Nota del editor: Yair Canizalez es investigador del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC). Síguelo en su cuenta de Twitter en
. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.(Expansión) – En los últimos años en México hemos visto extradiciones de delincuentes potencialmente peligrosos, no solo para la sociedad mexicana sino a nivel mundial, e inevitablemente surgen las siguientes preguntas: ¿por qué México tiene que extraditar a estos criminales?, ¿por qué México no sanciona y castiga a estos tipos de criminales en territorio nacional?, ¿por qué se fugan de sus penales de máxima seguridad?
Sin necesidad de ser experto en materia de seguridad pública, es evidente que México tiene altos índices de corrupción en sus instituciones gubernamentales, motivo por el cual la sociedad mexicana no puede confiar en ellas debido a la operatividad de los servidores públicos corruptos e ineficaces.
En múltiples casos, dichos funcionarios lejos de ayudar a la población la perjudican, se enriquecen a través de recursos ilegales, siguiendo frases populares de corrupción como: “… el que no transa no avanza.”, o excusas como “… plomo o plata…”; entre otras que han surgido desde que la delincuencia ha aumentado desmedidamente en México.
Lo anterior suele ser un obstáculo para notar el trabajo profesional de aquellos servidores públicos que honran y respetan sus funciones para el sistema y para la sociedad, así como el esfuerzo de diferentes organizaciones que, mediante el trabajo conjunto con las autoridades, tratan de fortalecer las instituciones públicas.
Un ejemplo es el trabajo que actualmente está realizando el Observatorio Nacional Ciudadano con la Policía Federal, en la capacitación de la Cultura de la Legalidad y Estado de Derecho a instructores de la academia de esta corporación federal.
Sin embargo, pese a estos esfuerzos, México aún se percibe en el ámbito internacional como un país débil en materia de seguridad y acceso a la justicia, mientras que mantiene una imagen fuerte en el tema de corrupción. Esta apreciación no es gratuita, pues se deriva de las estadísticas que se obtienen en los resultados de nuestras instituciones de seguridad, procuración de justicia, así como centros de prevención y readaptación social.
Esto ha permitido que, ante la mirada de diversos actores, México carezca de credibilidad para poder mantener y hacer cumplir la sanción correspondiente a los criminales que han violado las leyes mexicanas y de otros países. Justamente, este se ha convertido en un incentivo para que otras naciones soliciten llevar a cabo las extradiciones de importantes delincuentes detenidos que han sido capturados por las Fuerzas Armadas, de manera independiente o en colaboración con instituciones locales de seguridad y procuración de justicia.
Existen múltiples casos de integrantes de grupos de delincuencia organizada que han sido detenidos para después entregarlos y sancionarlos a solicitud de Estados Unidos de Norteamérica, como por ejemplo: Héctor Luis Palma Salazar, alias “El Güero” Palma; Osiel Cárdenas Guillén, alias "El Señor", "El Ingeniero", "El Mata Amigos", "El Chaparro", entre otros apodos; Alberto Benjamín Arellano Félix, alias “ El Min”; Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo; Jesús Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”; Juan José Quintero Payán, alias “Don Juanjo”; Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”; Sandra Ávila Beltrán, alias “La Reina del Sur”; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias “El Coss”; y recientemente una de las extradiciones más emblemáticas a nivel mundial, la de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
Este último no solo es un personaje significativo por la extensión de la operación del grupo delincuencial del Pacífico, sino que también adquirió su fama en el ámbito internacional después de haberse fugado de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, y del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.
Es importante señalar que a partir de lo que ha sucedido en nuestro país, la extradición ha significado más que un mero acto administrativo – legal y político- que se encarga de solicitar o entregar a un posible criminal o prófugo de la justicia y que tenga que ser sancionado en otro país. Ello se debe a que se ha convertido en una especie de mecanismo a través del cual se ha podido administrar justicia en torno a hechos ilícitos que han abonado significativamente a la crisis de seguridad de nuestro país.
Cabe mencionar que México tiene sus propias leyes respecto a las extradiciones, así como también ha firmado tratados y convenios con más de 26 países para poder llevar a cabo las extradiciones, ya sea entregando criminales o solicitando que le hagan entrega de los delincuentes.
La existencia de este marco normativo específico en la materia es fundamental para que se lleven a cabo conforme a derecho. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica cubrió los requisitos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como las leyes intervinientes para solicitar a México la extradición del “Chapo” y sancionarlo en el extranjero; o la reciente solicitud de México hacia Guatemala, que a través de las instituciones y de las leyes guatemaltecas, se realizó
, exgobernador del estado de Veracruz, para ser castigado y sancionado por las leyes mexicanas.Al final, para poder realizar extradiciones, las leyes deben proteger tanto a la sociedad afectada como a los criminales, garantizando el estricto respeto a los derechos humanos de todos los intervinientes. La extradición de integrantes de grupos de la delincuencia organizada de México hacia Estados Unidos se ha constituido como el mecanismo administrativo – legal y político- que ha facilitado la colaboración entre ambas naciones para tratar de construir las condiciones necesarias de seguridad. Esto no es algo menor dado el contexto de nuestro país, pues la extradición permite que no queden impunes las acciones que realizan la delincuencia organizada y el narcotráfico.
Dadas las extradiciones de importantes miembros de la delincuencia organizada que han afectado profundamente nuestro país, es evidente que nuestras instituciones de seguridad y justicia permanecen con serias áreas de oportunidad que no han sido subsanadas pese al problema de violencia que enfrentamos.