OPINIÓN: Trump puede proteger a los 'dreamers', pero evade su responsabilidad
Nota del editor: Jeffrey Toobin es analista jurídico senior de CNN y autor del libro The Oath: The Obama White House and the Supreme Court. Síguelo en Twitter como @JeffreyToobin. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.
(CNN) — El debate sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) se reduce a una simple cuestión: ¿Qué clase de país es Estados Unidos?
El DACA es la descripción burocrática de un gran dilema estadounidense: el destino de los niños que acompañaron a sus padres cuando entraron ilegalmente al país.
Según la ley existente, antes de la implementación del DACA, estos niños estaban sujetos a deportación igual que sus padres aunque no hubieran tenido nada que ver en la decisión de cruzar la frontera; la mayoría no conoce más patria que Estados Unidos. ¿Qué habría que hacer con estos niños, a los que se ha llegado a conocer —con claras intenciones políticas— como dreamers?
En 2012, la presidencia estaba frustrada porque el Congreso no lograba resolver la cuestión de los dreamers, así que tomó medidas unilaterales para protegerlos, aunque fuera por un rato. El entonces presidente, Barack Obama, creó el programa para que los dreamers recibieran permisos , renovables cada dos años, para vivir y trabajar libremente, siempre y cuando pasaran una revisión de antecedentes. Unas 800,000 personas se inscribieron en el programa y es su destino el que está en juego en este debate.
El martes 5 de septiembre, a través de un comunicado del fiscal general, Jeff Sessions, el gobierno de Trump decidió que el DACA se cancelará dentro de seis meses, lo que supuestamente dará tiempo al Congreso para abordar el problema.
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nullTanto los opositores como los partidarios del DACA han hecho argumentaciones jurídicas dudosas sobre el programa. Muchos republicanos, entre ellos Sessions, afirman que Obama excedió sus facultades presidenciales cuando estableció el programa; sostienen que solamente el Congreso, no el presidente por su cuenta, tiene las facultades para proteger a los dreamers. Varios jueces con tendencias de derecha coincidieron y suspendieron la expansión del programa antes de que Obama dejara la presidencia.
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Por otro lado, varios demócratas afirman que el DACA es obligatorio y juraron que recurrirían a los tribunales para asegurarse de que sus protecciones sigan vigentes.
La Constitución le da al presidente facultades amplias en cuestiones inmigratorias. Como hay alrededor de 12 millones de personas sin papeles en regla en Estados Unidos, el gobierno federal no tiene los recursos para intentar deportarlos a todos. De igual forma, el gobierno tiene todo el derecho de establecer sus prioridades en cuanto a la aplicación de la ley; con el DACA, Obama simplemente declaró que dejaría a los dreamers al final de la fila de deportación. Al derogar el DACA, Donald Trump está declarando que es posible que los dreamers queden más adelante en la fila de deportación. Ambos presidentes tenían derecho de tomar estas decisiones.
La cuestión sobre el DACA es, entonces, una cuestión política, no jurídica. En otras palabras, la cuestión no es si los presidentes pueden proteger a los dreamers —cosa que pueden hacer—, sino si deberían hacerlo. Con esta decisión, el país, a través del presidente, puede definir sus valores de forma clara y significativa.
Por definición, los dreamers no representan amenaza alguna a la seguridad de los demás habitantes de Estados Unidos. Son personas que tratan de abrirse camino igual que los ciudadanos estadounidenses con los que han convivido la mayor parte de su vida.
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Los dreamers son estudiantes, soldados, empleados, e incluso padres de ciudadanos estadounidenses. No tomaron la decisión de violar las leyes de inmigración y, en la gran mayoría de los casos, no son una carga para la única patria que conocen.
A través del fiscal general, Trump dejó el destino de los dreamers en manos del Congreso y finge que no tiene facultades para protegerlos. Las tiene, pero no quiere asumir las consecuencias de tomar una decisión en uno u otro sentido. Sin embargo, dejar la decisión en manos del Congreso (que se ha mostrado renuente a abordar el tema de los dreamers), es una decisión en sí. Decidió exponer a los dreamers a un futuro incierto y probablemente desastroso. Esa decisión podría atormentar al país en las próximas décadas.
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