OPINIÓN: A un año del 19-S: Mucha gestión y poca acción

Nota del editor: Iván Franco es fundador y director de la consultora de inteligencia competitiva Triplethree International. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(Expansión) - Lentitud, negligencia, olvido y corrupción son las características que definen la reconstrucción en la Ciudad de México posterior al temblor del 19 de septiembre de 2017. La ayuda que se ha otorgado a los damnificados palidece ante la montaña de inconvenientes sucedidos.

Miles de escuelas, casas, edificios comerciales y departamentos -en su gran mayoría- continúan sin ser reparados o rehabilitados luego de un año del sismo. En total 7,000 edificaciones han sido dictaminadas por la autoridad local con algún tipo de riesgo o daño.

Entre ellas todavía se encuentran 1,900 colegios de educación básica en la capital mexicana. Se estima que en el lugar al menos 18 mil alumnos están tomando clases en un lugar distinto a sus escuelas originales.
A un año del temblor todo sigue prácticamente igual.

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En cuanto a las modificaciones de los reglamentos de construcción, desde diciembre del año pasado se presentaron las nuevas normas que tienden a robustecer los diseños y las estructuras de las nuevas construcciones.

Sin embargo, el problema no son las normas de construcción de la ciudad, sino el hecho de que no se respetan. Para muestra basta recordar al centro comercial Artz Pedregal, que colapsó hace unas semanas por sí mismo. Ni qué decir del Colegio Rébsamen y de muchos otros edificios que violan la altura permitida.

Comunicación confusa

En un tema tan importante y mediático es fundamental divulgar una excelente comunicación al público y más aún, a los damnificados.

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Las dos plataformas que tiene la ciudad para tal fin son sumamente confusas y profusas. En lugar de decir cuántas casas ha construido el gobierno y cuántas ha reparado, están llenas de información sobre dictámenes de las construcciones dañadas ejecutados por “expertos” contratados por las desarrolladoras inmobiliarias, lo cual genera conflictos de interés, de acuerdo con un reportaje del diario The New York Times.

La página de la comisión encargada para la reconstrucción en la CDMX contiene información irrelevante y poco concluyente sobre los avances. Hasta septiembre de 2018 todavía hay cientos de edificios dañados que apenas fueron dictaminados y esperan su demolición.

En la otra página de internet para el mismo fin, denominada Plataforma CDMX se divulgan los montos de dinero público local autorizado para las tareas de reconstrucción, tanto en 2017 como en 2018. Para este año hay un “presupuesto” de 6.85 miles de millones de pesos; sin embargo, no existe información fácilmente accesible sobre su uso. Parece solo un bonito número plasmado en una página de internet.

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Increíblemente tampoco hay datos sobre el dinero recibido (o no recibido) de parte del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ni de donativos privados.

En fin, toda la información se ha limitado a la gestión, aprobación, regulación, pero muy poco se habla de la acción. Solamente el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) da cuenta de la ayuda para rentas recibida por 2,394 personas afectadas. A esto sumemos los miles de casos de irregularidades que divulgó la prensa a este respecto.

La evidencia señala que la tarea de reconstrucción por parte del gobierno de la ciudad se ha centrado más en la organización burocrática. Fotografías de juntas de funcionarios, agendas, incisos y demás información poco accionable y ociosa para una tarea tan importante como es ayudar a las familias que aún no reciben ayuda.

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¿Por qué tanta lentitud?

Además de la poca coordinación e incentivos para trabajar entre el orden federal y local, considero que la falta de resultados tangibles se debe a que no hay un mecanismo que accione a las autoridades locales, algo que las conmine a trabajar.

La ley de reconstrucción de la ciudad decretada en diciembre del 2017 no prevé ningún medio que active los recursos, con cronogramas, presupuestos, metas de cumplimiento y reparación de daños. Es una ley estéril.

Esta ley es más un acervo de definiciones sobre temas de construcción, permisos y dictámenes, pero poco ayuda en la actividad práctica de reconstrucción.

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Todo lo que en un principio fue mercadotécnica política y promesas para la reconstrucción se quedó en el olvido. La ciudad ha sido resiliente, pero más que otra cosa, por su paciencia con la parsimonia burocrática.

Los riesgos de nuevos temblores y mayores daños siguen vigentes. El temblor ya pasó, pero un nuevo terremoto puede suceder en cualquier momento y por esta razón, aunque parezca increíble, es necesario crear una nueva ley tanto local como federal que se enfoque en la acción, una sin tanta burocracia ni información inútil.

Una ley que coordine a ambos órdenes de gobierno y que destrabe las murallas burocráticas que han impedido rescatar a la ciudad del olvido tras el sismo de hace un año.

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