OPINIÓN: Hay que conciliar la justicia con el desarrollo del sector energético
Nota del editor: Miriam Grunstein es profesora e investigadora de la Universidad Panamericana. Es académica asociada al Centro México de Rice University, coordinadora del programa de Capacitación al Gobierno Federal en materia de Hidrocarburos que imparte la Universidad de Texas en Austin y socia fundadora de Brilliant Energy Consulting. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.
(Expansión) – Hasta la cuerda más fuerte se rompe por el hilo más fino; y no hay nada más sutil que el entendimiento de la condición humana. Cada vez que indago sobre los motivos de la conducta de un individuo o de un grupo de ellos casi siempre resulta que, detrás de lo evidente, hay más, mucho más, que escapa la percepción. Incluso, a veces, es difícil conocer los motivos de nuestras propias decisiones. Cuando los economistas sostienen que, detrás de cada elección, hay un fundamento racional, presuponen que los seres humanos lo somos. Y eso es a veces dudoso.
Desde antes de la reforma energética de 2013, ya había enfrentamientos entre individuos, comunidades y empresas, en distintos contextos y por muchas razones, a veces coincidentes, otras dispares. Cuando Pemex y CFE eran los oligarcas terratenientes, con “derechos” a ocupar las propiedades de cualquiera era porque la Nación lo demandaba. En esos tiempos, el remedio más socorrido e “informal” de ambas entidades (porque llamarlas empresas sería una grosería) era “billetear” a los residentes de las propiedades que serían ocupadas.
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Por parte de los particulares, se celebraban contratos de naturaleza civil o agraria, según se tratara del tipo de terreno y de titular. En el caso de los hermanos otrora monopólicos, les funcionaba repartir dinero por vías formales e informales, que incluso podrían ser ilícitas. También había donativos e incluso cláusulas de desarrollo comunitario que han obligado a los contratistas de Pemex y CFE a llevar a cabo inversiones sociales.
Por parte de los particulares, los proyectos iban avante mediante la libre negociación directa con los individuos afectados por sus proyectos. Y, ahora, que parece podrían agudizarse los conflictos entre empresas y residentes, he escuchado a algunos empresarios decir que, si la libre negociación de adquisición de derechos sobre los terrenos marchaba tan bien ¿por qué la reforma energética incluyó cambios que han entorpecido sustancialmente las transacciones para poder hacer uso del suelo?
Algunos se han atrevido a decir que el proteccionismo excesivo a los habitantes de estas regiones acabará por frenar toda expectativa de desarrollo de la industria energética en el país. Más aún que esta pérdida de oportunidades disminuirá las posibilidades de que los grupos que pretenden proteger salgan de la indigencia. Irónicamente, el nuevo régimen que atañe a las relaciones entre comunidades, individuos y/o empresas fue una consecuencia de que dichas interacciones no eran tan lisas como algunos empresarios hoy argumentan.
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Cuando inició la reforma energética, ya estaba en plena ebullición el conflicto entre Gas Natural Fenosa y varios grupos de Juchitán que, al menos en parte, se unieron como la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) contra la construcción y puesta en operación del parque eólico Bií Hioxo, que en zapoteco quiere decir viento viejo. La historia es larga y muy compleja, y, tras mucho estire y afloje entre autoridades, empresa, comunidades e incluso ONG’s, lograron la conciliación suficiente para terminar la construcción del parque que, con años de demora ha entrado en operaciones desde 2014.
Sin embargo, hay noticias de que hay al menos seis amparos interpuestos para suspender las operaciones del parque. ¿Qué quieren los juchitecos? ¿Dinero? No parece ser la razón. En sus declaraciones, esta y otras organizaciones indígenas reclaman el derecho a un ambiente libre de ruido, molestias, al uso de sus recursos naturales, como si el viento pudiera ser patrimonio de alguien.
La empresa no mostraba tener vicios jurídicos en los títulos habilitantes, salvo la llamada “consulta previa, libre e informada,” que debe ser llevada a cabo si cualquier proyecto de infraestructura afecta una comunidad indígena. Por esta razón, esta obligación que ya vinculaba a México por ser parte del tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo, fue integrada a las leyes energéticas de la reforma para que ninguna empresa se pudiera fingir demencia por desconocer un detalle de un remoto tratado internacional.
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Buenas intenciones aparte, porque para nada es criticable en sí que las leyes protejan los derechos de los propietarios, poseedores, residentes de cualquier tipo de terrenos, es cierto que la regulación establece procesos muy tardados y onerosos de negociación y avalúo de terrenos. También, la regulación no es clara respecto de qué quiere decir que la consulta indígena debe ser “previa, libre e informada.” ¿Previa a qué? La Comisión Nacional de Hidrocarburos ha establecido que ésta debe ser hecha incluso antes de la definición de las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos.
Esto que es una manifestación de justicia también podría ser un brecha insalvable hacia el desarrollo. Hay que saber qué quiere la gente, qué gente, por qué, y los efectos de que rechacen un proyecto. Aquí no hay cabida para posturas polarizadas. Hay que conciliar la justicia con el desarrollo o la industria energética en México y en el mundo no tendrá futuro. Hay que pensar cómo lograr una aceptación de lo realmente aceptable, por tautológico que suene.
En este momento, hay contiendas jurídicas en torno a varios proyectos. Eólica del Sur, antes llamado Mareña Renovables, parecía haberla librado cuando se negoció un cambio de sitio para el parque, cambiaron de inversionistas y, junto con ellos, el nombre. Se hizo consulta, se cortaron los listones y se inauguró el proyecto. Pero, alas, cuando todo iba bien, se presentó un amparo contra el proyecto que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia en mayo de este año. ¿Cuál es la manzana de la discordia? La consulta previa, libre e informada. Y en este estado hay otros proyectos como el ducto de Ienova en una comunidad Yaqui, de la cual algunos miembros desenterraron un ducto de un millón de dólares que usan como asador de carnes.
De nuevo, la racionalidad no es evidente pero debe existir. Algo les molesta. ¿Serán centurias de privación e indigencia, discriminación? ¿Qué ha hecho la industria energética, o la misma reforma, para cambiar esta marginación deplorable? Por otra parte, ¿debe ser Ienova, o cualquier otro, la que pague por esos crímenes milenarios?
Los miembros de cualquier empresa que pretenda construir infraestructura de cualquier índole en un país donde los pobres son más tienen una tarea obligatoria: leer el libro Desarrollo con Libertad de Amartya Sen, un liberal ajeno a cualquier discurso populista. Para Sen, el desarrollo es solo un medio para expandir las libertades de los individuos que componen una sociedad. Debe haber electricidad para que la gente se ilumine con las ideas que más los haga libres. ¿Cómo hacerlo? Ese es el gran reto. Y los cambios en la regulación de la reforma energética no lo resuelve.
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