario Los Angeles Times.

"San Francisco es una ciudad santuario y no renunciará a su compromiso de proteger los derechos de todos sus residentes", dijo el alcalde de San Francisco, Edwin Lee en enero al anunciar una expansión a un fondo de la ciudad para proveer servicios legales a la comunidad inmigrante, documentados o no.

Chicago ha creado un fondo similar, al igual que Los Ángeles y está bajo consideración en otras grandes ciudades, como Nueva York.

El alcalde de Chicago Rah Emanuel, también se refirió a la ‘Ordenanza Ciudad de Acogida’ de Chicago, como una colección de leyes similares a otras en todo el país que dejan en claro que “Chicago no ayudará a investigar el estatus de ciudadanía de las personas a menos que sea obligatorio por ley o un tribunal y no cooperará con detenciones de inmigración”.

Doce estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que permiten a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

El objetivo de la constelación de políticas informales y formales es generalmente proteger a los inmigrantes indocumentados que no estén involucrados en actividades criminales de ser detenidos o deportados.

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¿Quién se opone a estas prácticas?

Algunos conservadores se han opuesto a estas políticas durante años y han buscado leyes de inmigración más estrictas, las cuales tienen como objetivo a los inmigrantes indocumentados que viven en EU.

Trump hizo de este tema una pieza central de su campaña, al tiempo que dijo que apoyaría a una fuerza de deportación para reunir a todos los millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. Desde entonces, se ha alejado de esa posición y sus asesores dicen que la administración dará prioridad a la expulsión de criminales.

Como los principales centros urbanos tienden a ser dirigidos por políticos demócratas, que apoyan políticas de inmigración más tolerantes, muchas ciudades han estado envueltas en batallas con los líderes republicanos a nivel nacional sobre esas políticas.

ICE también dijo que esas políticas inhiben su capacidad para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Los opositores de las ciudades de santuarios también citan a menudo casos de crímenes perpetrados o supuestamente perpetrados por inmigrantes indocumentados.

¿Qué papel juega el dinero federal?

Si bien la administración probablemente no puede cortar toda la financiación federal, ya que gran parte de ella se desembolsa a través del Congreso, el presidente podría ejercer cierta presión a través de las subvenciones.

Aparte de fondos proporcionados por el Congreso, hay una serie de subvenciones administradas por agencias federales que podrían significar mucho dinero perdido para ciudades y estados.

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Uno de esos programas es el Programa de Becas de Asistencia Judicial, Edward Byrne, administrado por el Departamento de Justicia, señala Hans von Spakovsky, experto en asuntos legales y de inmigración en la fundación conservadora Heritage Foundation, que aboga por políticas como las que decretó Trump.

Ese fondo por sí solo asignó 274.9 millones de dólares en 2016, según la Oficina de Estadísticas de Justicia, y los cinco estados con más asignaciones fueron California, con 30.5 millones de dólares; Texas, con 21.4 millones de dólares; Florida, con 17.8 millones de dólares; Nueva York, con 15.6 millones de dólares; e Illinois, en 10.4 millones de dólares.

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