OPINIÓN: Las perversiones del sistema judicial venezolano

Nota del editor: José Vicente Haro es abogado, consultor, defensor de derechos humanos, profesor de la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. Obtuvo títulos de Postgrado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid; en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales adscrito al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España; así como en Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.

(CNN Español) - El sistema judicial en Venezuela está integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, los órganos de investigación penal, el sistema penitenciario, entre otros. Así lo establece el artículo 253 de la Constitución venezolana.

Ahora bien, el sistema judicial venezolano está muy lejos de ser, en la práctica, lo que, por otra parte, predica el artículo 254 de la Constitución venezolana: “El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional (…)”.

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Son miles los casos que se podrían reseñar como ejemplo de un sistema judicial caracterizado por la ausencia de autonomía e independencia y que no garantiza una justicia real y efectiva. Tal vez, el más polémico y notorio caso que ha puesto de relieve internacionalmente las graves fallas de ese Sistema, ha sido el proceso penal llevado contra el importante político opositor al régimen de Nicolás Maduro y máximo líder del Partido Voluntad Popular: Leopoldo López .

López fue procesado y condenado por supuestamente haber cometido los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños e incendio a edificación pública y bienes del Estado en grado de “determinación”, todo ello por acusación del Ministerio Público que formalmente sostuvo su supuesta culpabilidad en la comisión de tales delitos.

Sin embargo, un análisis objetivo del proceso, de las actuaciones del Ministerio Público como acusador en juicio, de la defensa presentada por el equipo de abogados de Leopoldo López y de las decisiones judiciales que lo declararon culpable en primera instancia, en segunda instancia (desestimando una apelación) y en el Tribunal Supremo de Justicia (desestimando un Recurso de Casación); reflejan claramente que Leopoldo López fue condenado por su discurso político y no por haber cometido los mencionados delitos.

nullDespués de que se anunciara la medida de casa por cárcel para López, Maduro dijo que había sido procesado por la Fiscalía General.

“Fue acusado por la fiscal Luisa Ortega, quien solicitó 30 años de cárcel. Él está procesado, penado y preso por responsabilidad de la Fiscalía General de la República. Yo jamás moví ni un dedo, porque jamás he intervenido en las decisiones del Ministerio Público. Tengo moral, carajo, para decirlo, porque yo soy un presidente de moral, de ética”, afirmó este sábado en VTV.

El discurso político de Leopoldo López en febrero de 2014, enmarcado en sus derechos humanos a la libertad de expresión, libertad de pensamiento y de manifestación, todos ellos reconocidos por la Constitución de Venezuela y por Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado venezolano; fue criminalizado políticamente, no obstante ser un discurso que buscaba promover salidas constitucionales al régimen de Nicolás Maduro para un cambio constitucional de Gobierno en el marco de la estrategia política denominada “La Salida”.

Sin embargo, Nicolás Maduro y los más relevantes integrantes de su régimen y de su Partido Político (PSUV), exigieron y promovieron su orden de captura y posterior enjuiciamiento penal y condena.

En el 2014, el Ministerio Público, haciéndose eco de tales exigencias del régimen y en medio de una notoria falta de independencia y autonomía (que también conforme al artículo 273 de la Constitución venezolana debería mantener), decidió solicitar una orden de aprehensión en contra de Leopoldo López, para luego imputarlo, acusarlo y labrar su condena en juicio.

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Los elementos más resaltantes del juicio penal contra Leopoldo López fueron no solo la marcada politización de la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público al criminalizar un discurso político que no constituyó delito, sino también, la notable violación a sus derechos humanos a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y, en general, a obtener un juicio justo e imparcial por parte del sistema judicial venezolano, como lo garantiza la Constitución venezolana en sus artículos 26, 49 y 257.

En otras palabras, el juicio y la posterior condena a Leopoldo López fueron abiertamente inconstitucionales y violatorios de sus Derechos Humanos y por ello nacional e internacionalmente es considerado un preso de conciencia.

El caso Leopoldo López puso al desnudo la gravedad del estado y situación del sistema judicial venezolano y el absoluto control que sobre el mismo ejerce el Poder Ejecutivo. También puso en el tapete una de las épocas más oscuras del Ministerio Público venezolano en la que la persecución judicial a la disidencia política por parte de esa Institución, era la regla.

nullAdemás, el caso Leopoldo López dejó en evidencia un Sistema Penitenciario en Venezuela absolutamente inhumano, según ha denunciado su familia, en el cual la tortura, los tratos crueles y degradantes son una perversa política de Estado, violando así no sólo la prohibición de ese tipo de prácticas inhumanas, establecida en el artículo 46.1 de la Constitución venezolana, sino también, en los Tratados Internacionales aprobados por la ONU y la OEA y que han sido suscritos y ratificados por Venezuela.

El gobierno de Maduro ha desestimado estas acusaciones diciendo que son falsas informaciones.

Lo que vivió Leopoldo López en la Cárcel Militar de Ramo Verde, por más de tres años y 4 meses, son una muestra de ello.

Leopoldo López sigue preso injustamente, ahora en su casa, bajo arresto domiciliario. Más allá del cambio de su centro de reclusión y de su caso, la conclusión a la que debemos llegar es que, más temprano que tarde, debe ir a juicio, paradójicamente, el propio sistema judicial venezolano y sus perversiones, en la búsqueda de su reinstitucionalización y de la justicia.

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