OPINIÓN: Las tácticas de Maduro pueden enseñarnos a defendernos de la tiranía

Nota del editor: Frida Ghitis, columnista de asuntos mundiales, fue corresponsal y productora de CNN. Colabora frecuentemente con CNN, el Washington Post y World Politics Review. Síguela en Twitter como @FridaGhitis . Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

(CNN) — Sin la más mínima ironía, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuiteó : "Que lo sepa el mundo. Son millones los que están votando de manera libre […] En Venezuela quien elige al Presidente es el Pueblo".

Obviamente el mundo sabe, igual que el pueblo venezolano, que el país dejó de ser una democracia hace mucho. Sin importar lo que Maduro diga qué pasó en las elecciones del domingo 20 de mayo, es un dictador.

En una época en la que crece la oleada de autoritarismo en el mundo, un análisis de la tragedia en Venezuela revela el eje de la usurpación del poder: el desmantelamiento del Estado de derecho. Esta fue una táctica crucial que transformó a una de las democracias más duraderas de Latinoamérica en el caso típico de colapso social y económico.

Maduro es uno de los presidentes más incompetentes. Él y sus esbirros transformaron un país rico en recursos naturales en uno de hambre generalizada, tasas de homicidios al alza e inflación desbocada. ¿Cómo pasó?

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Todos los autócratas populistas tratan de fomentar las divisiones, buscan chivos expiatorios y ponen a sus partidarios en contra de sus detractores. Sin embargo, el camino de la autocracia populista a la dictadura tiene un elemento indispensable: la toma del control del poder judicial y la politización de la administración de justicia. Una vez que el ejecutivo controla la interpretación y la aplicación de la ley, puede hacer lo que le plazca.

Venezuela es un ejemplo de cómo al politizar la ley, el régimen —que en cualquier otro sentido es incompetente— se las arregló para tomar el control del país sin necesidad de imponer el régimen militar.

No sorprende que Venezuela esté en el último lugar del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project.

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Maduro y su mentor, el difunto Hugo Chávez, habían gobernado con el apoyo de una legislatura dominada por su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Tras la muerte de Chávez, en 2013, el nada carismático Maduro asumió el poder. Las condiciones, que ya eran difíciles de por sí, empeoraron y las elecciones legislativas de diciembre de 2015 concluyeron con la victoria sorpresiva de la oposición.

Cuando la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional, toda pretensión de democracia se evaporó rápidamente. Casi de inmediato, en enero de 2016, el gobierno declaró un estado de emergencia temporal, por lo que el presidente quedó facultado para gobernar por decreto en cuestiones económicas durante 60 días.

El gobierno permitió que la oposición ganara la elección legislativa por accidente, pero tenía un control firme de los tribunales. En los meses que siguieron, la Suprema Corte, que estaba totalmente en control del partido dominante, revocó casi todas las leyes que la oposición trató de implementar.

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El presidente actual de la Suprema Corte es Maikel Moreno, un personaje profundamente polémico. La agencia noticiosa Reuters investigó sus antecedentes y encontró un informe de inteligencia de 2006, hecho a pedido de la Suprema Corte de Venezuela, que incluye su retrato para el expediente judicial y algunas denuncias penales, una de ellas por homicidio.

Sin embargo, Reuters no pudo encontrar pruebas documentales de un juicio, una sentencia o un encarcelamiento por dicha acusación. Sea cual sea la historia del magistrado presidente, el tribunal se ha vuelto un instrumento del poder político de Maduro.

Aunque la Constitución garantiza la independencia del poder judicial, la Suprema Corte, a través de la Comisión Judicial, tiene el poder de destituir a voluntad a cualquiera de los "jueces provisionales", más de la mitad de los jueces de Venezuela. Según la Comisión Internacional de Juristas , "la separación de poderes es inexistente" en Venezuela. El poder judicial se ha vuelto instrumento del presidente y su partido.

nullAsí, el tribunal emitió un fallo desconcertante un año después de que la oposición tomara el poder de la legislatura. Revocó las facultades de la Asamblea Nacional y se los adjudicó. La oposición dijo que esto era un golpe de Estado . La reacción fue tan violenta que el tribunal revirtió el fallo unos días después, pero quedó claro que no había manera de que el régimen permitiera que la oposición electa democráticamente controlara ninguno de los poderes.

Unas semanas después, el tribunal aprobó el plan de Maduro para celebrar elecciones para una nueva Asamblea Constituyente. Pese a las manifestaciones multitudinarias —en las que murieron montones de manifestantes— y a las pruebas de fraude , se creó la Asamblea. Una vez instaurada, se encargó de las labores legislativas, con lo que el régimen afianzó su control sobre los tres poderes.

Luisa Ortega, la entonces fiscal general, había sido una chavista leal. Sin embargo, criticó las tácticas evidentemente antidemocráticas del régimen. La Asamblea Constituyente la despidió rápidamente, no sin antes acabar con su reputación. Ortega escapó dramáticamente en lancha porque temía por su vida.

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Ortega se ha vuelto una de las más acérrimas detractoras del régimen. Ha acusado al régimen de Maduro de crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Afirma que las autoridades ordenaron la detención arbitraria, la tortura y el asesinato de miles de venezolanos. El gobierno venezolano no ha respondido públicamente a las acusaciones. Ortega propaga su mensaje por toda Latinoamérica, describe la corrupción y las violaciones a los derechos humanos de un gobierno para el que trabajó por más de una década.

Para el domingo de las elecciones, en Venezuela solo quedaba un atisbo de democracia. Los tribunales permitieron que Maduro inhabilitara de cargos políticos a los opositores más prominentes. La oposición no ha encontrado la manera correcta de responder, lo que ha provocado divisiones internas que hacen enfurecer a la mayoría de los venezolanos , quienes quieren a Maduro fuera del poder.

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Tras casi dos décadas de un gobierno que trabaja constantemente para enfrentar a los venezolanos, hay quienes aceptan el argumento de Maduro de que sus problemas son culpa de Estados Unidos o de la oposición. Sin embargo, la mayoría está harta. Las encuestas indican que los índices de aprobación de Maduro rondan el 25%. Pero sin democracia, el pueblo no decide quién gobierna.

Los venezolanos seguirán lidiando con hospitales sin medicamentos, tiendas sin alimentos, una economía en rápido deterioro , la inflación más alta del mundo y una de las tasas de homicidios más altas del mundo . Mientras el mundo encuentra la forma de ayudar al pueblo venezolano, estamos a tiempo de aprender de su tragedia: proteger el Estado de derecho y la independencia del poder judicial, es la prioridad en la defensa contra la tiranía.

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