OPINIÓN: Entidades externas deben intervenir en la crisis catalana

Nota del editor: Gloria P. Viñolas es periodista internacional y catedrática invitada en Periodismo y Relaciones Internacionales en la Universitat Ramon Lull. Su obra ha figurado en publicaciones como El País, Forbes, y en medios de comunicación españoles. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

(CNN) — La violencia de la que fuimos testigo tras el referéndum en Cataluña , a principios de octubre, fue aterradora, pero puede y debería servir de lección al mundo sobre la importancia de defender el espíritu de la democracia y la protección de los derechos humanos.

Como una de las 17 "comunidades autónomas" o gobiernos regionales de España, Cataluña tiene facultades limitadas en cuestiones como salud y educación. Sin embargo, algunas de las cuestiones económicas y fiscales más importantes, que afectan a la infraestructura y a la seguridad, siguen en manos del gobierno español.

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Aunque los catalanes han querido entablar un diálogo sobre la distribución de poderes desde hace tiempo, el gobierno español se ha negado. Hace poco, el Tribunal Constitucional de España suspendió la ley sobre referendos de Cataluña con el argumento de que el voto a favor de la independencia solo sería legal una vez que se lleve a cabo una reforma a la Constitución española, opción que no cuenta con el respaldo de los partidos gobernantes en Madrid.

Claro que eso no impidió que se llevara a cabo la votación el domingo 1 de octubre ni evitó la violencia subsiguiente. El gobierno español, que rechaza la legitimidad del voto y el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, consideró que el referendo es ilegal y desplegó miles de policías en un intento por impedir que votaran. Según el gobierno catalán, casi 900 personas resultaron heridas cuando la policía tomó por asalto más de 300 casillas electorales.

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En vista de que es probable que el gobierno español implemente medidas coercitivas, como lo ha hecho hasta ahora, y que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció que declararía la independencia en los próximos días, es muy probable que el conflicto se intensifique. Esto podría afectar a España tanto en el frente interno como en el externo.

Si la disputa se prolonga, la confianza de los inversionistas en los mercados podría desplomarse y llevar a España a una recesión económica… otra vez. Además, la poca influencia mundial que le queda a España podría menguar aún más. Podría perder la influencia que tuvo alguna vez como mediador en conflictos en países como Colombia y Guatemala.

Según la ley de referendos de Cataluña, el Parlamento regional debe iniciar el proceso unos días después de que se anuncien los resultados oficiales. Por su parte, el gobierno español no ha descartado la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, un mecanismo extremo que podría llegar incluso a la suspensión del autogobierno catalán.

nullPara evitar que haya más violencia y más efectos en casa o en el exterior, deberían implementarse medidas inmediatas para salir de este callejón sin salida político.

Pero ¿se pueden tomar medidas pacíficas? Sí, aunque sería necesario que las instituciones españolas reconozcan y aborden la raíz de los años de descontento que llevaron a este referéndum.

Tomemos, por ejemplo, la forma en la que el gobierno español ha usado la Constitución y al poder judicial para sofocar una serie de aspiraciones políticas, económicas y culturales en Cataluña. En 2010, el Tribunal Constitucional de España anuló artículos fundamentales del estatuto de autonomía de Cataluña , que contaba con el respaldo de los Parlamentos español y catalán y que incluso se aprobó por referendo en 2006. En Cataluña, el estatuto se consideraba como el intento final de oír las quejas del pueblo y de seguir siendo parte de España.

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La Constitución actual es un símbolo de la cortesía política que permitió que España hiciera la transición de una dictadura militar de cuatro décadas a la democracia. Si Cataluña va a seguir siendo parte de España, debe redactarse un marco jurídico moderno con ese mismo espíritu: trabajar para el pueblo, no en su contra.

La nueva Constitución debería respetar la autonomía judicial y fiscal (con la que cuentan otras comunidades autónomas), así como el uso del catalán en las instituciones públicas. Sobre todo, debe ofrecer un marco jurídico que adopte la especificidad cultural y lingüística de Cataluña y que proteja a su autogobierno de las mareas políticas en otras partes de España.

Aunque este conflicto transcurre en España, los actores externos también pueden intervenir para cerrar la brecha. Los líderes catalanes pidieron a la Unión Europea que active los mecanismos preventivos y sancionadores establecidos en el artículo 7 de su tratado, que se aplican cuando los Estados miembros no respetan ni promueven los valores en los que se basa la Unión, tales como la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales y al Estado de derecho.

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A pesar de ello, la Comisión Europea manifestó que "confía en el liderazgo del primer ministro, Mariano Rajoy, para manejar este proceso difícil con absoluto respeto a la Constitución española y a los derechos fundamentales de los ciudadanos que en ella se consagran". Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió celebrar un debate sobre la crisis en Cataluña en la primera semana de octubre.

Naciones Unidas también puede intervenir. El lunes 2 de octubre, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió al gobierno español que "acepte sin demora" las solicitudes de visita de los expertos pertinentes en derechos humanos de la ONU y urgió a las autoridades españolas a garantizar que se lleven a cabo "investigaciones minuciosas, independientes e imparciales sobre todos los actos de violencia".

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Sin embargo, Naciones Unidas puede hacer más. Debería enviar un mensaje, a través de medios oficiales, a todos los actores que instigan, dictan, justifican o perpetran las violaciones a los derechos fundamentales.

También debería aconsejar a todas las partes involucradas que den prioridad a los derechos humanos, a la transparencia y a la protección de los civiles en las negociaciones políticas y en los procesos de paz.

Esperemos que nuestras instituciones (nacionales, regionales y mundiales) pasen la prueba de proteger los valores democráticos en Cataluña.

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